El ajuste del valor del suelo de los predios rurales que el Gobierno de Gustavo Petro hizo este año por cuenta del rezago que existía en algunos municipios del país generó en los últimos días una serie de protestas en diferentes departamentos como el de Santander y un paro nacional que terminó este martes con el acuerdo de revisar los diferentes avalúos.
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Paro de avalúo catastral Foto:ARCHIVO PARTICULAR
Y es que como en promedio la desactualización de Colombia era de 16 años, incluso en algunas zonas rurales llegaba a 20 y hasta 30 años, una situación que permitía que los predios paguen un valor menor al comercial, el Gobierno tomó la decisión de hacer por una única vez un ajuste automático masivo, algo facultado por el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo.
Por ello, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) llevó a cabo en diciembre del 2025 una actualización de valores del suelo en más de 1,9 millones de predios rurales situados en 520 municipios del país a través de unos modelos estadísticos.
Todos ellos no se habían actualizado en los últimos cinco años previos a la expedición de la ley del Plan, es decir, entre el 2018 y el 2023. Además, el año pasado otros 48 municipios hicieron parte de la fase piloto de este mecanismo. En total, con estas dos acciones se ajustó el avalúo de más de 2,1 millones de predios rurales, lo que supone el 31,6 por ciento del territorio.
“En el país hay cerca de 19,5 millones de predios y solo se hizo en 2,1 millones, es decir, solo lo aplicamos en alrededor del 10 por ciento del total. Ahora cerca del 70 por ciento del área de Colombia tiene valores del suelo actualizados”, le dijo a este medio Camila Baquero, subdirectora del Igac.
Los departamentos con más municipios actualizados en este proceso fueron Boyacá (81), Santander (68) y Nariño, seguido de Tolima (38), Cauca (31), Bolívar (26) y Huila (26). Igualmente, se hizo este proceso en otros como Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19), Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11).
Por ejemplo, en Boyacá quedaron actualizados a través de este mecanismo algunos municipios como Chivor, Aquitania, Briceño, Jericó, Cómbita, Duitama, Villa de Leyva, Paipa, Ráquira, Samacá, Sutamarchán o Tota.
En Santander, que fue uno de los departamentos en el que se registraron más protestas, están otros como Albania, Florián, Lebrija, Gámbita, Barbosa, San Gil, Barichara y Charalá, entre otros; en Nariño destacan El Peñol, Ipiales, Puerres y Pupiales; en Caldas están algunos como Palestina, La Dorada, Salamina; en Magdalena otros como Salamina, Plato o Concordia; en Norte de Santander destacan Ocaña, Pamplona, Salazar; y en Cundinamarca: Ricaurte, Choachí, La Vega, Madrid, Funza o Sibaté, entre otros.
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Firma del acta para finalizar paro por avalúo catastral Foto:Gobernación de Santander
Adicional a ello, alrededor de 80 municipios fueron ajustados por los diferentes gestores catastrales. Por ejemplo, Antioquia se encargó de 52 municipios, Valle del Cauca de 21 y Asomunicipios de 10 en el Norte de Santander.
Lo que generó
La actualización masiva de valores llevó en los últimos días a que se generaran protestas entre las diferentes personas a las que se les actualizó su avalúo y cuando les llegó el pago del impuesto predial se asustaron con incrementos de 100, 200 o incluso 1.000 y hasta 2.500.000 por ciento, en algunos casos.
“Este último caso fue el de Saravena. Sin embargo, lo que no se conoce es que en esa zona cada hectárea costaba 191 pesos y ahora vale 4,8 millones. Antes su valor era realmente bajo”, añadió la subdirectora del Igac.
Esta situación sucede porque el valor del avalúo catastral, el cual determina el Igac o los diferentes gestores catastrales, es lo que toman de referencia las alcaldías a través de su consejo municipal para calcular el impuesto predial. Por ello, el propio presidente Gustavo Petro les dijo hace unos días a los mandatarios locales que si no presentaban iniciativas de acuerdo con los dueños de los predios podría destituirles, una afirmación que fue rechazada tanto por Asocapitales como por Fedemunicipios. “Los mandatarios locales no están actuando por interés propio sino en el marco del cumplimiento del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que ordenó la actualización”, señalaron.
El problema, según reclamaron algunos expertos y alcaldes, es que como la resolución del Gobierno salió el 30 de diciembre del 2025 no hubo tiempo para determinar ninguna gradualidad en los pagos de ese aumento o la exoneración, si hubiere sido el caso.
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El exministro de Agricultura Andrés Valencia cuestiona que no hubo una transición clara. “¿Se evaluó la capacidad de pago del campesino? ¿Se socializó la metodología? ¿Se advirtió sobre los efectos tributarios colaterales, como el impuesto al patrimonio? Nada de esto parece haber sido central en la implementación”, asegura.
Lo que sí indican desde el Gobierno es que la Ley 1955 de 2019 establece unos límites que las alcaldías no deben saltarse, pues establece que el predial no puede aumentar más del 50 por ciento respecto al año anterior en predios rurales menores de 100 hectáreas. Ello significa que si una persona pagó 50.000 pesos en el 2025 el próximo año no podrá dar más de 75.000.
Trabajadores del Igac miden predios para implementar el catastro multipropósito. Foto:Sergio Acero/El Tiempo
“Estos son topes máximos, no obligaciones. Este es el punto crítico: los municipios pueden modular el impacto y optar por incrementos graduales, alineados con la realidad económica. Pero también pueden ceder a la tentación de maximizar ingresos fiscales, aprovechando el nuevo avalúo”, añadió Valencia.
Además, la máxima autoridad catastral destacó que luego del ajuste para reducir el rezago el 75,7 por ciento de los predios quedaron con un valor catastral menor a 50 millones de pesos.
¿Qué falta?
Tras dos días de diálogo con los voceros de las movilizaciones, las partes acordaron la instalación de mesas regionales en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar en un plazo máximo de dos semanas. Estas tendrán el propósito de avanzar en la revisión técnica de los procesos catastrales e identificar posibles inconsistencias en la aplicación de la metodología.
Gustavo Marulanda, director del Igac. Foto:Sergio Acero/El Tiempo
Posteriormente, en estos municipios también se tendría que hacer de manera gradual la actualización catastral con carácter multipropósito, la cual ya lleva más de 44 millones de hectáreas. Esto significa que el Igac se trasladaría a los predios para conocer la información física, jurídica y económica de cada uno. Debido a ello, Baquero cuenta que si encuentran que en un terreno hay una construcción el valor del avalúo podría elevarse.
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En la actualidad, se identifican 755 municipios sin esta actualización catastral completa. De estos, 502 son en los que se aplicó el artículo 49 y en otros 253 no se ha hecho ninguna intervención. Por el momento, el Igac tiene programado visitar este año a 151 de ellos.
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