Durante las últimas horas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que la cárcel de Itagüí (Antioquia) permanece sin el servicio de cámaras de vigilancia al interior de la prisión desde hace tres años. Aunque los elementos están instalados en el penal, los mismos no funcionan y, por ende, ninguna autoridad administrativa o judicial puede conocer con plenitud lo que sucede en este lugar que ha sido foco de titulares de prensa desde la semana pasada.
El pasado 8 de abril, el cantante vallenato Nelson Velásquez ingresó en camionetas a la cárcel de Itagüí con una serie de acompañantes para celebrar una parranda en la estructura primera del lugar, donde se encontraban, entre otros internos, criminales miembros de la Mesa de Paz que negocian acuerdos con el gobierno nacional. Velásquez, así como su equipo, ingresó sin permiso de alguna autoridad, y permaneció durante el día en una fiesta en la que hubo whiskey, drogas, prostitutas y hasta parrillas para asar carne.
Según ha explicado el Inpec, desde 2023 se ha solicitado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la renovación del sistema de cámaras, debido al deterioro progresivo de los equipos. La Uspec es una entidad hermana del Inpec, cuya misionalidad es administrar los recursos del sistema penitenciario. Es decir, la ejecución presupuestal depende en mayor medida de esta institución.
El cantante Nelson Velásquez se presentó en la parranda vallenata de la cárcel de Itagüí. Foto:Redes sociales
La ausencia de vigilancia a través de cámaras de video tiene en jaque las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, las cuales buscan establecer, en el marco de las competencias penales y disciplinarias, respectivamente, responsabilidades por el ingreso irregular del artista y la realización del evento dentro del pabellón de máxima seguridad.
Ello porque, sin registro en video, no hay manera de evidenciar ante una autoridad una hipótesis palpable sobre lo sucedido. Esta ausencia obliga a los investigadores a buscar evidencia gráfica entre otras fuentes y recurrir a prueba testimonial para sostener los casos.
EL TIEMPO consultó a la Uspec con respecto a la ausencia del funcionamiento de las cámaras y respondió que, como parte de la tarea de mejoramiento tecnológico, el año pasado la entidad suscribió un contrato para la modernización de las cámaras en cuatro establecimientos penitenciarios, entre los cuales se encuentra el de Itagüí. El contrato se suscribió por alrededor de $2.600 millones.
Nuevas imágenes de la parranda vallenata en cárcel de Itagüi. Foto:Captura de pantalla
Según respondió la entidad, las cámaras que se contrataron cuenta con tecnología de inteligencia artificial, entre “otras novedades de innovación para la seguridad electrónica”. En la cárcel de Itagüí se están instalando un total de 36 cámaras, las cuales estarían operativas finalizando este mes.
Ahora bien, las imágenes que evidencian la entrada del cantante a la cárcel y que fueron difundidas por la concejal de Medellín y exfiscal Claudia Carrasquilla, tienen su origen en cámaras de seguridad externas instaladas por la Alcaldía municipal y de registros ciudadanos. El Inpec, entonces, no cuenta con grabaciones internas que permitan reconstruir lo sucedido dentro del establecimiento.
La falta de registros en video impide establecer con precisión cómo se organizó la celebración, qué funcionarios habrían participado en la logística, cual habría sido la distribución de funciones o la omisión de las mismas, cuál fue la ruta de ingreso de equipos y el licor, o quién autorizó la actividad en el patio de máxima seguridad. Así las cosas, no existe evidencia audiovisual oficial sobre lo ocurrido durante la polémica celebración.
Como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía abrió una indagación para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido. Para empezar, está investigando a los guardias que se encontraban de turno ese día por el presunto delito de prevaricato, que es cuando un funcionario omite funciones o actúa de una forma distinta a lo que se espera por su cargo. Además, otra línea de investigación está relacionada con el posible enriquecimiento ilícito de Velásquez, por cuenta del origen del dinero que recibió.
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo
Este diario también reveló el oficio de cuatro páginas con en el que la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia asumió la investigación disciplinaria en contra de 11 funcionarios del Inpec que habrían permitido el ingreso del cantante Velásquez.
“Dicho asunto ha tenido impacto social y ha generado connotación especial ante la opinión pública con alcance nacional, lo cual es de público conocimiento en redes sociales y en medios de comunicación, quienes han difundido la noticia», explicó la Procuraduría, al tomar poder preferente del asunto y, así, tomar la investigación disciplinaria por encima de la oficina de instrucción del Inpec.
Elementos incautados tras la parranda vallenata de Nelson Velásquez. Foto:Inpec
Por esos hechos, la semana pasada el Inpec les abrió una indagación interna a 11 funcionarios: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, para la fecha director encargado de la cárcel.
Sobre las últimas decisiones gubernamentales, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que se suspendía temporalmente la mesa de diálogos sociojurídicos que se sostenía en esa cárcel con varios capos del Valle de Aburrá. Asimismo, el presidente Gustavo Petro ordenó trasladar a los responsables de este escándalo en el sistema penitenciario.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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