Gerardino León Maldonado, presidente de la Federación Nacional de Defensores Públicos, habló con EL TIEMPO sobre la alerta que hay en la Rama Judicial debido a que está en vilo el pleno funcionamiento de la defensoría pública, clave para garantizar los derechos de quienes no tienen cómo pagar un abogado de confianza.
Desde el Sistema Nacional de Defensoría Pública se lanzaron dos alertas, dirigidas a que el Gobierno Nacional debe garantizar la inyección de recursos para el buen funcionamiento del sistema en lo que resta del año; y para arrancar con abogados públicos en enero. De lo contrario, la Rama Judicial podría sufrir la suspensión de audiencias, e incluso delincuentes capturados podrían quedar en libertad en enero, en caso de no aprobarse vigencias futuras.
Si no hay defensores públicos y una persona es capturada: ¿podría quedar en libertad ante la falta de abogados?
Esto implicaría que, en una audiencia de control de garantías, una persona capturada tenga que salir a buscar de manera urgente un defensor o contratar un abogado particular para que asuma su representación, en lugar de contar de inmediato con un defensor público. Si la persona no ha conseguido abogado y tampoco se le ha designado uno de oficio, situación que tendría que darse en caso de no estar disponibles los defensores públicos por cualquier circunstancia, al cumplirse 36 horas sin legalizar su situación, deberá ordenarse su libertad de manera inmediata.
Gerardino León, presidente de la Federación de Defensores Públicos. Foto:Mauricio Moreno/El Tiempo y archivo particular
¿Cuál es la principal preocupación frente al presupuesto asignado para la Defensoría?
La preocupación central es el presupuesto otorgado para la vigencia 2025 y proyectado hacia 2026. En julio vencen muchos contratos y existe el riesgo de que se recorte un porcentaje de los recursos, lo que impactaría directamente la nómina de los defensores públicos. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para que revise esa decisión.
¿Qué papel cumplen los defensores públicos dentro del sistema penal acusatorio?
Los defensores públicos participan en cerca del 96 por ciento de la operación del sistema penal acusatorio. Somos quienes garantizamos la representación judicial de miles de personas que requieren este servicio. Lo hacemos de manera permanente y con honorarios que, según hemos señalado, no corresponden a la responsabilidad que implica litigar ante jueces penales del circuito.
Juzgado de Paloquemao Foto:Cortesía
¿Qué consecuencias tendría una reducción de personal en la Defensoría Pública?
Si no se amplía el presupuesto, entre 780 y 950 defensores públicos podrían salir del sistema. Eso afectaría la capacidad de respuesta de la Defensoría del Pueblo y tendría impacto directo en el funcionamiento del sistema penal acusatorio, porque disminuiría la atención jurídica para quienes dependen de este servicio.
Carlos López – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com
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