El disidente de las Farc, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, está a punto de ser expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según conoció EL TIEMPO. No se trata de un delincuente cualquiera, pues ha sido señalado en expedientes judiciales como el enlace con el ‘Zarco Aldinever’ para ejecutar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año pasado.
Las autoridades buscan desde hace varias semanas al disidente Téllez Álvarez, por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos, luego de que Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años de prisión por el crimen del precandidato, lo señalara como la persona que lo contactó y lo vinculó con el entramado para ejecutarlo.
De acuerdo con las investigaciones, Téllez habría actuado como enlace entre la Segunda Marquetalia y la red encargada de ejecutar el atentado, en el que, además, habría tenido un rol en la planeación, coordinación y financiación.
Asimismo, ‘Iván Márquez’ y el ‘Zarco Aldinever’, cabecillas de la Segunda Marquetalia, fueron señalados por la Fiscalía como los determinadores intelectuales del atentado ejecutado contra el senador de la oposición durante un mitin político el 7 de junio del año pasado en el parque El Golfito en Modelia.
Según las investigaciones, el grupo criminal planeó el asesinato para desestabilizar el panorama político de cara a las elecciones, lo que llevó a que en marzo de 2026 se reactivaran las órdenes de captura y las circulares rojas de Interpol en su contra.
Kendry Téllez, alias Yako. Foto:Archivo.
El caso en la JEP
Sobre Kendry Téllez Álvarez pesan dos condenas. La primera, del 28 de marzo de 2005, fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que lo condenó a 28 años de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego, por hechos relacionados con el secuestro del empresario Esteban Rangel Vesga en 2002.
La segunda decisión, proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Rosa de Viterbo, lo condenó por tentativa de extorsión a 51 meses de prisión y una multa de 960 salarios mínimos.
En cuanto a los beneficios otorgados en la JEP, la Sala de Amnistía o Indulto le concedió en 2018 la libertad condicionada, únicamente frente al delito de porte ilegal de armas dentro del proceso adelantado en Bogotá, y no respecto al delito de secuestro. Desde entonces está libre y vinculado a la Jurisdicción. Ello, no obstante, podría cambiar.
Miguel Uribe Foto:Miguel Uribe
La eventual expulsión
Ahora, en un novedoso auto conocido por este diario, firmado el 25 de marzo de este año por el magistrado Adolfo Murillo Granados, la Sección de Revisión remitió el caso a la Sala de Amnistía o Indulto y a la Sala de Reconocimiento para que evalúen si Téllez incumplió las condiciones que le permitieron acceder a la libertad condicionada en 2018, tras su desmovilización como integrante del frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc.
Según la información recopilada por la JEP, Téllez no ha respondido a llamados recientes de la jurisdicción, su defensa tampoco ha logrado ubicarlo y, de acuerdo con registros de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aparece como “ausente” durante los últimos seis meses.
“Una funcionaria de este despacho adelantó las gestiones necesarias para establecer contacto telefónico con el señor Téllez Álvarez; sin embargo, no fue posible lograr comunicación directa con el compareciente. De igual manera, el abogado defensor informó que tampoco ha tenido un resultado positivo en sus intentos de dialogar con su representado”, se lee en la decisión.
En ese contexto, la JEP pidió formalmente a la Fiscalía que informe con urgencia cuál es la situación jurídica actual del compareciente, los procesos en su contra y si existen órdenes de captura vigentes. También requirió al propio Téllez y a su abogado para que se pronuncien sobre los señalamientos y expliquen su situación frente al sistema.
Por otro lado, en una decisión del magistrado Granados del 18 de julio del 2025, un mes después del magnicidio, se puso en evidencia que, desde el 25 de marzo de 2022, una magistrada auxiliar de la JEP intentó establecer contacto con el compareciente a través de su abogado, quien suministró un número de teléfono. Sin embargo, pese a las llamadas realizadas, solo fue posible comunicarse con la madre de Téllez Álvarez.
Luego, el 10 de julio de 2025, el defensor volvió a aportar datos de contacto y aseguró que su cliente se encontraba activo en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, atendiendo los llamados institucionales y vinculado al Programa de Reincorporación Integral.
“El compareciente viene desarrollando un proyecto productivo de avicultura en la zona rural del municipio de Albán – Cundinamarca, región en la que la señal de los operadores celulares es muy deficiente, razón por la cual se facilita más la comunicación por la App WhatsApp, bien sea en la modalidad de mensajes escritos, de voz o mediante llamada utilizando dicha aplicación”, se lee en la decisión del 18 de julio de 2025.
Para ese entonces ya se había cumplido un mes del magnicidio contra el precandidato Uribe Turbay. Fuentes de inteligencia señalan que Iván Márquez y otros sospechosos, incluido alias Yako, vinculados al caso se esconden en la frontera con Venezuela.
Juan Diego Torres
Dielas@eltiempo.com
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