La revocatoria de la Fiscalía a la suspensión de las órdenes de captura contra 16 cabecillas de la mesa de paz urbana en Medellín fue celebrada por varias figuras de la política en Antioquia, luego de una semana de incertidumbre sobre los alcances que podía tener esa medida en la seguridad del Valle de Aburrá.
La decisión, que en la práctica reactiva procesos judiciales contra jefes criminales como alias Tom, comparado incluso con Pablo Escobar, y el temido líder histórico de La Terraza, alias Douglas, fue leída por sectores locales como un retorno al camino correcto contra la delincuencia en la región.
Desde la Gobernación y la Alcaldía se insistió en que no puede haber concesiones que comprometan la seguridad, mientras que voces afines al proceso de paz defendieron la necesidad de mantener canales de diálogo.
Ese fue el caso de la senadora y coordinadora del espacio de diálogo sociojurídico que se desarrolla en ese penal entre el Gobierno Nacional y los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, quien, durante una rueda de prensa desde la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, se refirió a la decisión de la Fiscalía.
«La Fiscalía consideró en su momento que era pertinente y hoy consideró que no. Eso quiere decir que no hay claridad sobre dicha pertinencia, hay discusión; no hay una posición única en relación a la medida», explicó Zuleta.
Además, la senadora aseguró que el proceso de paz urbana es sujeto de una persecución por parte de los medios de comunicación y las autoridades locales, y que fue precisamente en ese sentido que se solicitó la emisión de la Resolución 00027 como una garantía para el proceso.
Por su parte, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional y los voceros de estructuras criminales que participan en la mesa aseguraron que el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá avanza de manera firme y en una fase avanzada, tras cerca de tres años de trabajo.
Según un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, las partes han consolidado una agenda orientada a dar una salida dialogada a las violencias urbanas, con el objetivo de garantizar la no repetición y sentar las bases de un Acuerdo Condicionado de Paz que recoja compromisos concretos y hechos verificables.
En ese marco, definieron cinco ejes centrales: el desescalamiento de las violencias, con énfasis en la reducción de homicidios y la no confrontación entre estructuras; la reparación y reconocimiento de las víctimas; la transformación de los territorios con inversión social; el impulso de economías legales que sustituyan prácticas ilegales; y la transición hacia el Estado social de derecho mediante programas de inclusión y enfoques restaurativos.
Además, hicieron un llamado a autoridades locales, medios y ciudadanía a respaldar el proceso, al señalar que la paz urbana depende de la participación activa de la sociedad.
El episodio se da en medio de una alta tensión institucional por la política de “paz total”, que ha implicado suspender órdenes de captura para facilitar negociaciones, una medida que ya venía generando críticas por sus posibles efectos en la justicia y el control territorial de estas estructuras.
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