En medio del debate público por la reciente decisión del Banco de la República de elevar en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, hoy en 11,25 por ciento, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) salió al paso de las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que un grupo de entidades financieras tendría incentivos para respaldar estos incrementos.
El gremio fue enfático en rechazar esa tesis y defendió tanto la independencia del banco central como el impacto real que tienen las tasas altas sobre el sistema financiero. En particular, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, calificó como equivocadas las afirmaciones según las cuales los bancos se benefician de estos ciclos monetarios restrictivos.
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“Es falso, engañoso, contumaz, decir que las utilidades de los bancos suben cuando se eleva la tasa de política monetaria”, afirmó Malagón, al señalar que no existe sustento ni teórico ni empírico para esa idea.
El dirigente gremial recordó que la evidencia reciente muestra lo contrario. Durante el ciclo alcista que se registró al inicio del actual Gobierno, las utilidades del sistema financiero se redujeron en un 45 por ciento, al tiempo que se presentó una contracción real de la cartera y un deterioro en los indicadores del sector. Incluso, 11 de los 30 bancos del país registraron pérdidas en ese periodo.
Jonathan Malagón, presidente de Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. Foto:Asobancaria
Efecto adverso
Según la Asobancaria, el efecto de una mayor tasa de política monetaria es directo y adverso sobre la actividad bancaria. Al aumentar la tasa del Banco de la República, se encarece el fondeo de las entidades financieras, lo que eleva las tasas de captación, reduce los márgenes de intermediación y presiona al alza las provisiones ante un mayor riesgo de impago.
“Cuando sube la tasa de interés del Banco de la República es más costoso fondearse para los bancos, aumenta la tasa de captación, se estrangulan los márgenes de intermediación, tienen que aumentar las provisiones y también aumenta el impago”, explicó Malagón.
En ese sentido, el gremio subrayó que todos los fundamentales del negocio bancario se ven afectados de forma negativa en escenarios de tasas altas, lo que desvirtúa la narrativa de que el sector financiero impulsa o se beneficia de estas decisiones.
Más allá del debate coyuntural, Asobancaria insistió en la importancia de preservar la institucionalidad económica del país. Recordó que la Constitución de 1991 asignó al Banco de la República el mandato de proteger el poder adquisitivo de la moneda, en coordinación con la política económica general.
Germán Ávila Plazas, Ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, Gerente del Banco de la República. Foto:Banco de la República
Independencia, clave
Para el gremio, este diseño institucional ha sido clave para garantizar la estabilidad macroeconómica de Colombia durante las últimas décadas. La independencia del banco emisor, junto con su solidez técnica, ha permitido evitar episodios de inflación desbordada como los que han enfrentado otros países de la región.
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“Hay una reflexión de fondo que es muy importante: el respeto por la institucionalidad”, enfatizó Malagón, al advertir sobre los riesgos de debilitar la autonomía del Emisor.
En esa línea, el presidente de Asobancaria contrastó la experiencia colombiana con la de países donde los bancos centrales tienen menor independencia frente al Gobierno. Citó los casos de Bolivia, Argentina y Venezuela, donde la inflación ha alcanzado niveles significativamente más altos, afectando de manera directa el bienestar de la población.
Emisor está cuidando el bolsillo de los colombianos, sobre todo de los más pobres. Foto:Archivo particular
“¿A eso nos queremos parecer?. El Banco de la República no está cuidando los intereses de los banqueros. Por supuesto que no, está cuidando el bolsillo de los colombianos, sobre todo de los más pobres”, sostuvo.
Inflación, la prioridad
El gremio también hizo un llamado a mantener la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal dentro de los canales institucionales establecidos. Señaló que el ministro de Hacienda, como miembro de la junta directiva del Banco de la República, tiene un rol clave en ese proceso, el cual debe desarrollarse en beneficio del país y no en medio de controversias públicas.
Desde la perspectiva de Asobancaria, el control de la inflación sigue siendo una prioridad ineludible. La estabilidad de precios, subrayó, es fundamental para proteger el ingreso de los hogares, facilitar la planeación de inversiones y promover la generación de empleo.
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El gremio advirtió que los efectos de la inflación golpean con mayor fuerza a las familias de menores ingresos, que destinan una proporción más alta de su presupuesto a bienes básicos como alimentos, transporte y servicios públicos.
En este contexto, la eventual decisión de la junta directiva del Banco de la República de llevar la tasa de política monetaria a niveles cercanos al 11,25 por ciento responde a la persistencia de presiones inflacionarias. Factores como el aumento del salario mínimo, las expectativas alejadas del rango meta, los fenómenos climáticos y las presiones fiscales siguen incidiendo sobre los precios.
Leonardo Villar Gómez. gerente General del Banco de la República de Colombia. Foto:Foto: César Melgarejo/ El Tiempo
A esto se suman riesgos de origen internacional que podrían mantener sesgos alcistas en la inflación, en un entorno de alta incertidumbre global.
Para Asobancaria, aunque las decisiones de política monetaria pueden resultar controversiales en el corto plazo, su objetivo es evitar costos mayores en el mediano y largo plazo. En ese sentido, reiteró su respaldo a la capacidad técnica del Banco de la República para adoptar medidas que contribuyan a estabilizar la economía.
Por último, el gremio insistió en que el debate debe centrarse en evidencia y no en percepciones erradas. “Subir la tasa contribuye a frenar la inflación en un momento de profunda incertidumbre”, concluyó, al tiempo que reiteró su rechazo a las acusaciones sobre supuestos beneficios para el sector financiero.
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