No hemos salido aún de la pesadilla de los taxistas secuestradores que se llevan a sus víctimas para robarlas o asesinarlas, cuando un nuevo escándalo estalla con ese gremio. Y esta vez afectó a miles de usuarios del aeropuerto El Dorado, que esta semana vivieron un infierno por causa de los desmanes en esa terminal aérea, por las protestas que protagonizaron decenas de taxistas y que desencadenaron duros enfrentamientos con la policía, con algunos heridos.
Unos 30.000 pasajeros se calcula que resultaron afectados en sus vuelos por esta trifulca, que tuvo como origen, según se vino a saber después, viejos desacuerdos entre el gremio que tiene el control de la operación de taxis en el aeropuerto, Taxi Imperial, y conductores que no están satisfechos con sus condiciones de trabajo, ni con la cuota que deben pagar, ni con nuevas condiciones para ejercer su labor, ni con la competencia desleal que viven, entre otras, por la presencia de vehículos que trabajan con plataformas digitales.
A lo anterior se suma que, como suele ocurrir en otros sectores, la cuasiinformalidad con que funciona el servicio de taxis en este punto de la ciudad, no permite la participación directa de los conductores sino que las decisiones se toman de manera vertical. Para ellos, dejarlos por fuera de cualquier discusión en torno a las condiciones de trabajo es una forma de discriminación que desencadena situaciones como la descrita.
La falta de acuerdos y el excesivo monopolio hizo que la paciencia de los taxistas se agotara y optaron por las vías de hecho: bloquear el acceso a la terminal, con lo que terminaron pagando justos por pecadores. Y pese a la presencia de los gestores de convivencia de la alcaldía, el asunto se salió de control y terminó en pelea.
Y como suele suceder en situaciones parecidas, uno se viene a enterar después de todo lo que viene sucediendo. Quizá los taxistas tengan razón en algunas peticiones. Quizás es hora de que tanto la ciudad como el aeropuerto deban revisar si no resulta mejor organizar el tema de taxis y plataformas de una manera distinta. Porque sin duda el desorden es absoluto. En el aeropuerto la informalidad campea, hay taxis autorizados, hay servicios tipo Uber, hay taxis ordinarios que se supone no deberían recoger pasajeros allí e, incluso, hay personas informales que ofrecen sus propios vehículos para hacer algo de dinero.
El servicio de taxi en el aeropuerto es un negocio rentable y, según algunos pasajeros, especulativo. El cobro por una carrera a veces resulta exorbitante. Pero eso sucede porque hay exclusividad y poco control. En otros aeropuertos existen espacios con una amplia variedad de oferta para taxis de todo tipo, como en Buenos Aires. Y allí directamente le dicen al pasajero cuánto cuesta la carrera para no tener que lidiar con el conductor. Y las plataformas tienen su propio espacio, y operan sin inconvenientes. Ya es hora de que en El Dorado pase algo similar.
Lo anterior también puso de relieve que el tema de las plataformas y el servicio público de pasajeros que prestan es un asunto aún sin resolver. Resulta increíble que una década después todavía este siga siendo uno de los argumentos de los taxistas para protestar, muestra de que ningún poder en el país ha sido capaz de solucionarlo, como sí lo han hecho en México o Argentina. Acá ni el Congreso, ni el Concejo, ni la Presidencia de la República, ni la alcaldía ni el mismo gremio han sido capaces de llegar a acuerdos mínimos para que este asunto deje de ser la excusa para seguir perjudicando a los usuarios.
Es hora de que alcaldía y aeropuerto revisen el modelo de operación de taxis en El Dorado.
La figura de un monopolio no les conviene ni a conductores y mucho menos a los pasajeros.
Pero volviendo al principio, no puede ser que sean los pasajeros los paganinis de situaciones de este tipo. Arribar al aeropuerto ya es toda una odisea como para que algunos decidan que bloquearlo e impedir que la llegada de los viajeros sea la mejor opción para reclamar algún derecho. La gente que toma un avión no puede estar a merced de situaciones como esta, pues muchos deben desplazarse por asuntos familiares, de negocio, estudio o cualquier emergencia. Impedirles llegar a tiempo es poner en riesgo la integridad del viajero. De ahí la reacción de la Undmo, la policía antidisturbios, que tuvo que emplear la fuerza a la hora de imponer orden. Y así tiene que seguir siendo para aquellos que crean que bloquear la calle 26, que conduce al aeropuerto, o los accesos es una buena estrategia.
Habrá que esperar lo que resulta de las famosas mesas de diálogo que se crearon para resolver el asunto. Me temo que no mucho. Pocos gremios tan poderosos como el de los taxistas para imponer sus propias condiciones y evitar que las cosas avancen.
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor General EL TIEMPO
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