La seguridad en los municipios del Atlántico y sus zonas rurales se ha convertido en una preocupación creciente para los alcaldes, quienes advierten un aumento de la violencia asociada al accionar de estructuras criminales y reclaman presencia de soldados en sus calles para contener la situación.
Mandatarios de poblaciones como Sabanagrande, Baranoa, Sabanalarga y Polonuevo han solicitado abiertamente la intervención del Ejército, ante lo que califican como un deterioro del orden público que supera las capacidades locales, especialmente en territorios donde el pie de fuerza es limitado y la criminalidad ha ganado terreno.
El alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales. Foto:Redes sociales
El alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales, reconoció la complejidad del panorama tras el reciente homicidio de una mujer en el municipio, al señalar que enfrentan un “enemigo oculto”, difícil de identificar y combatir. Advirtió que, pese a los esfuerzos institucionales, el número de uniformados resulta insuficiente frente a las dinámicas delictivas que afectan no solo a su municipio, sino a toda la subregión .
El mandatario también denunció presiones y críticas en medio de la crisis, e hizo un llamado a no politizar la violencia, insistiendo en que la prioridad debe ser la protección de la vida y la tranquilidad de la ciudadanía.
Multicrimen y expansión hacia zonas rurales
Desde la Gobernación del Atlántico, el secretario del Interior, José Antonio Luque, reconoció el incremento de homicidios y señaló que detrás de esta situación está el avance del multicrimen organizado, vinculado a economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y la invasión de tierras.
Según explicó, estas estructuras están utilizando a jóvenes para ejecutar delitos como sicariatos y ataques intimidatorios contra comerciantes, con el fin de sostener rentas criminales millonarias.
Las cifras oficiales indican que el 84% de los homicidios en el departamento se cometen bajo la modalidad de sicariato, y que una proporción significativa de las víctimas tendría antecedentes judiciales, lo que evidencia la conexión con redes delictivas .
Además, la problemática no se limita al área metropolitana, sino que muestra una expansión hacia municipios y zonas rurales, donde las autoridades locales advierten menor capacidad de respuesta institucional.
Sobre el último asesinato ocurrido en Sabanagrande, ocurrido la noche de este martes, Luque anunció que hay una recompensa de hasta 30 millones de pesos a quien revele información que permita la captura de los responsables. La semana anterior se ofrecieron 50 millones de pesos por los cabecillas de las organizaciones criminales con presencia en esta zona del Caribe.
Refuerzos y operativos en terreno
Frente a las solicitudes de los alcaldes, la Gobernación anunció el despliegue de estrategias conjuntas con la Policía y el Ejército para intervenir los municipios más afectados.
Consejo de Seguridad donde se anunciaron nuevas medidas. Foto:Gobernación
El secretario del Interior confirmó el envío de tropas a Sabanagrande, así como la implementación de caravanas de seguridad y operativos integrales en Polonuevo y otros municipios, con la participación del Gaula militar, unidades de inteligencia y Policía de vigilancia.
Asimismo, se coordina el apoyo de instancias nacionales como la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y judiciales en el territorio.
Las autoridades insisten en que, aunque se han logrado avances en materia de seguridad durante eventos masivos recientes, el comportamiento de los homicidios obliga a un análisis profundo y a reforzar las estrategias para contener la violencia en los municipios y sus zonas rurales.
El panorama evidencia una tensión creciente entre la capacidad institucional y la expansión de las estructuras criminales, en un contexto donde los mandatarios locales reclaman mayor respaldo para enfrentar un fenómeno que, advierten, ya no es aislado sino estructural en el departamento.
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