El pulso entre el Gobierno nacional y los fondos privados de pensiones (AFP) escaló el jueves a un nuevo nivel, luego de que el Ministerio de Hacienda ratificara que continuará el trámite del proyecto de decreto con el que busca trasladar a Colpensiones 25 billones de pesos del ahorro pensional de los colombianos, haciendo oídos sordos de las alertas de la Procuraduría y del Banco de la República, entre otras entidades.
Las alarmas no han dejado de sonar desde cuando el Ministerio de Trabajo dio a conocer el proyecto (25 de febrero). Así, distintos sectores han advertido al Gobierno sobre los riesgos de una medida de esta magnitud, tanto para la estabilidad del mercado como para los intereses de millones de colombianos, además de sus implicaciones jurídicas.
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El Ejecutivo dejó claro que el proyecto de decreto —que obligaría a las AFP a girar estos recursos en un plazo de apenas 15 días— seguirá su curso, incluso en medio de la controversia jurídica que ha desatado.
La insistencia del Gobierno ha encendido las alarmas en el sector financiero, en centros de estudio y entre expertos, que coinciden en que la medida no solo sería contraria a la ley, sino que podría comprometer el ahorro pensional de millones de colombianos.
El debate, además, se produce en un momento políticamente sensible. La insistencia del Gobierno por acceder a estos recursos coincide con el inicio del proceso electoral para elegir al próximo presidente, lo que ha intensificado las suspicacias sobre el trasfondo de la medida.
En el centro de la controversia están los ahorros individuales de más de 100.000 afiliados que se trasladaron de régimen pensional aprovechando la “ventana de oportunidad” creada por la reforma pensional.
Se trata de personas que están a menos de 10 años de pensionarse y que, según la Ley 2381 de 2024, pueden cambiar de régimen, pero sus recursos deben mantenerse como ahorro hasta que se cause la pensión.
Ese punto no es menor. El artículo 76 de la reforma establece que esos dineros “seguirán siendo administrados por las AFP” hasta que se consolide el derecho pensional. A esto se suma el decreto 1225 de 2024, que señala que, mientras no esté en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo —que administrará el Banco de la República—, los recursos deben permanecer en los fondos privados.
Para los expertos, ese marco normativo es claro y deja poco margen de interpretación.
En el centro de la polémica están los ahorros de más de 100.000 afiliados que cambiaron de régimen. Foto:El Tiempo / cortesía
Batalla jurídica
Desde las AFP, la reacción ha sido frontal. Asofondos advierte que, de firmarse el decreto, acudirá de inmediato a la justicia para frenarlo.
“Nos toca demandar el decreto y pedir medidas cautelares urgentes”, le dijo a EL TIEMPO Andrés Mauricio Velasco, presidente del gremio, al considerar que la orden de traslado en 15 días expone los recursos de los afiliados.
El directivo insiste en que el Gobierno está ignorando deliberadamente el marco legal. “Estos recursos tienen vocación de ahorro y la ley es clara en que deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide la pensión”.
El Gobierno ha defendido la iniciativa señalando que la permanencia de estos recursos en los fondos privados genera presión sobre las finanzas de Colpensiones, que debe asumir el pago de las pensiones de quienes ya se trasladaron.
Sin embargo, esa tesis es cuestionada por Asofondos. Según sus cálculos, Colpensiones recibe alrededor de 686.000 millones de pesos en cotizaciones de quienes aún no se han pensionado, mientras paga cerca de 443.000 millones en mesadas.
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, gremio de las AFP. Foto:Ministerio de Hacienda
“No hay un desbalance; incluso sobra”, sostienen desde el gremio, que considera que el verdadero efecto del traslado sería otro: liberar recursos del Presupuesto General de la Nación, reduciendo en el corto plazo la presión fiscal del Gobierno.
Sólida defensa
El Banco de la República ha sido contundente. En carta al Ministerio del Trabajo advirtió que el traslado anticipado de estos recursos no tiene sustento legal y excede las facultades del Gobierno.
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“El traslado anticipado de los recursos a Colpensiones no se encuentra autorizado por la ley”, sentenció el Emisor.
La advertencia va en la misma línea de analistas como Andrés Pardo Amézquita, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments y exvice ministro de Hacienda, quien plantea un escenario delicado: “Emitir este decreto podría constituir prevaricato”, al tratarse de una decisión contraria a lo que establece la ley vigente.
Desde Asofondos, el diagnóstico es similar. Su presidente, insiste en que el decreto desconoce la “vocación de ahorro” de estos recursos y rompe el diseño mismo de la reforma pensional.
Anif estima que el fondo que manejará el Banco de la República iniciaría con $ 5 billones menos. Foto:César Melgarejo / CEET
Pero más allá de la discusión legal, el Banco de la República lanzó una alerta sobre el impacto financiero de la medida.
Los recursos que se pretenden trasladar están invertidos, en su mayoría, en títulos de deuda pública (TES). Una liquidación acelerada de estos activos, en un plazo de 15 días, podría generar distorsiones en el mercado y afectar la estabilidad financiera.
El Emisor advirtió que el movimiento tendría “implicaciones no despreciables” sobre el funcionamiento de los mercados locales.
Golpe de largo aliento
El impacto no se limitaría al corto plazo. Según cálculos del centro de estudios Anif, el traslado inmediato de estos recursos debilitaría la arquitectura del nuevo sistema pensional.
El Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será administrado por el Banco de la República, arrancaría con menos capital del previsto: cerca de 5 billones de pesos menos en 2026, una brecha que podría ampliarse hasta 15,2 billones hacia 2030.
De concretarse traslado de $ 25 billones a Colpensiones, sería un alivio fiscal temporal: Anif. Foto:Colpensiones
“El sistema podría comenzar con el pie izquierdo”, advierte el centro de estudios, al señalar que se perdería una fuente clave de ahorro en los primeros años.
El resultado, según ese análisis, sería un alivio fiscal temporal, pero a costa de mayores presiones en el futuro, cuando el Estado tenga que cubrir el faltante con más impuestos, recortes o endeudamiento.
Y mientras el Gobierno mantiene su decisión, los fondos privados preparan su respuesta. En Asofondos anticipan que, una vez se expida el decreto, acudirán al Consejo de Estado para demandarlo y solicitar medidas cautelares urgentes.
El caso también está bajo la lupa de la Procuraduría, en un escenario marcado por la incertidumbre jurídica, dado que la reforma pensional sigue en revisión de la Corte Constitucional.
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