Mientras un nuevo ataque con drones contra la Fuerza Pública, que dejó tres soldados asesinados en Nariño, ponía en jaque la mesa de negociación con las disidencias de alias ‘Araña’ y ‘Walter Mendoza’, la prestigiosa ONG Amnistía Internacional hizo público este martes un crítico informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en medio de las negociaciones de la ‘paz total’.
Para Amnistía, el 2025 estuvo marcado por la persistencia de la violencia armada y las infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) a pesar de las negociaciones de paz y las ‘mesas sociojurídicas’ promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Fue un año especialmente doloroso para esta parte del mundo”, afirmó Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas de la organización, al referirse a la situación en países como Colombia y Venezuela.
El reporte advirtió que, aunque continuaron los diálogos entre el Gobierno y distintos grupos armados, los resultados fueron limitados y no se tradujeron en una reducción significativa del conflicto. En este contexto, las violaciones al derecho internacional humanitario se mantuvieron a lo largo del año. Además, Amnistía Internacional expresó preocupaciones sobre la política de ‘Paz total’, al señalar la falta de claridad sobre las garantías para las víctimas en las mesas de negociación y alertó sobre el aumento de los combates entre grupos armados no estatales, así como entre estos y la Fuerza Pública.
Camilo Vargas, encargado de campañas para Colombia de Amnistía Internacional, advirtió sobre la persistencia de la crisis de violencia en el país: “El país no encuentra la salida a su crisis de violencia y, en cambio, siguen produciéndose cientos de miles de nuevas víctimas de la violencia en Colombia”.
Al referirse a la respuesta estatal, Vargas cuestionó su alcance frente a la complejidad del conflicto: “Ese panorama debería llevar a un abordaje territorial, un abordaje que tenga presente esa complejidad, y no vemos que eso esté pasando. El conflicto se complejiza y las respuestas del Estado siguen quedando muy cortas”.
Unos datos
Para evidenciar la gravedad de la situación, el reporte cita al Comité Internacional de la Cruz Roja, que advirtió que, de continuar la tendencia, los indicadores humanitarios de 2025 habrían sido los peores de la última década, en buena medida por la crisis humanitaria desatada por el Eln en el Catatumbo, que dejó al menos 80 mil personas desplazadas y más de un centenar de asesinatos a pesar de que en ese momento, en teoría, estaba vigente la negociación de paz.
El blanco de la escalada de los ‘elenos’ fueron las disidencias de alias ‘Calarcá’, con las que hoy está vigente la mesa de diálogos a pesar de múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos y el DIH en medio de la ‘paz total’.
El año pasado, recuerda el informe de AI citando cifras de la ONG Codhes, hubo al menos 139 casos de desplazamiento forzado de carácter masivo que afectaron a por lo menos 90 mil personas (incluidos los hechos del Catatumbo). Los confinamientos forzados afectaron a unas 235 mil personas, según las mismas fuentes. Esas crisis humanitarias, dice Amnistía Internacional, “afectaron principalmente a poblaciones rurales» y comunidades indígenas y negras.
El informe analiza la situación de más de 130 países Foto:EL TIEMPO
Graves violaciones al DIH
El organismo internacional hace un recuento de las principales afectaciones a la población civil, como el desplazamiento forzado, el uso de artefactos explosivos y el reclutamiento de menores. Según cifras reportadas en el documento, el año pasado se registraron 196 hechos relacionados con el conflicto armado que afectaron directamente a unos 364.382 niños, niñas y adolescentes, de los cuales al menos 172 fueron víctimas de reclutamiento.
AI también reseña que los drones cargados de explosivos se han convertido en un arma de guerra en el conflicto colombiano.
Desplazamiento forzado
Foto:Archivo EL TIEMPO
El reporte también alerta sobre el aumento de la estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos. Sobre los hechos del Catatumbo, dice que «el presidente Petro declaró que las organizaciones de la sociedad civil estaban ‘subordinadas’ a los grupos armados que operan en la zona, y su gobierno se negó a rectificar cuando se le pidió que se retractase», dice el informe.
También exponen específicamente el caso del defensor de derechos humanos y oficial de Amnistía Yendri Velásquez, que fue atacado por sicarios en la entrada de su residencia en Bogotá en octubre del 2025. Velásquez había llegado al país huyendo de la represión en su país, Venezuela. Según Amnistía, existía un «ambiente hostil» en Colombia para la labor de los opositores al régimen de Nicolás Maduro.
En el ámbito judicial, el documento reconoce algunos avances en investigaciones por violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales, pero subraya que la impunidad persiste. También menciona casos emblemáticos que llevaban años sin resolverse y que recientemente han tenido decisiones judiciales.
Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió decisiones que AI califica de «históricas» en casos de secuestros y toma de rehenes de las Farc y de ‘falsos positivos’ de la Fuerza Pública. Aún así, el informe advierte sobre dificultades en la implementación de sanciones restaurativas y la continuidad de la impunidad en casos de violencia policial.
la lucha contra la violencia contra las mujeres. Foto:No es hora de callar. EL TIEMPO
Finalmente, se destaca que la crisis también impactó los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, con cifras elevadas de feminicidios y barreras en el acceso al aborto. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y septiembre se registraron 609 casos, lo que evidencia la persistencia de la violencia de género en el país.
A esto se suma, según Amnistía, un sistema de protección insuficiente para los más de 2,8 millones de venezolanos en Colombia, así como preocupaciones por el deterioro del sistema de salud. “La migración venezolana hacia Colombia no se había detenido, sino que persistía bajo modalidades de regularización migratoria temporales, inaccesibles para muchas personas y sin mecanismos de protección acordes con la realidad de quienes huían de Venezuela.”
Natalia Peláez Sabogal
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
Redacción Justicia
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