El proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) sigue en pie pese a los múltiples contratiempos sorteó en las últimas semanas. Este fin de semana, las delegaciones culminaron el séptimo ciclo de diálogos y anunciaron la realización del octavo en la primera semana de junio.
A través de un comunicado conjunto, los equipos liderados por el exmagistrado Armando Novoa y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, informaron que acordaron la reanudación formal de las conversaciones.
«Las delegaciones informan que, tras un proceso de diálogo constructivo y respetuoso, han acordado la reanudación formal de las conversaciones, reafirmando el compromiso de avanzar de manera decidida hacia la construcción de paz», se lee.
José Vicente Lesmes. Foto:Cortesía
Durante tres días, la mesa realizó un trabajo en las subcomisiones, en las que se definieron acciones concretas acerca de avances de las Zonas de Ubicación Temporal y Capacitación Integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la subcomisión jurídica y las transformaciones territoriales.
Cabe recordar que el proceso se había declarado en estado altamente crítico por el asesinato de tres soldados del Ejército y afectaciones a menores de edad por minas antipersonal. También hubo líos relacionados con la responsabilidad alrededor de la financiación de la erradicación de coca en Nariño.
Armando Novoa el 26 de abril. Foto:Consejería Comisionada de Paz.
En ese sentido, la mesa lamentó los desafortunados hechos de violencia en los que murieron los uniformados en Ipiales, Nariño. Frente a este hecho, la CNEB ratificó su responsabilidad, en concordancia con el comunicado a la opinión pública divulgó el pasado 22 de abril.
«La CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública incluido el uso de los drones, así como su compromiso con la aplicación de Derecho Internacional Humanitario y de respeto a los derechos humanos», añade el escrito.
Integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano al Gobierno. Foto:Cortesía
Asimismo, las delegaciones acelerarán la implementación de los compromisos adquiridos, contribuyendo con acciones tempranas como la georreferenciación de zonas con sospecha de presencia de artefactos explosivos y con potencialidad para el desminado humanitario.
En el marco de este proceso de paz, se fijó una meta de erradicación y sustitución de 30.000 hectáreas de coca en Nariño (15.000) y Putumayo (15.000), cuya verificación estaría a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
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