Un tribunal de arbitramento resolvió este viernes una nueva controversia entre el operador del relleno sanitario Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR Doña Juana), y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
En el laudo arbitral, que consta de 1.042 folios, se declaran responsabilidades contractuales de la entidad distrital y se ordena el pago de indemnizaciones derivadas de la ejecución del contrato de concesión. Todo indica que ahora será el Consejo de Estado el que tendrá que tendrá la última palabra sobre este nuevo litigio entre las dos partes, como ocurrió con el fallo de 2023.
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Cabe recordar, como lo reveló ELTIEMPO.COM, las pretensiones del consorcio operador del relleno sanitario ascienden a 330.932 millones de pesos, incluyendo la actualización de las sumas demandadas. No obstante, la decisión les estaría reconociendo un mayor valor, incluso, se habla demás de 400.000 millones de pesos.
El fallo retoma elementos ya definidos en el laudo arbitral de 2023, en el que se estableció que la Unidad Administrativa Especial incurrió en incumplimientos relacionados con la estructuración y ejecución del contrato, particularmente, en lo referente a la información suministrada en la etapa precontractual y a la remuneración del concesionario por el tratamiento de lixiviados.
Básicamente, como lo reveló este jueves EL TIEMPO.COM, el operador argumenta que durante la ejecución del contrato asumió costos, gastos e inversiones que no fueron cubiertos en la remuneración pactada.
El relleno Doña Juana se encuentra dentro de un gran terreno de de 596 hectáreas. Foto:CGR
Según el tribunal de arbitramento, estas fallas generaron perjuicios económicos al operador, lo que da lugar al reconocimiento de compensaciones bajo las figuras de daño emergente y lucro cesante, conforme a las reglas de la responsabilidad contractual.
De acuerdo con el laudo, varias de las pretensiones del concesionario estaban respaldadas por decisiones anteriores que ya hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que mantuvo la obligación de la UAESP de responder por los efectos económicos derivados de esos incumplimientos.
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El tribunal, conformado por tres árbitros acordados entre las partes, también revisó nuevas reclamaciones presentadas en este proceso arbitral y, aunque negó algunas solicitudes, reiteró que la causa principal de los perjuicios se encuentra en actuaciones atribuibles a la entidad pública durante la estructuración del contrato.
El nuevo fallo arbitral sobre Doña Juana se produce en el marco de una serie de litigios entre las partes por la operación del relleno sanitario de Bogotá, en los que se han discutido aspectos técnicos, financieros y regulatorios del contrato de concesión suscrito en 2010 y que no tiene fecha de terminación, por cuanto va hasta cuando se cope la capacidad del relleno.
Con esta decisión, el tribunal consolida el criterio según el cual los riesgos derivados de información precontractual insuficiente no pueden trasladarse al concesionario, y deben ser asumidos por la entidad estatal cuando se comprueba su responsabilidad.
La capital genera 7.500 toneladas de residuos sólidos Foto:Mauricio Moreno El Tiempo
El proceso arbitral fue radicado el 29 de septiembre de 2023 y corresponde al tercer tribunal de arbitramento convocado por el concesionario desde que inició la operación del relleno, en 2010, y la concesión quedó a cargo de CGR.
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Esta es la tercera ocasión en la que el Consorcio CGR y la Uaesp acuden a un tribunal de arbitramento para dirimir sus diferencias contractuales.
El primero fue decidido en 2018. En dicho laudo las pretensiones del operador fueron en su mayoría negadas y se declararon incumplimientos del concesionario, lo que derivó en una condena económica en su contra.
En el segundo proceso fue fallado en abril de 2023. Otro tribunal desestimó las pretensiones del consorcio y solo ordenó pagos a su favor por alrededor de 65.500 millones de pesos, mucho menos de los 1,2 billones de pesos a los que aspiraba. También estableció incumplimientos de CGR y una sanción económica.
Los únicos puntos que prosperaron a favor del consorcio fueron la obligación de construir vías nuevas y que se definió cuál era la maquinaria permanente del relleno.
El tribunal que resolvió el nuevo litigio entre el consorcio CGR y la Uaesp lo integran los juristas Luis Guillermo Dávila Vinueza, Germán Alonso Gómez Burgos y Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
Cabe recordar que contra este laudo arbitral que condena a la Uaesp cabe un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. Sin embargo, hasta ahora ni la Uaesp ni la Alcaldía de Bogotá se han pronunciado sobre la millonaria decisión que le da al operador más plata de las pretensiones que había solicitado.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En X: @guirei24
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