La crisis en la atención en salud en el Caribe colombiano sumó un nuevo episodio judicial luego de que un juez de Barranquilla ordenara el arresto por 10 días y una multa económica contra dos directivos de la Nueva EPS por presunto desacato a fallos de tutela.
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Sin embargo, al momento de ejecutar la orden, la Policía no logró ubicarlos en sus lugares de trabajo, lo que abrió un nuevo debate sobre la capacidad de hacer cumplir las decisiones judiciales en medio del colapso operativo de una de las EPS más grandes del país.
La determinación fue emitida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Barranquilla, que encontró responsables del desacato a Eudes del Carmen Cueto Angulo, gerente regional en salud de la EPS, y a Juan Carlos Fontalvo Gamarra, su superior jerárquico y gerente regional Norte al momento de los hechos.
Por ahora, la medida está sin ejecutar. Foto:MAURICIO MORENO
Ambos habrían incumplido decisiones judiciales que ordenaban garantizar la entrega de medicamentos, la autorización de tratamientos y la prestación de servicios médicos a varios usuarios.
Según lo establecido por el despacho, la sanción contempla el arresto de diez días, que debía cumplirse en un establecimiento penitenciario de la ciudad de residencia de los funcionarios —o en el que el Inpec dispusiera— y el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo.
La Policía Metropolitana de Barranquilla llegó a la sede de la EPS para hacer efectiva la orden, pero el operativo terminó sin resultados. Según informó un asesor jurídico de la entidad, Eudes del Carmen Cueto Angulo se encontraba incapacitada, mientras que Juan Carlos Fontalvo Gamarra ya no laboraba en la regional Norte desde diciembre de 2025, debido a un traslado a la regional Centro en Bogotá.
Esta situación dejó, por ahora, la medida sin ejecutar y obligará al juzgado a evaluar los pasos siguientes o a redirigir las responsabilidades hacia los funcionarios que asumieron posteriormente los cargos.
Una sanción más en medio de un sistema colapsado
Las sanciones contra funcionarios de la Nueva EPS es apenas la punta del iceberg. Voceros de usuarios han advertido que, aunque los jueces continúan ordenando arrestos y multas, el efecto real de estas medidas es limitado frente a la dimensión del problema.
Un juez de Barranquilla dictaminó la medida. Foto:Instagram: @alcaldiabarranquilla
Esperanza Arias, representante nacional de usuarios suplente en la región norte, aseguró que las decisiones judiciales recaen sobre gerentes regionales que, en muchos casos, carecen de capacidad real para resolver la crisis estructural.
La representante señaló que miles de pacientes en el Caribe —incluyendo personas con enfermedades huérfanas, trasplantados y usuarios psiquiátricos— han enfrentado demoras críticas en la entrega de medicamentos desde hace meses, evidenciando una situación “gravísima” y un “silencio administrativo preocupante”.
El hecho de que los directivos no fueran encontrados, sumado a la alta frecuencia de fallos incumplidos, refleja un deterioro en el funcionamiento de la EPS. En un contexto más amplio, la Nueva EPS ha acumulado, en distintas regiones del país, sanciones por desacato a tutelas relacionadas con fallos de salud.
Por el momento, la orden de arresto permanece vigente, a la espera de que el juzgado determine si deberá ejecutarse una vez los funcionarios sean ubicados o si abrirá nuevos incidentes de desacato contra quienes actualmente ocupan los cargos.
La Nueva EPS ha enfrentado demoras críticas en la entrega de medicamentos desde hace meses. Foto:MAURICIO MORENO
Mientras tanto, la discusión de fondo continúa abierta sobre la responsabilidad institucional en el cumplimiento de fallos judiciales y la capacidad real del sistema para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos.
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En todo caso, el fallo contra Cueto Angulo y Fontalvo Gamarra se ha convertido en una nueva señal de alerta sobre el estado crítico de la prestación de servicios en el Caribe y en un recordatorio de que el incumplimiento reiterado de decisiones judiciales está comenzando a escalar hacia sanciones de mayor impacto.
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Conflicto en Irán. Foto:
















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