Por decisión unánime de la Sala Plena, la Corte Constitucional tumbó el Decreto 1474 de 2025, expedido bajo la ya hundida emergencia económica, y que gravó con IVA del 19 % a los licores y las apuestas en línea, además de reducir el umbral de los declarantes del impuesto al patrimonio a 2.000 millones de pesos.
Los ocho magistrados habilitados decidieron tumbarlo como consecuencia directa del hundimiento del decreto ‘madre’, el 1390 de 2025. La Corte consideró que este estado de excepción violaba la constitución al no responder a hechos sobrevinientes o imprevisibles que otorguen facultades extraordinarias al presidente.
En este caso, la Sala decidió sobre el decreto por el cual se adoptan las medidas tributarias con las cuales se buscaban recaudar 11 billones de pesos y ordenó que lo que se recaudó con estos impuestos (según algunos gremios más de 1 billón de pesos), sean devueltos.
Corte Constitucional. Foto:Cortesía
«Los impuestos indirectos pagados mientras el Decreto Legislativo 1474 de 2025 produjo efectos sean devueltos a los sujetos pasivos que materialmente hayan realizado el pago y así lo acrediten, para lo cual la DIAN aplicará, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia, los mecanismos legales existentes o dispondrá la adopción de uno específico para ese efecto, si fuere necesario», dice el flash informativo.
El alto tribunal también pidió que se respete lo que ya quedó definido. Es decir, que no se cambien las situaciones de los contribuyentes que, mientras el decreto estuvo vigente, cumplieron los requisitos y accedieron a esos beneficios tributarios.
Corte Constitucional Foto:Corte Constitucional
Los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Héctor Carvajal aclararon su voto y el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar no participó en la decisión pues prosperó el impedimento en su contra.
Por este decreto hubo una ruptura entre el Ejecutivo y los mandatarios locales, quienes incluso llegaron a plantear un desacato colectivo a esta norma, que consideraban inconstitucional y lesiva para las finanzas territoriales, dado que buena parte de sus ingresos depende de la industria licorera.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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