¿Son automáticamente ciudadanos los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos? Esa es la pregunta que, a partir de este miércoles, tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en un caso que no solo pone a prueba uno de los pilares más antiguos del sistema constitucional estadounidense, sino que podría redefinir la interpretación vigente sobre cómo se adquiere y quién tiene derecho a la ciudadanía en este país.
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La controversia surge a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato, en la que sostuvo que los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas en el país de manera temporal no deberían recibir automáticamente la ciudadanía.
Según esa interpretación, al menos uno de los padres debería ser ciudadano o residente legal permanente para que el niño acceda a ese estatus.
Un debate que pone en tensión más de un siglo de precedentes legales
La propuesta, sin embargo, choca frontalmente con más de 100 años de precedentes legales basados en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1868 tras la Guerra Civil.
Su objetivo original era garantizar la ciudadanía a los esclavos liberados y sus descendientes, luego de que la Corte Suprema negara ese derecho en el caso Dred Scott vs. Sandford una década antes, en 1857.
El gobierno sostiene que la interpretación vigente crea incentivos para la migración irregular. Foto: Istock
Desde entonces, la cláusula que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos” ha sido interpretada de manera amplia por los tribunales, el Congreso y las sucesivas administraciones.
El fallo de 1898 en Estados Unidos vs. Wong Kim Ark consolidó esa visión al reconocer la ciudadanía de un hombre nacido en California de padres chinos.
Sin embargo, la administración Trump argumenta que esa interpretación se ha extendido mucho más allá de lo que contemplaron quienes redactaron la Enmienda 14.
Su tesis es que la disposición fue concebida para asegurar la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus hijos, no para cubrir a personas que entraron ilegalmente al país o que solo se encuentran en Estados Unidos de manera transitoria.
Bajo esa lectura, la frase “sujetas a su jurisdicción” no equivale simplemente a estar físicamente en territorio estadounidense, sino a mantener un vínculo político y de obediencia más pleno con el país.
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El gobierno también sostiene que la interpretación vigente ha terminado creando incentivos perversos para la migración irregular y para el llamado “turismo de nacimiento”, es decir, viajes a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz allí y asegurar así la ciudadanía del hijo.
En sus escritos, el Departamento de Justicia afirma que esa lectura de la Enmienda 14 ha sido objeto de abuso durante décadas y que ha incentivado tanto la entrada ilegal como la llegada temporal de extranjeros que buscan ese beneficio para sus hijos.
Trump ha insistido públicamente en esa idea y ha dicho que la ciudadanía por nacimiento “no fue pensada para personas que vienen de vacaciones” con la intención de convertir a sus hijos en ciudadanos estadounidenses.
Algunos académicos conservadores han retomado ese argumento en años recientes, lo que ha dado nueva vida a una discusión que durante décadas se consideró cerrada.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto:EFE
Para Ilan Wurman, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota, aunque inicialmente se pensó que la orden de Trump carecía de fundamento alguno, con el paso de los meses se ha ido consolidando la idea de que quizá tenga algo de razón.
Randy Barnett, profesor de Georgetown, ha defendido una línea similar al sostener que el precedente histórico no resolvió directamente el caso de los hijos de inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva, en todo caso, fue demandada casi de inmediato por estados gobernados por demócratas y organizaciones de derechos civiles.
Si bien los tribunales federales bloquearon inicialmente su implementación, la Corte Suprema intervino y permitió su aplicación mientras se fallaba de fondo, salvo que se invocara una medida cautelar en casos específicos y no a nivel nacional.
Desde entonces, la orden está suspendida en la mayoría de los estados.
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Dudas prácticas y posibles impactos en millones de nacimientos
El caso que llegará a los magistrados proviene de una demanda presentada en New Hampshire en nombre de padres y niños que se verían afectados directamente. Se espera que el fallo definitivo llegue hacia finales de junio o comienzos del verano.
Más allá del debate legal, el proceso también pone sobre la mesa una discusión práctica de enormes proporciones.
Durante audiencias previas, algunos magistrados, incluido el juez conservador Brett Kavanaugh, plantearon interrogantes sobre cómo se implementaría una medida de este tipo.
Entre ellas, si de ahora en adelante los hospitales tendrían que verificar el estatus migratorio de los padres al momento del nacimiento, qué documentos serían válidos para acreditar la ciudadanía o cómo procesar más de 3,6 millones de nacimientos al año bajo un nuevo sistema.
Protestas ‘No Kings’ contra Donald Trump en Estados Unidos este 28 de marzo. Foto: AFP
Por eso, expertos advierten que, de aprobarse la propuesta, podría generarse un escenario de gran incertidumbre.
Para Jill Habig, directora ejecutiva de Public Rights Project, el cambio provocaría “una ola de confusión legal y caos”, pues “cada sistema que existe hoy para probar ciudadanía se basa en el certificado de nacimiento”.
Alterar ese principio implicaría rediseñar desde la emisión de pasaportes hasta el acceso a beneficios sociales, con el riesgo de dejar a miles de niños en un limbo jurídico.
El debate en Estados Unidos también refleja una tendencia global. La ciudadanía por lugar de nacimiento o “jus soli” es hoy una excepción más que la regla.
Solo alrededor de 30 países, en su mayoría del hemisferio occidental, la mantienen.
Muchos otros migraron hacia sistemas basados en la sangre o ascendencia, o “jus sanguinis”.
Países como el Reino Unido, Australia, Irlanda o India eliminaron el derecho automático en las últimas décadas, en algunos casos tras intensos debates políticos y sociales.
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En el Reino Unido, por ejemplo, la reforma de 1983 generó problemas significativos para comunidades enteras que luego tuvieron dificultades para demostrar su ciudadanía.
Opiniones divididas cuando se trata de los hijos de inmigrantes indocumentados
En Estados Unidos, la opinión pública está lejos de ser uniforme. Encuestas recientes muestran que existe un respaldo amplio a la ciudadanía por nacimiento en términos generales, pero ese apoyo se fragmenta cuando se introduce el estatus migratorio de los padres.
Un sondeo del Public Religion Research Institute encontró que cerca de dos tercios de los estadounidenses apoyan mantener la ciudadanía automática, independientemente del estatus de los padres.
Sin embargo, estudios del Pew Research Center muestran una sociedad dividida casi por la mitad cuando se trata de los hijos de inmigrantes indocumentados. Las diferencias también se marcan por afiliación política, edad y origen étnico.
Estados Unidos despliega a los agentes de inmigración en catorce aeropuertos. Foto:EFE
El fallo de la Corte Suprema, por tanto, no solo resolverá una disputa jurídica, sino que podría redefinir el concepto mismo de ciudadanía en Estados Unidos.
Si los magistrados fallan en contra de la orden ejecutiva, se mantendría el entendimiento tradicional que ha regido durante generaciones.
Pero si respaldan la interpretación de la administración de Trump, el país entraría en terreno desconocido.
Además de los desafíos administrativos, surgirían interrogantes de fondo, como el estatus de los niños nacidos en el país sin ciudadanía y los derechos que tendrían.
Asimismo, cómo integrar a ese grupo en una sociedad que históricamente ha definido la pertenencia nacional en función del lugar de nacimiento.
Pese al ruido político y al renovado debate académico, muchos expertos consideran que la Corte probablemente mantendrá la interpretación vigente.
Incluso juristas conservadores han expresado dudas sobre la vía escogida por Trump.
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John Yoo, profesor de derecho en la Universidad de California en Berkeley y exfuncionario del gobierno de George W. Bush, piensa que, si bien el debate es legítimo, la Corte fallará en contra de Trump.
En una línea parecida, Michael Ramsey, profesor de la Universidad de San Diego y secretario de Antonin Scalia (exmiembro de la Corte Suprema), dice que, pese a lo ambiguos que son algunos pasajes históricos, lo que dice el texto constitucional termina inclinando la balanza a favor de la interpretación tradicional.
En cualquier escenario, la decisión final, sin embargo, tendrá consecuencias duraderas, no solo sobre la política migratoria, sino también sobre la identidad misma de Estados Unidos como nación.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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