La ofensiva contra la minería ilegal en el Chocó avanza a un ritmo que ya desborda los registros recientes. En cuestión de semanas, las cifras comenzaron a escalar hasta acercarse a niveles que, en años anteriores, solo se alcanzaban al cierre de todo un periodo operativo. El dato no solo refleja intensidad en las operaciones, también evidencia la dimensión de una economía ilícita que se recompone con rapidez en el territorio, y que ha dejado graves consecuencias para el medioambiente en la región.
En los primeros meses del año, la Fuerza Pública ha intervenido cerca de 300 unidades de producción minera, una cifra que se acerca al total acumulado de 2025. El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada, sintetiza la diferencia en una línea que marca el contraste operativo: “Hemos hecho un buen trabajo. En destrucción este año hemos destruido más, casi el triple de minería que el año pasado, en todo el año”.
El salto en los resultados se sostiene en una intervención concentrada en corredores estratégicos del departamento. Municipios como Quibdó, Carmen de Atrato, Río Quito, Chintadó, Yuto y Unión Panamericana han sido escenario de operaciones en las que se han destruido dragas, excavadoras, motores y otros equipos utilizados en la extracción ilegal. En ese despliegue, la coordinación entre Ejército, Fuerza Aeroespacial, Armada y Policía ha sido el eje de las acciones en terreno.
Maquinaria amarilla decomisada. Foto:Cortesía
Las afectaciones no se limitan a la maquinaria. El impacto ambiental se extiende por varias cuencas hidrográficas que atraviesan el departamento. “Se sabe que no solo el río Atrato es uno de los más afectados, también están el San Juan y el Baudó. El San Juan y el Atrato están siendo impactados fuertemente por los temas de mercurio. Y también en algunos casos utilizan algo de cianuro”, explicó el oficial, al referirse al uso de químicos en los procesos de extracción.
Chocó hace parte de uno de los enclaves de producción minera ilegal que también lo conforma el departamento de Caldas, en esta zona se registra injerencia del Eln y del ‘clan del Golfo’. Allí la extracción mensual se calcula en unos 548 kilogramos de oro, con un valor estimado de 89 millones de dólares. De la renta criminal proyectada, el Eln obtendría cerca de 13 millones dólares, mientras el ‘clan del Golfo’ recibiría aproximadamente 8 millones de dólares.
Operación contra la minería ilegal. Foto:Cortesía
“Acá tiene una influencia el Eln y el ‘clan del Golfo’ y la pelea de ellos en el departamento es por el oro”, señaló el general, al describir la disputa por el control de esta economía. Informes operacionales indican que estas estructuras utilizan la minería como fuente directa de financiamiento, lo que permite sostener su capacidad logística y de expansión.
La dimensión territorial del fenómeno es difícil de cuantificar con precisión. El propio comandante reconoce la complejidad del cálculo, aunque aporta una referencia visual: “no sabría cómo calcularla”, pero en registros de inteligencia “hay zonas en las que se pueden apreciar entre 40 y 60 máquinas”. Las imágenes aéreas y los videos operacionales muestran extensiones amplias de terreno intervenido, con alteraciones visibles en los cauces de los ríos y en las capas superficiales del suelo.
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavides, comandante de la Décima Quinta Brigada Foto:Cortesía
A pesar de la presión militar, la reposición de equipos ocurre en ciclos cortos. “Se les destruyen las dragas y al mes vuelven a colocar toda la cantidad de máquinas. Estamos viendo cada mes nuevamente atacar los focos que ya hemos destruido; encontramos toda la maquinaria y volvemos y la quemamos”, explicó Caicedo. Esa dinámica ha obligado a mantener operaciones recurrentes sobre los mismos puntos.
Las pérdidas económicas derivadas de cada intervención alcanzan cifras altas. Solo en una operación reciente, según el balance entregado por el oficial, se destruyeron equipos que generaban ingresos cercanos a los 22.000 millones de pesos. A nivel agregado, las operaciones han representado afectaciones superiores a los 59.000 millones en maquinaria y la interrupción de la extracción de cerca de 186.500 gramos de oro.
Redacción Justicia
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