Fue obligada a ejercer trabajo sexual en distintas ciudades del país, a pagar cuotas por alimentación y alojamiento, a permanecer encerrada y, además, a vender drogas. Sin embargo, cuando denunció y pidió asilo ante Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía, no encontró respuesta.
Es la historia de una mujer trans, afrodescendiente, migrante y con VIH que llegó a la Corte Constitucional a través de una tutela y que terminó en un fallo histórico. La decisión no solo reconoce la gravedad de su caso, sino que ordena a entidades del Estado garantizarle acompañamiento y asesoría para su reconocimiento como víctima de trata de personas y la protección de sus derechos.
Protesta durante la tercera audiencia pública de la lucha contra la explotación sexual. Foto:JUAN BAUTISTA DIAZ NARVAEZ / EL TIEMPO.
La Corte concluyó que “las entidades demandadas omitieron actuar de manera coordinada y con debida diligencia, lo que generó un desconocimiento de los derechos esenciales de la accionante y prolongó su situación de vulnerabilidad, en un contexto que exige comprender las particularidades de las mujeres trans migrantes solicitantes de asilo”.
En consecuencia, le ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en caso de que Tatiana regrese al país, le asigne un funcionario que la acompañe y asesore, y se garantice su inclusión efectiva como presunta víctima de trata de personas.
También dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores priorice el estudio de su solicitud de refugio, bajo un enfoque interseccional que reconozca las múltiples circunstancias que confluyen en su situación de extrema vulnerabilidad.
Protesta contra la explotación sexual en Medellín. Foto:JAIME SALDARRIAGA / AFP
Además, el Ministerio deberá avanzar en ajustes reglamentarios para fijar un término claro en la resolución de solicitudes de refugio e implementar criterios de priorización con enfoque diferencial en su trámite.
Por último, la Corte ordenó a Migración Colombia diseñar un protocolo de atención específico para personas LGBTIQ+ y para víctimas del delito de trata de personas.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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