En los contratos directos con asociaciones público-populares, la figura creada por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro –que tumbó la Corte Constitucional por ir en contra de la transparencia que debe regir la contratación pública–, el Gobierno gastó más de 31 billones de pesos.
Así lo revela un derecho de petición elevado por EL TIEMPO ante Colombia Compra Eficiente, entidad que reconoció que durante esta administración se han firmado 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos y resguardos. Estas organizaciones, en muchos casos, representan la base política y electoral del Pacto Histórico, el partido oficialista.
Respuesta de Colombia Compra Eficiente al derecho de petición Foto:Archivo
Las normas que tumbó la Corte Constitucional eran los artículos 100 y 101 del PND, aprobados en 2023, y que señalaban que: “las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria. Estos contratos se denominarán Asociaciones Público Populares y podrán celebrarse para la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios relacionados con la infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, entre otros”.
La Corte consideró que el Gobierno se extralimitó al agregar un nuevo caso para contratar ‘a dedo’, sin especificar claramente a quiénes aplicaba esa regla, es decir, la naturaleza de las Asociaciones Público Populares.
“Se consideró que el artículo demandado desconoce las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”, argumentó el alto tribunal.
A pesar de este vicio legal que tumbó la norma en el examen de la Corte, el Ejecutivo invirtió más de 25 billones de pesos en 55.434 contratos con asociaciones comunales; más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios; más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos; más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos; más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal; y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas (nombre que aparece desagregado de los cabildos).
De los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309, por 4,7 billones, aparecen como terminados. En el caso de los cabildos, apenas 165, por 137.000 millones; de los consejos comunitarios, poco más de 1.000, por cerca de 300.000 millones; de las juntas de acción comunal, 539, por 22.000 millones; de los cabildos indígenas, solo 48, por 17.000 millones; y de los resguardos, 214, por 448.000 millones.
Asociaciones como la Cámara Colombiana de Infraestructura advirtieron la inconveniencia. Foto:Cortesía URT
El grueso de los contratos permanece en estados como “celebrado”, “modificado” y en ejecución. Por esta razón, entidades como la Contraloría han alertado sobre el manejo que han dado estas organizaciones a estos billonarios recursos, que no se ven materializados en las obras públicas prometidas.
Según un informe del ente de control, Caminos para la Paz, una de las políticas que utilizó este tipo de contratación, fracasó. Hasta 2025, de los 33.000 kilómetros de vías rurales o “caminos ancestrales” prometidos por el Gobierno, solo se habían construido 2.387 kilómetros, es decir, apenas el 7 por ciento de la meta.
Estos incumplimientos ya habían sido advertidos por organizaciones como la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), que en 2023, durante la discusión del Plan de Desarrollo, hicieron públicos sus reparos.
El entonces presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, alertó que este tipo de contratación directa “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
Para la CCI, resultaba incongruente que fueran asociaciones comunales las que ejecutaran labores especializadas, en lugar de profesionales idóneos para ese propósito.
Otra de las alarmas fue sobre el ‘conejo’ a la Ley 80 o estatuto de contratación pública para contratar de forma directa, lo que abría la puerta a posibles hechos de corrupción.
Contraloría General. Foto:Edmer Tovar. ELTIEMPO
También advirtió las razones que luego llevarían a la Corte a declarar inconstitucionales esos artículos: las restricciones a la pluralidad de oferentes y la afectación a la libre competencia en los procesos de contratación.
Según el gremio, esto conduciría a la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, con el riesgo de que los recursos no alcancen y las obras queden inconclusas o con bajos estándares de calidad.
Procuraduría defendió
El 13 de mayo de 2025, el procurador general, Gregorio Eljach, remitió su concepto a la Corte y defendió esta forma de contratación al pedir que se declarara su exequibilidad. La entidad señaló que “flexibilizar la contratación para potencializar este segmento de la economía resulta razonable y proporcional, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional”.
Y agregó que la contratación directa con asociaciones público-populares, tal como estaba contemplada en los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, se encontraba debidamente regulada. “Las disposiciones demandadas permiten la contratación directa en unos casos específicos y bajo unas reglas claras en las que se debe respetar la legislación contractual (Leyes 1150 de 2007 y 80 de 1993)”, se lee en el concepto.
Sara Valentina Quevedo – Redacción Justicia
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