Las acciones de tutela para reclamar la protección del derecho a la salud en Colombia aumentaron alrededor de un 18 % entre 2024 y 2025, según un reciente diagnóstico presentado por la Defensoría del Pueblo, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026. La entidad advirtió que este mecanismo sigue siendo una de las principales vías para acceder a servicios médicos en el país.
De acuerdo con el informe del órgano de control, en 2024 se registraron más de 265.000 tutelas relacionadas con salud, mientras que en 2025 la cifra ascendió a cerca de 312.500, lo que representa un incremento cercano a 47.500 casos. Actualmente, estas acciones para acceder a la salud equivalen al 34 % del total de tutelas presentadas en Colombia.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que el aumento en los números refleja problemas persistentes en el acceso efectivo a los servicios médicos. “Queremos aportar una mirada técnica, rigurosa y propositiva para resolver las problemáticas que afectan a la población. Hemos advertido la urgencia de garantizar el acceso a medicamentos y citas, especialmente en zonas rurales”, señaló.
La EPS Coosalud fue intervenida en noviembre de 2024. Foto:Supersalud
La funcionaria también insistió en la necesidad de avanzar en cambios estructurales al sistema de salud que permitan superar las barreras existentes. En ese sentido, aseguró que “la tutela sigue siendo una herramienta fundamental para proteger el derecho a la salud”, aunque su uso masivo evidencia dificultades en la prestación oportuna de los servicios.
Según el diagnóstico presentado por la Defensoría, las cifras confirman que miles de personas continúan recurriendo a la justicia como la única alternativa para acceder a tratamientos, medicamentos y atención médica especializada en diferentes regiones del país.
“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta, en la garantía de la oportunidad y en la continuidad de la atención”, aseguró Marín Ortiz.
La alta tasa de fallos favorables en este tipo de acciones también llamó la atención del organismo de control. “La alta tasa de concesión de estas acciones, cercana al 74,3 %, demuestra que en la mayoría de los casos existe una vulneración real de derechos”, agregó la defensora.
Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo. Foto:Archivo Particular
El informe también evidenció profundas desigualdades territoriales en el acceso a la justicia y a los servicios de salud. Mientras algunas regiones concentran altos niveles de judicialización, en zonas con mayores índices de pobreza la baja cantidad de tutelas no refleja mejores condiciones, sino mayores barreras estructurales para reclamar derechos.
En departamentos con altos niveles de pobreza como Vichada, La Guajira y Chocó se registran las tasas más bajas de tutelas en salud, lo que sugiere dificultades adicionales para acceder tanto a los servicios médicos como a los mecanismos judiciales, como lo explicó la Defensoría.
En cuanto a los diagnósticos más frecuentes asociados a estas acciones, las enfermedades del sistema circulatorio encabezan la lista con el 12,2 %, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. Entre los casos más recurrentes aparece la hipertensión, así como trastornos mentales como ansiedad, autismo y depresión.
La Defensoría también advirtió que enfermedades de mayor complejidad como el cáncer, patologías neurológicas graves y hasta la epilepsia severa están “sobrerrepresentadas” en las tutelas y tienen costos de atención en promedio 20 % superiores frente a la atención general, lo que evidencia mayores barreras para acceder a tratamientos especializados.
Finalmente, el organismo alertó que el 39,57 % de las tutelas en salud corresponde a sujetos de especial protección constitucional, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes con enfermedades graves. En este contexto, la entidad reiteró la necesidad de avanzar en una reforma estructural al sistema para garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud y reducir la dependencia de la tutela como mecanismo principal de atención.
Jhoan Sebastian Cote Lozano
jhocot@eltiempo.com
@SebasCote95 en X
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