Se siguen conociendo reacciones a las afirmaciones hechas por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo sobre el caso de alias Calarcá.
En entrevista con el diario El Espectador, la jefa del ente acusador admitió que, tras cuatro meses de análisis técnico, la entidad logró corroborar la «gravedad y veracidad» de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a este cabececilla y sus hombres durante un operativo en Antioquia a mediados de 2024.
Según Camargo, el material probatorio vincula al cabecilla de las disidencias con delitos de alto impacto, incluyendo homicidios ordenados mientras se encontraba bajo el paraguas de las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional.
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo
Esta confirmación judicial fue el detonante para que la Fiscalía solicite formalmente la reactivación de la orden de captura contra el insurgente, argumentando que las conductas delictivas descubiertas son incompatibles con los beneficios de suspensión de órdenes de captura otorgados en el marco de la mesa de diálogo.
Reacciones desde Antioquia
Ante este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no escatimó en críticas hacia la Casa de Nariño y la propia Fiscalía.
Con un tono directo, el mandatario regional cuestionó el tiempo que le tomó a la justicia «desempolvar» las evidencias.
«¿Cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado si la Fiscalía y Petro no hubiesen dado la orden de soltar a este criminal?», sentenció Rendón, sugiriendo que solo gracias a las denuncias de medios de comunicación como Noticias Caracol se agilizó un proceso que parecía estancado desde el 23 de julio de 2024.
Rendón fue más allá y puso el foco en la política exterior, recordando que el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por ‘Calarcá’.
Para el gobernador, la situación es una señal clara de que Colombia no está cumpliendo con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico pactados con la administración estadounidense.
Gobernador de Antioquia. Foto:Gobernación de Antioquia.
«¿Por qué la Fiscal va a Palacio de Nariño a notificar sobre este tema? ¿Acaso le pide permiso a Petro para levantar una orden de captura?», cuestionó el mandatario, sembrando dudas sobre la independencia de poderes en el manejo de las figuras clave de las disidencias.
Un reclamo que viene desde antes
Esta postura del gobernador no es nueva, sino la culminación de un malestar que ya había expresado con vehemencia el pasado 20 de marzo.
En aquel entonces, Rendón denunció que el Gobierno Nacional pretendía «arrodillar al Estado» frente a estructuras criminales.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Foto:Jaiver Nieto Álvarez
Para Antioquia, el costo de estas decisiones políticas es tangible y doloroso. Rendón fue enfático en que su departamento es el que sufre directamente el accionar de la estructura de Calarcá, manifestado en homicidios, extorsión, reclutamiento forzado y la siembra de minas antipersona.
Con el arsenal probatorio finalmente reconocido por la Fiscalía, el gobernador insiste en que el silencio oficial solo puede ser interpretado como una desprotección sistemática a la población civil en favor de una paz que, a sus ojos, carece de justicia.
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