“Llevamos más de siete años con un crecimiento sostenido de este flagelo. Los negocios no están abriendo y muchos están cerrando por miedo”. Con esta frase, Orlando Jiménez, vicepresidente de Undeco, resume una crisis que ya no se mide solo en denuncias, sino en calles cada vez más vacías de comercio y en una economía barrial que pierde terreno frente a la presión criminal.
La extorsión en Barranquilla y su área metropolitana dejó de ser un delito puntual para convertirse en una práctica que condiciona la actividad económica. Comerciantes pequeños, tenderos y dueños de negocios operan bajo una lógica de pago obligatorio, en la que negarse puede significar amenazas, ataques o el cierre definitivo.
Las cifras refuerzan esa percepción. Durante los últimos años, al menos 400 micro y pequeños establecimientos cerraron en Barranquilla, Soledad y Malambo. De estos, cerca de 200 eran tiendas de barrio, es decir, puntos clave para el abastecimiento y la dinámica económica de sectores populares.
Pero el dato más revelador no está en los cierres, sino en lo que no se denuncia. EL TIEMPO conoció que entre el 70 % y el 80 % de los comerciantes afectados por extorsión no acuden a las autoridades.
“Muchos prefieren pagar. No denuncian porque los amenazan a ellos, a sus familias, a sus empleados. Hay casos en los que intentan incendiar los negocios o disparan contra las fachadas para presionar”, explica Jiménez.
Este subregistro distorsiona cualquier intento de medir la magnitud real del fenómeno. Aunque las autoridades reportan una disminución en las denuncias durante 2026, la percepción en los barrios es distinta: la presión se mantiene y, en algunos sectores, incluso se intensifica.
Barrios donde el comercio desaparece
El impacto de la extorsión se refleja con mayor claridad en zonas específicas. En el sector de Villa Blanca, en el suroccidente de Barranquilla, por ejemplo, la presión de grupos criminales llevó al cierre de casi todas las tiendas, le contó un líder comunitario al corresponsal de EL TIEMPO.
El barrio Chiquinquirá está localizado en la localidad Suroriente de la ciudad. Foto:Agencia Kronos
Hace apenas unos días, la última que seguía operando estuvo a punto de cerrar tras recibir exigencias económicas de hasta tres bandas distintas. Las demás ya habían desaparecido bajo el mismo esquema de presión.
El Gaula incrementó la presencia de hombres en el área metropolitana de Barranquilla. Foto:Policía Metropolitana de Barranquilla
La situación no solo implica cierres. También ha frenado la creación de nuevos negocios.
“Hoy en día usted no ve que se estén abriendo tiendas. La gente no quiere invertir porque sabe que va a tener que pagar. Y eso hace inviable cualquier emprendimiento pequeño”, señala Jiménez.
En barrios tradicionales como Chiquinquirá, Montes y San Roque, en el centro de Barranquilla, el panorama es similar. En estos sectores se llegó a registrar el cierre de al menos 40 tiendas, lo que ha transformado la dinámica económica local.
Un sistema de cobro que se expande
Para expertos en seguridad, la extorsión funciona hoy como una de las principales fuentes de financiamiento de las estructuras criminales.
El analista Alejandro Blanco lo describe como un “impuesto criminal” que no solo genera ingresos, sino que también permite sostener otras actividades ilegales como el sicariato y el control territorial.
Otra tienda del sector que cerró está en la carrera 33 con calle 43. Foto:Agencia Kronos
Este sistema opera con múltiples actores. Aunque bandas como Los Costeños y Los Pepes son señaladas como protagonistas, también hay delincuentes comunes que utilizan sus nombres para intimidar y extorsionar.
“Hay mucha gente que no pertenece a esas bandas, pero se hace pasar por ellas. El comerciante no tiene cómo saberlo, y termina pagando igual”, advierte Jiménez.
El resultado es un esquema fragmentado, en el que un mismo negocio puede recibir exigencias de varios grupos al mismo tiempo, elevando la presión económica y el riesgo.
Violencia como mecanismo de presión
Las formas de extorsión han evolucionado. Ya no se limitan a llamadas o panfletos. En los últimos años se han vuelto más visibles y violentas.
“Han intentado prenderle fuego a negocios, disparan contra las fachadas. Eso no es nuevo, pero en los últimos meses se ha vuelto más frecuente”, señala Jiménez.
Uno de los casos recientes ocurrió cuando desconocidos intentaron incendiar una tienda, situación que fue contenida por un habitante del sector antes de que el fuego se extendiera.
Estos hechos no son aislados. Funcionan como mensajes para quienes dudan en pagar.
A pesar del incremento en operativos y capturas, el fenómeno sigue activo. Uno de los factores que limita el impacto de estas acciones es la alta tasa de liberación de los detenidos.
El Gaula de la Policía mantiene campañas contra la extorsión. Foto:Policía
Según el Ministerio de Defensa, cerca del 90 % de los capturados en flagrancia por extorsión recuperan la libertad, lo que permite que el ciclo delictivo continúe.
Aunque el Gaula ha fortalecido su presencia, pasando de 50 a más de 120 efectivos en el área metropolitana, el problema persiste.
“Las autoridades están trabajando, eso hay que reconocerlo. Pero esto creció tanto, echó tantas raíces, que se necesita mucho más para poder controlarlo”, afirma Jiménez.
El efecto final de este fenómeno se siente en la economía cotidiana. Los negocios no solo cierran, sino que pierden valor.
Locales que antes se vendían en 60 u 80 millones de pesos hoy se ofrecen por la mitad o menos, y en muchos casos no encuentran compradores debido al riesgo asociado.
A esto se suma la presión constante que enfrentan quienes deciden seguir operando.
“Muchos pagan porque sienten que no tienen otra opción. El miedo está ahí, y eso es lo que termina sosteniendo todo este sistema”, concluye Jiménez.
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