El millonario contrato estructurado por El Fondo Adaptación para intervenir la región de La Mojana, una de las zonas más vulnerables del país frente a inundaciones, se convirtió en el epicentro de un nuevo pulso político dentro del Gobierno. El proyecto, cuyo valor total supera el billón de pesos, no solo es una de las apuestas más ambiciosas en materia de gestión del riesgo, sino también el foco de denuncias cruzadas entre altos funcionarios.
En el centro del debate están la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. Mientras la primera ha advertido sobre posibles irregularidades, riesgos en la ejecución y presiones indebidas alrededor del contrato, el segundo niega cualquier señalamiento y asegura que se trata de una controversia sin sustento judicial.
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Un megaproyecto para transformar La Mojana
El contrato cuestionado hace parte de un programa integral para atender la crisis estructural de La Mojana, región que abarca territorios de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, afectada históricamente por inundaciones agravadas tras la ruptura del dique de Caregato en 2021.
Según información oficial obtenida por EL TIEMPO, el proyecto corresponde a las llamadas “dinámicas hídricas”, una estrategia técnica orientada a recuperar el equilibrio natural del sistema de ciénagas, caños y ríos, con el fin de reducir el riesgo de desbordamientos y mitigar desastres.
El alcance incluye intervenciones en infraestructura hidráulica, estudios ambientales, modelaciones técnicas y obras de contención. La magnitud del contrato explica su costo: más de un billón de pesos, dividido en múltiples contratos que rondan, en promedio, los 15.000 millones de pesos cada uno.
Este diseño por fases busca permitir la participación de distintos contratistas y facilitar la ejecución progresiva del proyecto, aunque también aumenta la complejidad en la supervisión y control de los recursos.
Cómo se distribuirían los recursos
Denuncias por presiones y pagos salpican megaproyecto clave del Fondo Adaptación en La Mojana. Foto:Cortesía
De acuerdo con lo estructurado inicialmente, los recursos del contrato se destinarían a varias líneas de acción:
- Obras hidráulicas: construcción y adecuación de diques, canales y sistemas de drenaje.
- Estudios técnicos: análisis hidrológicos y ambientales para definir intervenciones sostenibles.
- Recuperación ecológica: restauración de humedales y ecosistemas estratégicos.
- Monitoreo y tecnología: sistemas de seguimiento de niveles de agua y comportamiento de los ríos.
Este enfoque responde a una visión de largo plazo: no solo contener emergencias, sino transformar la relación entre las comunidades y el entorno hídrico.
Sin embargo, la ejecución de estos recursos ha sido uno de los puntos más críticos. Informes previos ya advertían niveles bajos de ejecución en proyectos relacionados con La Mojana, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad institucional para materializar estas inversiones.
Así lo han advertido líderes de la zona consultados por EL TIEMPO, quienes pidieron no revelar su identidad por temor. Aseguran que han tenido presiones por parte de funcionarios del Gobierno Nacional cada vez que emiten opiniones sobre la inversión.
“Han intentado dividir a la comunidad por opiniones, haciendo ver como malos a los que cuestionan y buenos a los que aplauden lo que se dice desde la UNGRD. Aquí hay problema de muchos años y lo triste es que usen nuestra situación como forma de lucrarse. Increíble que a quien busca cuidar el recurso público sea señalada”, expresó un miembro de la comunidad.
Las denuncias: pagos, presiones y supuestas coimas
Obras hidráulicas y estudios técnicos hacen parte del plan para recuperar el sistema hídrico. Foto:Cortesía
El contrato entró en el radar público tras una denuncia revelada por el director de la UNGRD, quien aseguró que un contratista habría sido víctima de una presunta exigencia ilegal para recibir pagos. Según esa versión, se le habría solicitado el 10 % del valor del contrato, alrededor de 2.000 millones de pesos, como condición para autorizar desembolsos.
A este señalamiento se suman las advertencias hechas por la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien ha manifestado públicamente su preocupación por posibles presiones indebidas sobre el proceso contractual, riesgos de direccionamiento en la ejecución de los recursos y eventuales irregularidades en la cadena de pagos. Según ha indicado, se trataría de situaciones que podrían comprometer la transparencia del proyecto y abrir la puerta a prácticas corruptas en un contrato de alto impacto social.
Rodríguez también ha insistido en la necesidad de reforzar los controles y garantizar trazabilidad en cada desembolso, advirtiendo que, dada la magnitud de los recursos, cualquier falla en la supervisión podría traducirse en pérdidas millonarias y en un impacto directo sobre las comunidades que dependen de estas obras para mitigar las inundaciones.
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La denuncia, que ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía, incluye menciones a reuniones informales y posibles intermediarios dentro del proceso contractual. Aunque no hay decisiones judiciales, el caso escaló rápidamente por el monto de los recursos involucrados y el contexto de escándalos recientes en el sector.
En paralelo, se han registrado movimientos internos en el Fondo Adaptación, incluyendo la salida de varios funcionarios vinculados a áreas contractuales y financieras, lo que ha intensificado las dudas sobre el manejo del proyecto.
Choque institucional y disputa por el control del proyecto
Choque entre funcionarios eleva tensión por control y ejecución de recursos en La Mojana. Foto:Archivo particular
El caso ha derivado en un enfrentamiento público entre los directivos de las entidades involucradas. Mientras Angie Rodríguez ha insistido en la necesidad de esclarecer posibles irregularidades y blindar el contrato frente a riesgos de corrupción, Carlos Carrillo ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una “tormenta mediática” sin pruebas.
El trasfondo del conflicto también pasa por el control de los proyectos estratégicos en La Mojana, una región donde confluyen intereses técnicos, políticos y presupuestales.
Además, el Fondo Adaptación y la UNGRD cumplen roles distintos pero complementarios: el primero enfocado en reconstrucción y adaptación, y el segundo en atención de emergencias. Esta superposición ha generado tensiones en la ejecución de proyectos de gran escala.
Un contrato clave bajo la lupa
Comunidades esperan soluciones mientras crecen dudas sobre manejo del millonario contrato. Foto:Gestión del Riesgo del municipio de Guaranda, Sucre
Más allá del choque político, el contrato de La Mojana representa una de las inversiones más relevantes del Estado en gestión del riesgo en los últimos años. Su éxito o fracaso tendrá impacto directo en miles de familias que viven en zonas inundables.
Por ahora, el proceso sigue en ejecución y bajo observación de los entes de control. La Fiscalía deberá determinar si existen irregularidades en los pagos o en la gestión contractual.
Lo cierto es que el caso deja al descubierto los retos estructurales de los megaproyectos públicos en Colombia: altos montos, múltiples actores, complejidad técnica y riesgos de corrupción.
En medio de ese panorama, La Mojana sigue esperando soluciones concretas. Y el país, respuestas claras sobre cómo se administran los recursos destinados a evitar nuevas tragedias.
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