“El que espabila, pierde”, reza el viejo dicho que advierte sobre la necesidad de estar alerta ante cualquier riesgo. Hoy, esa frase parece cobrar más vigencia que nunca en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla.
Y no es para menos. En este territorio, el robo de tierras dejó de ser un hecho aislado o reciente para convertirse en una problemática que parece fuera de control. La presencia de organizaciones especializadas en la invasión de predios ya no es un secreto: actúan sin distinguir entre terrenos públicos o privados, ocupándolos como si fueran propios.
Lo que en estos momentos está claro, es que detrás de cada invasión hay estructuras que operan con método, engañan a familias y aprovechan vacíos de control en un municipio que creció sin orden.
Este patrón se repite hoy en distintos puntos del municipio, incluso en predios destinados a proyectos clave para la comunidad: hospitales, subestaciones eléctricas, comando de Policía, parques, canchas, o colegios.
Un negocio que se instala donde puede
En Soledad, las invasiones ya no distinguen entre lo público y lo privado. Los terrenos destinados a obras oficiales, así como lotes de particulares, han sido ocupados bajo la misma lógica: invadir, lotear y vender.
EL TIEMPO conoció que espacios cercanos al aeropuerto Ernesto Cortissoz, predios del municipio proyectados para la ampliación de un hospital o la construcción de infraestructura eléctrica, rondas de peligrosos arroyos e incluso terrenos asignados a la Policía Metropolitana, han sido blanco de estas acciones.
Detrás de estas ocupaciones hay estructuras criminales que controlan el negocio del robo de tierras. Foto:Alcaldía
La situación no es fácil de dimensionar. Pese a los esfuerzos diarios, las propias autoridades reconocen que no existe un registro preciso de cuántos predios han sido ocupados de manera ilegal.
El secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, en diálogo con EL TIEMPO lo plantea en términos claros:
“Lamentablemente, nuestro municipio ha venido creciendo de manera desorganizada y desproporcionada. Eso ha facilitado que se presenten ocupaciones ilegales tanto en espacios públicos como privados”.
Ese crecimiento sin control ha abierto la puerta a un negocio que hoy se mueve con rapidez. En muchos casos, los terrenos son parcelados y vendidos a familias que desconocen su origen irregular.
La operación “Gaia”, realizada en 2025, como lo reveló EL TIEMPO, dejó ver el alcance de estas redes. Diecisiete personas fueron capturadas, entre ellas varios funcionarios y exfuncionarios. La investigación reveló la apropiación ilegal de más de 277 mil metros cuadrados de tierra, con un valor cercano a los 22 mil millones de pesos.
Pero más allá de las cifras, el impacto se refleja en las familias afectadas. Muchos de los terrenos estaban destinados a proyectos sociales. Aun así, fueron vendidos de forma irregular, dejando a cientos de personas en condición de vulnerabilidad.
Operativos sin rostro visible
Cuando las autoridades intervienen, el escenario suele ser el mismo. Hay construcciones en curso, materiales en sitio y personas trabajando. Sin embargo, quienes dicen ser propietarios no aparecen.
Esa ausencia se ha vuelto parte del mecanismo.
Los operativos terminan enfrentando a quienes están construyendo o a quienes compraron, muchas veces sin saber que se trataba de una estafa.
El secretario Valencia relató una de estas situaciones:
“Durante una visita que hice en Semana Santa encontré personas construyendo. Se les advirtió que no podían continuar, porque el predio tenía irregularidades. Sin embargo, siguieron trabajando. Tuvimos que regresar con una inspectora para suspender formalmente la obra”.
El municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. Foto:Archivo/EL TIEMPO
El avance suele darse en etapas cortas, casi imperceptibles. Primero se limpia el terreno. Luego se rellena. Después aparecen las primeras estructuras.
“Hemos visto que comienzan poco a poco. Un día hacen limpieza, al siguiente empiezan a rellenar. Cuando intervenimos, los responsables no están. Son organizaciones que actúan rápido y aprovechan cualquier descuido”, explicó.
Esa dinámica dificulta el control. Cuando la autoridad llega, el proceso ya está en marcha y hay terceros involucrados.
La presión criminal
Una parte de estas ocupaciones ocurre en zonas que no son aptas para vivir. Áreas cercanas a arroyos o terrenos atravesados por torres de alta tensión se han convertido en puntos frecuentes de invasión.
En el barrio Ríos de Agua Viva, por ejemplo, se detectaron construcciones en un sector con alto riesgo eléctrico. Las autoridades intervinieron y sellaron las obras, pero la presión por ocupar esos espacios continúa.
Terrenos cerca a la pista del aeropuerto que estaban preparando para invadir. Foto:Alcaldía
A pesar de los operativos, el fenómeno sigue activo. La Secretaría de Gobierno, junto con la Policía y otras dependencias, realiza controles constantes, pero reconoce que la magnitud del problema supera la capacidad de respuesta.
“Son muchos los predios comprometidos. Es un trabajo permanente. Todos los días hacemos visitas y controles para evitar que se sigan levantando construcciones ilegales”, señaló Valencia.
Incluso terrenos estratégicos han sido intervenidos. El lote destinado a la ampliación del hospital materno infantil y el espacio proyectado para una subestación eléctrica han requerido operativos con presencia de la fuerza pública para frenar intentos de ocupación.
En el sector del arroyo Platanal, donde se proyecta un comando de la Policía Metropolitana, ya se han implementado medidas especiales de vigilancia para evitar nuevas invasiones.
Una red que sigue operando
Las investigaciones apuntan a que detrás de estas acciones hay estructuras organizadas. No se trata de ocupaciones espontáneas, sino de redes que combinan presión, engaño y control territorial.
Bandas como Los Pepes y Los Costeños aparecen vinculadas a estos procesos, utilizando mecanismos como la intimidación y la extorsión para asegurar el dominio de los predios.
El secretario de Gobierno lo resume así: “detrás de quienes aparecen como supuestos dueños hay organizaciones criminales que operan en el municipio y en el área metropolitana. Ellos son los que realmente controlan estas ocupaciones”.
Ese entramado permite que el negocio se mantenga activo. Mientras unos ocupan, otros venden. Y en medio, las víctimas quedan expuestas.
Las autoridades insisten en que continuarán los operativos y que las denuncias ya están en manos de la Fiscalía. Algunos responsables han sido capturados, pero el fenómeno persiste.
El crecimiento desordenado del municipio, sumado a la acción de redes criminales, mantiene abierto el escenario.
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Le tengo el remedio. Foto:
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