A pesar de las fuertes tensiones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Gustavo Petro, Estados Unidos continúa colaborando activamente con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
De hecho, el Departamento de Estado abrió recientemente un proceso de licitación, aún en etapa inicial, con el que busca identificar contratistas para la adquisición de un sistema de inteligencia artificial destinado a la Armada Nacional.
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El objetivo es mejorar las capacidades de interdicción de drogas tanto en el mar como en ríos y otras rutas internas clave para el tráfico.
Hace algunas semanas, el Buró para los Narcóticos Internacionales y la Aplicación de la Ley (INL) radicó la solicitud bajo el número 19INLE26I0016, titulada “INL, Equipo de AI para la Armada Colombiana”.
EE. UU. radicó la solicitud titulada “INL, Equipo de AI para la Armada Colombiana”. Foto:Archivo Particular
Según la descripción de los servicios requeridos, el Departamento de Estado se encuentra, por ahora, en una fase exploratoria para determinar la viabilidad del proyecto.
“La sección de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, busca apoyar a la Armada Colombiana en la implementación de un sistema de arquitectura basado en servidores de inteligencia artificial (IA), diseñado para mejorar las capacidades de interdicción. Colombia produce un estimado de 2.600 toneladas métricas de cocaína al año, la mayor parte de la cual es sacada del país a través de corredores fluviales que conducen al océano Pacífico y al mar Caribe. El hardware y software informático descritos en este alcance de trabajo serán donados a la Armada Colombiana”, dice el documento revisado por este diario.
El proyecto contempla, en esencia, dotar a la Armada de herramientas tecnológicas avanzadas que permitan automatizar la vigilancia y mejorar la toma de decisiones en operativos contra el narcotráfico, en un momento en que las rutas fluviales y marítimas siguen siendo el principal canal de salida de la droga.
La solicitud llega pese a que Colombia fue descertificada el año pasado por Washington por incumplir sus compromisos en la lucha antidrogas, en medio de un deterioro significativo de la relación bilateral. Esa decisión marcó uno de los puntos más bajos en décadas de cooperación entre ambos países en esta materia.
Aun así, desde entonces Estados Unidos insisten en que quiere mantener la colaboración con la fuerza pública colombiana, separando en buena medida esa cooperación del plano político.
De hecho, funcionarios de la administración Trump han atribuido los problemas en la relación directamente al desempeño del presidente Gustavo Petro, más que a las instituciones del Estado.
Estados Unidos asegura que los bombardeos a lanchas son solo el comienzo. Foto:Archivo EL TIEMPO, AFP y EFE
En ese contexto, este nuevo proyecto de inteligencia artificial se inscribe dentro de una larga tradición de cooperación antidrogas entre Washington y Bogotá, que ha sobrevivido a múltiples crisis diplomáticas. También refleja que, pese al ruido político y a las diferencias entre ambos gobiernos, existen canales técnicos y operativos que siguen operando de manera relativamente discreta.
El telón de fondo, sin embargo, sigue siendo complejo. Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína y, aunque los cultivos ilícitos se han estabilizado en los últimos años, siguen en niveles récord, según estimaciones de la ONU.
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En ese escenario, la apuesta por nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, se presenta como un intento de modernizar la lucha contra un fenómeno que, lejos de disminuir, ha ganado en sofisticación en los últimos años.
Si bien la propuesta del Departamento de Estado confirma que la cooperación bilateral en materia antidrogas se mantiene, la incertidumbre sobre el monto total de los recursos que Colombia recibirá de Estados Unidos persiste.
De hecho, tras un año de dudas sobre el futuro de esa asistencia, el panorama para 2026 luce igual de turbio. Mientras que en 2023, 2024 y 2025 Colombia recibió en promedio cerca de US$ 400 millones anuales, para el año en curso solo tiene ¨asegurados¨ unos 77 millones.
La diferencia obedece, en gran medida, a un cambio en la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto de ayuda exterior. A diferencia de ciclos anteriores, en esta ocasión el legislativo optó por otorgar mayor discrecionalidad a la administración de Donald Trump para decidir cómo se asignan los recursos y a qué países se destinan.
Departamento de Estado de Estados Unidos Foto:Departamento de Estado de Estados Unidos
Hace algunas semanas, el Congreso dio luz verde a un paquete presupuestario de cerca de US$ 50.000 millones para financiar al Departamento de Estado y sus operaciones en el extranjero.
Aunque esa cifra quedó por debajo de los aproximadamente US$ 60.000 millones del año pasado, superó ampliamente los US$ 31.500 millones que había solicitado la Casa Blanca.
En ese monto global están incluidos los recursos para Colombia. Pero el texto de la ley solo establece partidas puntuales para el país. Unos US$ 25 millones para programas dirigidos a comunidades afrodescendientes, US$ 15 millones para derechos humanos y 37 millones para asistencia militar extranjera, destinados a las Fuerzas Armadas.
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También se contempla un fondo de US$ 20 millones para combatir la minería ilegal, aunque este último se comparte con Ecuador y Perú.
Más significativo aún es que, aunque el Congreso aprobó al menos US$ 1.400 millones para la lucha global contra el narcotráfico, ninguno de esos recursos fue asignado explícitamente a Colombia, algo que sí ocurrió en años anteriores y que en esta ocasión sí beneficia a otras regiones como Ecuador o Centroamérica y el Caribe.
Esto no implica que la ayuda haya sido suspendida. De hecho, la cooperación continuó en 2025 y se espera que algo similar ocurra en 2026. Pero ahora será el Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, quien determine finalmente cuánto dinero se destina al país y a través de qué programas.
Ese cambio introduce un alto grado de incertidumbre, pues el monto real de la asistencia solo podrá conocerse con certeza a comienzos de 2027, cuando se consoliden las cifras de ejecución.
El Congreso dio luz verde a un paquete presupuestario para financiar al Departamento de Estado. Foto:iStock
A ello se suma que el Congreso mantuvo, e incluso reforzó, las condiciones para desembolsar los fondos. Entre otras exigencias, el Departamento de Estado deberá certificar que Colombia está reduciendo los cultivos de coca, cooperando activamente en la lucha antidrogas y continuando con la extradición de narcotraficantes.
Parte de los recursos también dependerá de avances en materia de derechos humanos, incluyendo investigaciones y sanciones a miembros de la fuerza pública implicados en abusos, así como medidas para proteger a líderes sociales y comunidades vulnerables.
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En ese contexto, aunque iniciativas como la del sistema de inteligencia artificial para la Armada evidencian que la cooperación técnica sigue en marcha, el volumen y el alcance del respaldo estadounidense dependerán cada vez más de decisiones políticas en Washington y de la evolución de la relación bilateral.
Además, está por conocerse el monto de recursos que la Casa Blanca solicitará al Congreso para el año fiscal 2027, una discusión que se dará a lo largo del año en curso y que será determinante para definir el futuro de la asistencia a Colombia.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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