Durante su intervención ante el Concejo distrital, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, aseguró que la política de seguridad de la ciudad se basa en evidencia, ajustes estratégicos permanentes y un enfoque integral que combina prevención, control, tecnología y acceso a la justicia.
El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, en debate político en el Concejo. Foto:Alcaldía de Cali
En ese contexto, afirmó que el debate sobre la seguridad debe darse desde criterios técnicos y no ideológicos. “Cuando se toman decisiones sin datos, se cometen errores. Por eso nuestra apuesta es técnica, objetiva y basada en evidencia”, señaló.
El funcionario destacó su experiencia en la Administración distrital y en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, subrayando que las decisiones actuales responden a diagnósticos construidos en el tiempo. Asimismo, recordó que Cali ha enfrentado fenómenos de violencia durante más de 30 años, lo que exige políticas sostenidas y de largo plazo.
En ese sentido dijo que la ciudad cuenta con una Política Pública de Seguridad proyectada a 10 años, articulada con el Plan de Desarrollo y el PISCCJ, lo que permite dar continuidad a las acciones y evitar improvisaciones.
Garcés también precisó que, «si bien persisten retos, Cali no es la ciudad más violenta del país y el fenómeno debe entenderse en su contexto regional». Indicó que al menos 27 municipios del Valle del Cauca registran tasas de homicidio superiores, lo que permite dimensionar mejor la problemática.
El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, en debate político en el Concejo. Foto:Alcaldía de Cali
El secretario recordó, además, que durante décadas, la ciudad ha estado incluida en la clasificación internacional de las 50 ciudades más violentas, lo que refuerza la necesidad de mantener estrategias consistentes. En ese marco, mencionó casos como Medellín y San Pedro Sula (Honduras), donde la reducción de la violencia ha sido resultado de procesos sostenidos en el tiempo con elementos de disuasión y focalización.
La estrategia
Según el funcionario, la estrategia de seguridad mantiene una línea estructural, pero ajusta sus tácticas de acuerdo con las dinámicas del territorio. “No se trata de improvisar, sino de adaptar las acciones a realidades cambiantes”, afirmó.
En materia de inversión, destacó recursos superiores a los 35.000 millones de pesos para el fortalecimiento de capacidades institucionales y cerca de 30.000 millones en sistemas de videovigilancia.
Añadió que se trata de un esfuerzo sostenido y proyectado a largo plazo y que mayores niveles de inversión no siempre generan resultados inmediatos en indicadores como el homicidio.
Estrategia integral y sostenida
En el componente tecnológico, resaltó la integración de cámaras de seguridad vial al sistema de videovigilancia (Sive), lo que mejora la capacidad de monitoreo y respuesta.
Explicó que la administración del alcalde Alejandro Eder, recibió un sistema donde se podían visualizar 3 de cada 10 cámaras: hoy ya se logran visualizar 8 de cada 10.
Sobre el tema de prevención de violencia en jóvenes, explicó que el Distrito trabaja desde diferentes secretarías para ello. Resaltó que el programa ‘En La Buena’ se focaliza en los jóvenes que están en riesgo, y ha logrado beneficiar a más de 3.400 de los 27 barrios más complicados en materia de seguridad.
Como conclusión del debate, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali planteó la necesidad de definir el modelo de ciudad que se quiere construir: una donde se flexibilice el cumplimiento de las normas, o donde su respeto permita mejorar la seguridad y la calidad de vida.
Reiteró que Cali cuenta con una estrategia sólida para enfrentar la violencia, basada en la continuidad, la evidencia y el fortalecimiento institucional.
La seguridad de Cali, en datos
«Los recursos asignados a la política pública, con corte al 31 de marzo de 2026, se han ejecutado en un 19 %, reflejados en más capacidad, acciones de prevención y justicia», afirmó Garcés.
Al cierre de 2025, el índice que evalúa el cumplimiento de los objetivos de la política obtuvo un 92,3 %.
«Gracias al trabajo articulado junto a la Policía Metropolitana, en lo corrido de 2026, Cali registra una reducción sostenida en las diferentes modalidades de hurtos: hurto a comercio -45,5%; hurto a automotores -40,3%; hurto a personas -7,9%; esto en comparación con las cifras de 2025», dijo el secretario de Seguridad distrital.
Cali ha aumentado los resultados del trabajo operativo en territorio gracias a la articulación permanente con la Fuerza Pública.
«En estos 27 meses de gobierno del alcalde Alejandro Eder, se han logrado 14.603 capturas, frente a 11.551 del mismo periodo de la administración pasada», sostuvo el funcionario.
«El número de homicidios en Cali continúa siendo menor, en comparación al mismo periodo (27 meses) de ocho administraciones anteriores.
«Los homicidios se siguen presentado principalmente por micro-tráfico, disputas entre personas al margen de la ley y riñas.
«En cuanto al estado de visualización de las cámaras de videovigilancia de la ciudad, en 2024 se recibió un sistema que funcionaba en un 32%. Actualmente, gracias a la inversión y al trabajo de las cuadrillas de reparación, se encuentra en un 81% de visualización.
«La política pública de seguridad y convivencia también tiene en cuenta un trabajo decidido en prevención de violencia con el programa ‘En la buena’: se ha logrado impactar positivamente la vida de más de 3.426 jóvenes que hacen parte de sectores vulnerables de Cali.
En cuanto al trabajo por la protección del espacio público, entre 2025 y 2026 se realizaron unas 2667 intervenciones, recuperando más de 527.000 metros cuadrados en zona urbana y rural de la ciudad. El equipo de Control a Invasiones avanza semanalmente con diferentes acciones.
‘La prioridad es bajar los homicidios’
Para los concejales, la prioridad debe ser frenar la ola de homicidios que vive la capital del Valle del Cauca, determinar los factores que generan violencia en los territorios y focalizar la inversión tanto en seguridad y la inversión social, para evitar que la juventud caleña siga colocando los muertos.
El concejal Fabio Arroyave cuestionó la corresponsabilidad del Gobierno Nacional en la crisis de seguridad de Cali y exigió claridad sobre la inversión real en el territorio. Enfatizó en que la inseguridad no es solo un reto local, sino un fenómeno alimentado por el narcotráfico y el microtráfico.
Para el concejal Edison Alberto Giraldo, el país atraviesa su año más violento de la última década, debido a la presión y presencia que hacen grupos armados en Cali y su área de influencia. Por ello, exigió a la Secretaría de Seguridad cifras claras sobre el reclutamiento de menores y una estrategia contundente contra el microtráfico.
Entre tanto, el concejal Carlos Ariel Patiño Moya, advirtió que la seguridad de Cali no se mejora con acciones aisladas, sino con una verdadera articulación de todas las dependencias del distrito especial. Recalcó que, sin un control efectivo del territorio y una prevención social del delito que involucre recursos de toda la administración, no habrá resultados sostenibles. “Es urgente que la Secretaría de Seguridad identifique fallas estructurales y lidere una gobernanza integral para proteger a los caleños”, expresó Patiño.
La concejal Tania Fernández solicitó claridad sobre lo tratado en el consejo de seguridad, posterior a la marcha de las antorchas y las medidas adoptadas para prevenir nuevos desmanes sobre la estructura pública. Mientras que el concejal Sergio Mauricio Zamora Betancur, instó al secretario de Seguridad, a responder formalmente la denuncia pública ciudadana realizada por parte de un morador del Corregimiento de La Leonera, quien mencionó la contaminación de la cuenca del río Felidia y río Cali, debido a la presencia de una nueva veta de oro allí en la vuelta de occidente.
La presidenta del Concejo, Daniella Plaza, informó que el debate a la estrategia de seguridad continuará el próximo lunes 13 de abril a las 10 de la mañana. No obstante, permitió que Javier Garcés Mosquera, respondiera sobre las medidas adoptadas en el Consejo de Seguridad, para evitar, prevenir y atender cualquier tipo de alteración al orden público en los territorios, especialmente cuando se trata de marchas o protestas avisadas.
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