En medio de la ola del #MeToo en Colombia, una seguidilla de denuncias por acoso sexual en medios de comunicación y espacios de poder, la primera mujer defensora del Pueblo se pronunció en apoyo a las víctimas: “estamos presenciando cómo el silencio que protegió el abuso de poder y el acoso se está desplomando”.
La defensora Iris Marín enumeró hechos recientes como evidencia: el pronunciamiento de Caracol Televisión tras denuncias contra dos de sus periodistas, a quienes dio por finalizado su contrato; la carta firmada por 40 mujeres en respaldo a una colega que acusó a Hollman Morris por acoso; y el testimonio de la abogada Ana Bejarano sobre prácticas de acoso en la Corte Constitucional —que incluso tenían nombre propio, “judicantear”—. Todo esto, insiste, no se trata de casos aislados.
La carta de mujeres que denuncia presiones contra quienes acusan a Morris Foto:Archivo
“Esto no es marginal. Es estructural”. La defensora aseguró que el acoso sexual atraviesa instituciones, empresas, universidades y hasta espacios cotidianos como el transporte público o el colegio. Y se agrava cuando quien lo ejerce tiene poder político, económico, institucional o simbólico.
Las cifras respaldan esa lectura. En Colombia, seis de cada diez mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales y casi ocho de cada diez conocen casos de colegas que han pasado por lo mismo. En la mayoría de estos casos, los agresores son personas con poder dentro de los mismos entornos.
El problema, advierte la entidad, no solo se sostiene por quienes acosan, sino por el silencio que los rodea, la impunidad y la normalización. También por la respuesta institucional. “Hay responsabilidades de las entidades que no investigan, de las organizaciones que encubren o minimizan, y de una sociedad que ha aprendido a mirar para otro lado”, señala.
Marín cuestionó una de las frases más repetidas —y más problemáticas—: “¿por qué no denunciaron antes?”. Para la Defensoría, “las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren, denuncian cuando pueden”.
Denunciar implica riesgos: perder el trabajo, enfrentar represalias, no ser creídas. Implica, incluso, atravesar procesos que pueden ser revictimizantes. Por eso, muchas veces, el silencio no es consentimiento, sino supervivencia.
La entidad reconoce algunos avances: el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la necesidad de investigar estos hechos, los protocolos adoptados por la Corte Constitucional y la activación de mecanismos internos en medios de comunicación. Pero advierte que no es suficiente.
Caracol anuncia salida de los periodistas y presentadores Jorge A. Vargas y Ricardo Orrego Foto:redes sociales
El reto, dice, es pasar del discurso a las acciones: investigaciones oportunas, procesos sin revictimización y decisiones que garanticen verdad, justicia y reparación. Mientras tanto, señala que el silencio dejó de ser refugio para los agresores. Y romperlo no puede seguir teniendo un costo más alto que callar.
“Necesitamos una posición de cero tolerancia. En todos los espacios. Sin excepciones”, concluye la Defensoría.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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