En junio del año pasado, una resolución proveniente de Guatemala generó fuerte revuelo en el mundo jurídico y político colombiano. La Sala Tercera de Apelaciones del país centroamericano ordenó capturar a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y al embajador y exministro Iván Velásquez, por supuestas irregularidades en el caso Odebrecht. 10 meses después, esa orden se cayó en la Corte Suprema de Justicia guatemalteca.
Camargo y Velásquez integraron hace 10 años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se encargó precisamente de destapar los hechos de corrupción que se habían dado en altas esferas de poder. Por su trabajo recibieron una inmunidad especial, lo que llevó a que desde el primer momento se pusiera en duda la viabilidad de la orden de captura y los alcances que pudiera tener en Interpol.
Sumado a ello, al ser una alta funcionaria del Estado la Fiscal General tiene pasaporte diplomático que le permite mayores beneficios. Un dato clave es que en junio, Camargo volvió a Colombia en avión cuando se conoció la orden de captura.
Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo Foto:Archivo
La tesis que en junio destapó el Ministerio Público guatemalteco, a través del controvertido fiscal José Rafael Curruchiche, fue que Camargo y Velásquez habrían incurrido en supuesta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Ante ello, la Fiscal General respondió que la orden de captura «constituye una flagrante violación a los términos del acuerdo de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Desconoce los parámetros del derecho internacional, carece de sustento político. Se basa en una interpretación descontextualizada».
Por su parte, el embajador Velásquez manifestó que «la corrupta fiscal general guatemalteca (Consuelo Porras) y su fiscal Curruchiche -designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea- extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio».
El exministro de Defensa, Iván Velásquez, en debate de control político en junio 2024. Foto:Archivo particular
La reciente decisión
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema resolvió el recurso que interpusieron algunos de los implicados en el caso, en contra de la resolución con la que se libraron las órdenes de captura contra ellos y contra los dos funcionarios colombianos.
«Esta Cámara establece que del análisis de los antecedentes y del escrito de interposición, que los postulantes del amparo no fueron debidamente notificados de la resolución del 30 de mayo de 2025, por medio de la cual la autoridad reprochada ordenó sus aprehensiones, razón por la cual se dio una indefensión material», dice el oficio de 26 páginas con fecha del 9 de abril.
En la sede de la Cicig se pintó un mural en agradecimiento por la misión de este ente de la ONU. Foto:Johan Ordóñez, AFP
Para la corte Suprema, la Sala Tercera emitió una resolución que es ilegal y violatoria de los derechos fundamentales que reclamaron los perjudicados, ya que una orden de captura la pueden proferir los jueces de primera instancia, no una Sala como la que lo hizo en junio.
Asimismo, reprochó que el Ministerio Público hubiera solicitado, a través de una de sus fiscalías, suspender las órdenes contra ciertas personas, y contra otras no -entre ellas Camargo y Velásquez- por principio de relatividad. Tras un análisis, la Corte declaró que «lo requerido por el ente investigador es notoriamente improcedente, porque debido a la forma en que se emitió el acto reclamado es evidente la vulneración de los derechos denunciados a los interponentes del amparo, pues se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al emitir ilegalmente órdenes de captura sin tener competencia, razón por la cual no aplica el principio aludido, debido a que a los terceros interesados a quienes también se les ordenó sus aprehensiones».
Rafael Curruchiche, fiscal de Guatemala. Foto:Archivo particular.
El embajador Velásquez reaccionó este lunes a la decisión de la Corte Suprema. «A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», resaltó el diplomático en su cuenta de X.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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