Desde el 23 de marzo se han reportado enfrentamientos armados en el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño, que han provocado el desplazamiento de más de 200 familias hacia la cabecera del corregimiento Sidón y otras zonas del municipio, en medio de la continuidad de las hostilidades y la expectativa de nuevos desplazamientos.
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De acuerdo con la información disponible, los enfrentamientos armados se presentan entre el Frente Franco Benavides de las disidencias asociadas a alias “Iván Mordisco”, los Comuneros del Sur y las autodenominadas AUN. Estas acciones han tenido lugar de manera sostenida desde el 23 de marzo en diferentes zonas del municipio.
Como consecuencia de los combates, se ha registrado el desplazamiento de más de 200 familias provenientes de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Las personas afectadas se han trasladado principalmente hacia la cabecera del corregimiento Sidón y el casco urbano de Cumbitara.
Las familias desplazadas han sido ubicadas en una residencia estudiantil y en viviendas particulares destinadas para su atención en la cabecera de Sidón y en el casco urbano del municipio. Las autoridades locales mantienen la atención en estos espacios mientras continúa la situación de orden público.
Se ha indicado que en las próximas horas y días podrían presentarse nuevos desplazamientos de población civil como resultado de la persistencia de los enfrentamientos armados en la zona.
Defensoría del Pueblo solicita activar protocolos a nivel nacional ante afectación de comunidades. Foto:Defensoría.
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Pronunciamiento institucional y medidas solicitadas
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó un llamado dirigido a distintas entidades del Estado y a los actores armados. En el caso de los grupos armados, la entidad solicitó el cese inmediato de los combates y de las afectaciones contra la población civil.
Asimismo, se dirigió a entidades del orden nacional como los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, además de la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras instituciones competentes, con el fin de activar protocolos de atención y acompañamiento a las comunidades afectadas, en apoyo a las autoridades territoriales que atienden la situación.
Cientos de familias se han visto obligadas a salir de sus tierras. Foto:Particular
El desplazamiento forzado está prohibido y constituye una infracción al derecho internacional humanitario, según el artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, lo que implica afectaciones a múltiples derechos de las personas víctimas de este tipo de hechos.
En el caso específico de Cumbitara, la Defensoría del Pueblo había emitido en 2024 la Alerta Temprana (AT) 008, en la que se advertía sobre riesgos asociados a la disputa por el control territorial y poblacional entre distintos actores armados presentes en la región.
En esa alerta se mencionaba la presencia del Frente Franco Benavides, asociado al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las extintas Farc, así como una presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur, en ese momento vinculado al ELN, la disidencia Segunda Marquetalia y las autodenominadas AUN.
Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil.
Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en… pic.twitter.com/C2tZvCz9Ot
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 2, 2026
El escenario actual refleja la materialización de los riesgos advertidos previamente, asociados a la disputa territorial entre los grupos armados que operan en esta zona del departamento de Nariño.
La Defensoría del Pueblo informó que continuará con el monitoreo de la situación en el territorio y con el acompañamiento a las comunidades que puedan resultar afectadas por los enfrentamientos armados en Cumbitara.
*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un informe de la Defensoría del Pueblo.
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