La Comisión VII del Senado aprobó en la mañana de este martes 21 de abril en su tercer debate la ley Jineth Bedoya Lima, que hace obligatoria la capacitación de los funcionarios públicos del país en violencia de género.
‘En nombre de ella, por todas nosotras’ es lo que decía el cartel que llenaba el recinto de la Comisión. Con la ley, explicó la representante Catherine Juvinao, quien es ponente de la iniciativa, se pretende “erradicar la violencia institucional basada en género, que son todas las violencias que sufren las mujeres víctimas de violencias basadas en género y que cuando van a las entidades del Estado a pedir ayudar, buscar justicia, se les revictimiza”.
Este proyecto, precisamente, acata un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano en el caso de Jineth Bedoya.
Ahora, la iniciativa, aprobada de manera unánime en esta célula legislativa, irá a la plenaria del Senado, donde deberá superar su último debate para convertirse en ley.
Más que una ley
Después de la aprobación, Jineth bedoya Lima, editora de género de EL TIEMPO, realizó una intervención en la cual resaltó la importancia de esta ley desde la experiencia personal: «Si los investigadores y los funcionarios públicos que hicieron parte de este proceso, hubieran tenido una formación en prevención de violencias basadas en género, yo no hubiera tenido que repetir una y otra vez la tortura de mi violación. Porque eso es lo que he padecido estos 26 años».
También, la periodista agradeció a los congresistas por la aprobación en este debate, recordando que este «no es un tema exclusivamente de mujeres».
La senadora Norma Hurtado, ponente de esta ley, explicó que no es proyecto cualquiera: es el primero en tomar medidas para la no repetición, la adecuada ejecución de procesos y la protección de la mujer en los escenarios institucionales. “Esta ley, que lideramos las mujeres de este congreso, va a permitir que personas, entidades e instituciones que ejercen la función pública, tengan que acoger el llamado para establecer la protección de los derechos de la mujer”, explicó.
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, exaltó el carácter obligatorio de las capacitaciones: “Es importante que la ley las estipula como una obligación. No es optativo, no es hacer por hacer. Se tienen que hacer las evaluaciones».
El compromiso del Estado con las mujeres
Las congresistas ponentes de este proyecto coinciden en que es indispensable que en Colombia exista una capacitación, formación y sensibilización a quienes hoy tienen en sus manos la atención de las víctimas, reconociendo la violencia institucional que existe hoy debido a la revictimización.
Los datos presentados durante el debate, exponen una paradoja que incomoda: el 35,4% de las mujeres víctimas de feminicidio habían sido valoradas previamente por Medicina Legal. Dicho de otro modo, el Estado las tuvo al frente y las «regresó con sus verdugos». Detrás de ese porcentaje hay más de 119 feminicidios, 46.000 casos de violencia intrafamiliar y 102.000 lesiones no fatales registradas en 2025.
«La sentencia que nos convoca en este proyecto, no es solamente una condena, es también un llamado de atención al Estado» dijo la senadora del partido Conservador, Nadia Blel, «nuestro Estado tiene que cambiar la forma en cómo aborda la violencia contra las mujeres».
El problema, además, se reproduce puertas adentro del Estado. La Procuraduría reporta que el 92% de las quejas por acoso laboral con componente de género nunca llega a pliego de cargos, y el 88% de los procesos por acoso termina archivado sin sanción. No es casualidad: las víctimas son aisladas, se les exige prueba imposible de conseguir y, en su mayoría, trabajan bajo contratos de prestación de servicios sin estabilidad ni protección. La estructura jerárquica, en la práctica, protege al agresor.
«Hoy tengo la posibilidad de dejar una ley que le de garantías a las mujeres en Colombia y, eso, es mi justicia», concluyó Bedoya en el estrado.
En desarrollo…
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