El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en el marco de sus primeras declaraciones a medios tras la noticia que ya está en comunicación con autoridades de Estados Unidos tras la decisión de suspender órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales, en medio de la polémica por los alcances de la denominada paz urbana.
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La controversia se desató luego de que la Fiscalía General de la Nación suspendiera órdenes de captura contra 23 líderes de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá, siete de los cuales ya se encuentran en libertad.
Aunque la entidad aclaró que esta medida no implica excarcelaciones, el anuncio generó fuertes reacciones de autoridades locales y regionales, que advierten riesgos en materia de seguridad.
Cabecillas Aburrá Foto:Archivo particular
Gutiérrez fue uno de los más críticos. En declaraciones recientes, afirmó que la situación trasciende el ámbito local y tiene implicaciones internacionales.
“Aquí la preocupación no solo es para Medellín, no solo es para Colombia, también lo es para Estados Unidos. Yo ya he estado en contacto también con el embajador de los Estados Unidos”, señaló, al advertir que algunos de estos cabecillas han estado vinculados históricamente con redes de narcotráfico.
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Según el alcalde, varios de los líderes criminales beneficiados con la suspensión de órdenes de captura habían sido solicitados en extradición en años anteriores.
“Algunos de esos cabecillas, especialmente en el periodo 2016-2019, cuando perseguimos a todas las estructuras criminales y los llevamos a la cárcel, eran pedidos en extradición por temas de tráfico de drogas”, afirmó. A su juicio, las decisiones actuales podrían afectar procesos judiciales y operativos en curso.
La presencia de los miembros de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí en La Alpujarra. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
El mandatario también cuestionó que estas medidas puedan interferir con acciones de la fuerza pública. “Venían varias operaciones en camino para capturas de algunos de esos bandidos que ya estaban libres y, básicamente, lo que hacen hoy es obstaculizar todos esos procesos”, dijo.
En ese sentido, advirtió que el impacto podría sentirse no solo en Medellín, sino en otras regiones del país donde estas estructuras tienen presencia.
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La discusión se da en un contexto de enfrentamiento político y jurídico. Mientras desde sectores del Gobierno y del Congreso se insiste en que la suspensión de órdenes de captura es una herramienta para avanzar en negociaciones de paz urbana y se aclara que esto no significa la liberación de los cabecillas, autoridades como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han alertado que ya hay cabecillas en libertad con posibilidad de movilizarse por distintas ciudades del país.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se ha pronunciado en contra de la decisión Foto:Jaiver Nieto Álvarez
Desde el Congreso, la senadora Isabel Zuleta defendió la medida y aclaró que levantar órdenes de captura no equivale a dejar en libertad a personas privadas de ella, sino que responde a la necesidad de otorgar garantías jurídicas en medio de negociaciones avanzadas.
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Según explicó, los siete cabecillas que actualmente están libres ya cumplieron sus condenas, pero requieren condiciones para continuar en los diálogos.
Sin embargo, para el alcalde Gutiérrez, el panorama sigue siendo preocupante. Aseguró que estos grupos han estado vinculados a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, narcotráfico y trata de personas, y advirtió sobre el riesgo de que, bajo la figura de voceros de paz, puedan recuperar capacidad de operación.
Consejo de Estado citó a senadora Isabel Zuleta a audiencia de pérdida de investidura por tarimazo. Foto:Javier Nieto
“Estos tipos son muy peligrosos. Nosotros vamos a seguir combatiendo esas estructuras criminales”, concluyó.
El mandatario anunció que en los próximos días entregará más detalles sobre los cabecillas involucrados y sus procesos judiciales, mientras crece la tensión entre autoridades locales y el Gobierno Nacional por el rumbo de la política de seguridad y negociación con estructuras criminales.
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Stefanía León Arroyave
Nación – EL TIEMPO
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