La noche del 31 de marzo, la diputada del Magdalena Rosita Jiménez volvió a enfrentar lo que ya parece una rutina peligrosa en su contra.
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Cinco disparos impactaron la camioneta blindada en la que se movilizaba desde Ciénaga hacia Santa Marta. Los proyectiles quedaron incrustados en el vidrio de seguridad. Ella, adentro, salió ilesa.
El ataque ocurrió en el sector de Alcatraces, sobre la Troncal del Caribe. Dicho lugar es el mismo corredor donde ya habían intentado matarla anteriormente. Esta vez, hombres en motocicleta la interceptaron y dispararon sin rodeos. La escena se repite, el riesgo también.
La diferencia fue el blindaje asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Ese detalle marcó la línea entre la vida y la muerte.
Un atentado que se repite
En 2021, Jiménez ya había sido atacada a tiros en esa misma vía. Desde entonces, la cadena de intimidaciones ha sido persistente: coronas fúnebres enviadas como advertencia, sangre arrojada a su vivienda y mensajes directos de amenaza.
La diputada ha dicho que las causas del atentado se relacionan con denuncias que viene realizando. Foto:Redes sociales
El ataque más reciente, con cinco disparos dirigidos al vehículo, refuerza una hipótesis que la propia diputada ha sostenido durante años: hay un objetivo claro y sostenido en su contra.
“Este atentado no es un hecho aislado, es el resultado de años de amenazas e intimidaciones”, advirtió en un comunicado público tras lo ocurrido.
“No me van a callar”
En su pronunciamiento, Rosita Jiménez fue directa. Asegura que los ataques están relacionados con sus denuncias contra la corrupción, el crecimiento del microtráfico y la presencia de grupos armados ilegales en el Magdalena.
El vehículo blindado impidió que el ataque terminara en tragedia. Foto:Redes sociales
“Están buscando callar a quienes denunciamos… pero lo digo con absoluta claridad: no me van a callar”, expresó.
La diputada, bajo la consigna de que “la vida es sagrada”, elevó un llamado urgente a entidades como la Fiscalía, el Gobierno Nacional, la UNP, la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos para que intervengan de manera efectiva.
Su mensaje final fue una declaración de resistencia: “Mi voz no se apaga. Mi compromiso no se negocia”.
Reacciones oficiales y presión institucional
El atentado generó reacciones inmediatas en el ámbito político regional. La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó el ataque y anunció acciones.
Esta fue la corona fúnebre con la que una vez amenazaron a Rosita Jiménez. Foto:Roger Urieles
“Rechazamos con total firmeza cualquier hecho de violencia que atente contra la vida, la integridad y el ejercicio democrático”, señaló.
La mandataria aseguró que impartió instrucciones a los organismos de seguridad para avanzar en la investigación, lograr la captura de los responsables y establecer quiénes están detrás del atentado.
“Expreso toda mi solidaridad y acompañamiento personal e institucional en este difícil momento”, agregó.
Desde distintos sectores también se han elevado voces que exigen respuestas concretas frente al deterioro de la seguridad en el departamento, incluyendo llamados al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, para reforzar las medidas de protección.
Vivir bajo amenaza permanente
Aunque Jiménez sobrevivió, el episodio deja una realidad difícil de ignorar: su vida transcurre bajo amenaza constante.
El esquema de seguridad que la protege ha evitado un desenlace fatal, pero también evidencia la gravedad del riesgo. Cada ataque deja una señal más clara de que las intimidaciones no han cesado y que los responsables siguen sin ser identificados.
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La diputada continúa con vida. Pero también continúa en la mira y en el Magdalena, la violencia política vuelve a escribir otra página en contra de sus dirigentes.
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Emergencia en el peaje de Casablanca, en Cundinamarca. Foto:
Por Roger Urieles, para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv
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