La administración de Donald Trump prepara una nueva ofensiva en su política migratoria que podría ir mucho más allá de las redadas y las deportaciones. De acuerdo con reportes en Washington y documentos de grupos afines a la Casa Blanca, el gobierno evalúa una orden ejecutiva para restringir el acceso de inmigrantes al sistema financiero, una medida que busca acelerar lo que sus promotores llaman “auto-deportación”.
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La idea, que todavía no ha sido anunciada formalmente, apunta a obligar a los bancos a recopilar información adicional sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes y, eventualmente, limitar o bloquear cuentas de personas que no puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos.
De concretarse, representaría un cambio profundo en la forma en que el sistema financiero interactúa con millones de migrantes que hoy utilizan cuentas bancarias para recibir salarios, pagar servicios o enviar remesas.
La idea apunta a obligar a los bancos a recopilar información adicional sobre la ciudadanía. Foto: EFE
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por sectores conservadores que buscan cerrar lo que consideran “vacíos” en la aplicación de la ley migratoria.
Entre ellos está el llamado Mass Deportation Coalition, una alianza de línea dura que hace algunos días publicó un “playbook” o hoja de ruta con recomendaciones para alcanzar al menos un millón de deportaciones anuales. Uno de los pilares de ese documento es precisamente el uso del sistema financiero como herramienta de presión.
Las nuevas reglas buscarían convertir a los bancos en filtro migratorio
Según la coalición, el problema se remonta a la forma en que Estados Unidos implementó las reglas de verificación de identidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Aunque el Congreso, bajo la presidencia de George W. Bush, aprobó la Ley Patriota para reforzar los controles contra el financiamiento del terrorismo, las regulaciones posteriores, conocidas como “Conozca a su Cliente”, terminaron permitiendo que personas no estadounidenses abran cuentas con una variedad amplia de documentos, incluyendo pasaportes extranjeros o identificaciones consulares.
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En la práctica, ese sistema no está diseñado para verificar el estatus migratorio, sino la identidad. Las normas vigentes obligan a los bancos a recolectar información básica de cada cliente, como nombre, fecha de nacimiento, dirección y un número de identificación, y a tener una “creencia razonable” de que saben quién es la persona que abre la cuenta.
Para los ciudadanos, esto suele implicar el uso del número de Seguro Social y de documentos oficiales estadounidenses. Pero para extranjeros, incluidos muchos migrantes sin estatus legal, las reglas permiten utilizar pasaportes de otros países, matrículas consulares, licencias de conducción o números ITIN emitidos por el fisco.
Según los autores del reporte, esto generó una brecha significativa. Argumentan que, en la práctica, los bancos no están obligados a verificar plenamente la autenticidad de esos documentos y que el sistema actual facilita que inmigrantes sin estatus legal se integren a la economía formal.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por sectores conservadores. Foto: ICE
“No existe un método que permita a los bancos verificar completamente la identidad de estos clientes a través de una fuente oficial”, señala el documento al describir las limitaciones del esquema vigente.
Más allá del argumento de seguridad nacional, el enfoque es claramente migratorio. La coalición sostiene que el acceso al sistema bancario les permite a los inmigrantes indocumentados mantener sus ingresos, ahorrar y enviar dinero al exterior, lo que reduce los incentivos para abandonar el país.
Bajo esa lógica, restringir ese acceso tendría el efecto contrario, al dificultar la vida cotidiana y empujar salidas voluntarias. Ese concepto, es decir, la “auto-deportación”, ha ganado terreno dentro de la estrategia de la administración.
¿Qué efectos tendría para los migrantes?
A diferencia de las deportaciones formales, que requieren recursos significativos para localizar, detener y expulsar a una persona, las salidas voluntarias trasladan parte de esa carga al propio migrante.
La posible orden ejecutiva iría en esa dirección. De acuerdo con versiones preliminares, el gobierno podría exigir a los bancos no solo verificar la identidad de sus clientes, sino también su estatus migratorio, e incluso revisar cuentas ya existentes.
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Eso implicaría, en la práctica, solicitar documentos adicionales, como pasaportes o comprobantes de residencia legal, tanto a nuevos usuarios como a quienes ya están en el sistema.
El alcance de la medida no se limitaría a las cuentas bancarias. El documento de la coalición también plantea revisar el acceso al crédito. Bajo las regulaciones vigentes, reforzadas durante la administración de Joe Biden, las entidades financieras deben tener cuidado de no discriminar a los solicitantes en función de su estatus migratorio, lo que, según críticos, ha generado ambigüedad sobre hasta qué punto pueden negar préstamos a personas sin autorización legal para trabajar.
Para los promotores de la nueva política, esa interpretación debe cambiar. Sostienen que, si una persona no tiene permiso de trabajo y está sujeta a deportación, su capacidad de repago es incierta, por lo que negar crédito no solo es válido, sino necesario.
La coalición sostiene que el acceso al sistema les permite a los inmigrantes mantener sus ingresos. Foto: El Tiempo
El debate, sin embargo, está lejos de ser técnico. Expertos advierten que una medida de este tipo podría tener efectos amplios en la economía, desde el funcionamiento de sectores que dependen de la mano de obra migrante hasta el flujo de remesas hacia América Latina. También podría empujar a miles de personas fuera del sistema financiero formal hacia esquemas informales, con menos controles y mayor riesgo.
Al mismo tiempo, sus defensores sostienen que se trata de una herramienta necesaria para cumplir la promesa de endurecer la política migratoria.
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En su encuesta interna, el Mass Deportation Coalition asegura que el 56 por ciento de los estadounidenses está de acuerdo en que los migrantes no deberían tener acceso al sistema financiero del país.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
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