En la región del Catatumbo, un nuevo ataque con drones cargados con explosivos volvió a encender las alertas. En una zona rural de Tibú, el pasado jueves Santo, una familia logró salir de su vivienda segundos antes de que el artefacto impactara el lugar y detonara, evitando víctimas fatales.
El hecho se suma a la secuencia de eventos en los que estos dispositivos han sido utilizados en áreas donde persisten disputas entre grupos armados y presencia de la Fuerza Pública.
EL TIEMPO conoció el más reciente registro de la Fuerza Pública de ataques con artefactos explosivos operados mediante drones que se han ido enquistando en distintas regiones del país. Los datos más recientes ubican 464 eventos acumulados y la mayoría se concentran en corredores específicos y zonas de influencia de estructuras armadas ilegales.
La semana pasada se registraron varios ataques con drones con explosivos en Catatumbo. Foto:Cortesía
La información detalla que el primer caso documentado ocurrió el 26 de abril de 2023, en zona rural de Argelia, Cauca, mientras que el más reciente se reportó el 2 de abril, en Tibú, Norte de Santander.
En el seguimiento por estructuras, las disidencias de las Farc, a través de diferentes frentes, figuran como los principales responsables. El bloque asociado a alias ‘Iván Mordisco’ concentra la mayor cantidad de registros, con 270 acciones distribuidas entre 2025 y lo corrido de 2026. El ‘clan del Golfo’ acumula 120 ataques.
En ese mismo periodo, el Eln habría ejecutado 66 ataques con estos dispositivos; mientras que las disidencias de Calarcá reportan siete eventos. Los ‘Comandos de Fronteras’ han perpetrado 2 de estos ataques.
Así quedó uno de los drones cargados con explosivos que se hallaron en Tumaco Foto:EL TIEMPO
El mapa de ubicación muestra una expansión que no es uniforme. Los puntos se agrupan en 13 departamentos del país siendo más frecuente en zonas de Cauca, Nariño, Antioquia, Meta, Norte de Santander y Caquetá, donde los registros de sobrevuelo, pruebas y ataques con drones coinciden con zonas en disputa territorial.
En estas áreas, la información también señala la existencia de procesos de entrenamiento y adquisición de equipos, lo que sugiere una adaptación progresiva de estas estructuras a nuevas formas de ataque.
Las cifras sobre personal afectado permiten dimensionar el impacto de estas acciones. En total, 352 personas han resultado afectadas, con un incremento sostenido entre 2024 y 2025. El registro más alto corresponde a integrantes de la Fuerza Pública, especialmente militares, seguidos por civiles y personal policial. Los datos discriminan heridos y fallecidos, con una mayor proporción de lesiones frente a muertes.
Explosivos que con instalados en los drones. Foto:Cortesía
En paralelo, los reportes de inteligencia identifican al menos 139 eventos de sobrevuelo de drones, así como 77 casos asociados a entrenamiento en su uso. A esto se suman 40 registros de adquisición de equipos, lo que completa un panorama en el que no solo se documentan ataques, sino también las fases previas de preparación. Estas cifras permiten trazar la secuencia operativa que antecede a cada acción registrada.
El comportamiento por años muestra que los ataques fueron aumentando. Durante 2025 se concentra el mayor número de ataques con 277, mientras que en 2026, van 66, aunque la cifra es menor hasta el momento, se mantiene la tendencia en regiones ya identificadas. Este patrón se repite en varias zonas del país, donde los registros no desaparecen, sino que se desplazan o se reorganizan en función de la presencia de la Fuerza Pública y las disputas entre grupos armados.
Redacción Justicia
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