Aunque queda poco tiempo de este periodo legislativo y hay una agenda apretada, hoy fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que busca poner límites a las investigaciones preliminares adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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La iniciativa fue presentada por los representantes a la Cámara Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Juan Espinal (Centro Democrático), quienes señalan que actualmente la SIC desarrolla esta etapa con base en un instructivo interno expedido por la misma entidad, sin un marco legal expreso y con amplias facultades que, dicen, pueden generar incertidumbre jurídica.
Los puntos centrales del proyecto
Representante por Cambio Radical presentó proyecto que limitaría la SIC. Foto:Prensa Carolina Arbeláez
Uno de los puntos centrales del proyecto es la fijación de un plazo máximo de seis meses para la averiguación preliminar, prorrogable por otros seis meses. Cumplido ese término, la SIC deberá tomar una decisión de fondo: archivar el caso o abrir una investigación formal.
De esta manera, la propuesta busca evitar que las actuaciones se prolonguen indefinidamente, una de las principales críticas que hacen los representantes a la entidad.
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Además, el articulado propone que desde las primeras etapas del proceso, se les permita a las personas o empresas involucradas que conozcan la actuación, puedan ser escuchadas y cuenten con defensa técnica de manera temprana.
Otro de los aspectos más relevantes tiene que ver con las inspecciones. El proyecto establece que estas deberán estar debidamente motivadas, ser realizadas exclusivamente por funcionarios públicos y sujetarse a límites claros. Entre ellos, se incluye la prohibición de acceder a dispositivos personales sin orden judicial y de revisar comunicaciones protegidas por el secreto profesional, como aquellas entre abogado y cliente.
«Hoy la SIC se investiga con sus propias reglas (…) el Congreso debe cumplir su función y establecer un marco legal claro que garantice el debido proceso y evite abusos contra empresas y ciudadanos”, señaló Arbeláez.
La iniciativa también incluye medidas para proteger a los denunciantes, al garantizar la reserva de su identidad, y contempla sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones.
El proyecto deberá avanzar al menos en un debate antes del 20 de junio para mantener su curso en la próxima legislatura; de lo contrario podría hundirse.
Redacción Política
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