La madrugada del 25 de abril, una granada de fragmentación detonada en la carrera 20 con calle 13, en la localidad de Los Mártires, volvió a poner en evidencia la violencia que rodea a la población habitante de calle en Bogotá. Según confirmó la Policía Metropolitana, el artefacto —una granada tipo IM-M26— fue lanzado por un habitante de calle contra otro, en medio de una disputa asociada a dinámicas de microtráfico en la zona.
El hecho, ocurrido hacia las 2:50 a. m. en inmediaciones de San Andresito, generó pánico entre comerciantes y transeúntes. Las autoridades aclararon que no se trató de un atentado terrorista ni de un ataque contra establecimientos comerciales, como inicialmente circuló en redes sociales, sino de un conflicto entre personas en condición de calle. La zona fue acordonada mientras equipos especializados verificaban que no hubiera más explosivos y se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables.
Este episodio no es aislado. El 11 de noviembre de 2025, en el barrio Tintal, en Kennedy, dos personas —al parecer habitantes de calle— resultaron heridas tras la detonación de una granada de fragmentación que manipulaban bajo un puente en la calle 6 con carrera 87A. Uno de ellos murió en el lugar y el otro falleció horas después en el Hospital Occidente de Kennedy.
“Por parte de nuestro laboratorio criminalístico estamos verificando los móviles y las condiciones de cómo se produjo este hecho. Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo”, explicó entonces el coronel Álvaro Enrique Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana Nro. 3.
En ese mismo caso, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió la necesidad de mayor control sobre este tipo de armamento: “Es muy importante que a nivel nacional hagamos un esfuerzo para tener mucho más control sobre armas y explosivos que terminan a veces en manos de personas que no deberían tener”.
Meses antes, el 25 de junio de 2025, otra escena estremeció a la ciudad: una persona en condición de calle fue hallada completamente incinerada dentro de una carpa en el separador de la avenida Primero de Mayo con carrera 13. El mayor Carlos Rodríguez, comandante de la estación de Policía de Antonio Nariño, reportó: “Se encuentra el cuerpo de una persona, posible habitante de calle”. Las autoridades investigaban si el incendio fue intencional o provocado por los materiales que la víctima tenía en su espacio.
Estos casos reflejan un patrón que también se evidencia en las cifras. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en 2025 se registraron 46 homicidios de habitantes de calle, mientras que en lo corrido de 2026 la cifra asciende a 35. Según la institución, “en su mayoría” estos crímenes están asociados al tráfico de estupefacientes.
La Policía también reporta que el esclarecimiento del homicidio en general en Bogotá es del 17 % en 2026, un dato que, según expertos, incide directamente en la persistencia de la violencia. No obstante, la institución señala que, gracias a planes de control en puntos críticos, el homicidio en general ha tenido una reducción del 10 %, con 30 casos menos frente al mismo periodo de 2025.
Entre las acciones, la Policía destaca la implementación de la Estrategia 7 en Bosa, enfocada en intervenir zonas de alto impacto, y la instalación de “puestos fijos” y patrullajes intensificados en Ciudad Bolívar para contener los casos.
El fenómeno se desarrolla en una ciudad donde, según el censo de 2024, hay 10.478 habitantes de calle. Los Mártires, Santa Fe y Kennedy concentran cerca del 40 % de esta población. Nueve de cada diez son hombres, principalmente entre los 29 y los 49 años.
El censo también revela factores estructurales: casi la mitad de esta población señala el consumo de sustancias psicoactivas como la principal razón para permanecer en la calle y casi un tercio manifiesta temer por su vida. Esa percepción de riesgo se conecta con los hechos violentos y con la exposición constante a entornos donde confluyen economías ilegales.
En respuesta, la Secretaría de Integración Social ha ampliado su red de atención. En la actual administración, la ciudad pasó de 15 a 23 centros para habitantes de calle, con ocho nuevos centros de acogida, seis de cuidado transitorio, dos de inclusión, un hospedaje social, tres centros sociosanitarios para mayores de 60 años y tres comunidades de cuidado, con el objetivo de reducir la exclusión extrema.
¿Cuál es el análisis de los expertos?
Sin embargo, para los expertos, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente frente a la dimensión del problema.
El experto en seguridad Andrés Nieto advirtió que los homicidios de habitantes de calle en Bogotá no responden, en su mayoría, a riñas espontáneas, sino a dinámicas criminales más estructuradas. Según explicó, el análisis interinstitucional permitió identificar que esta población está siendo instrumentalizada por redes vinculadas al microtráfico, especialmente en zonas que quedaron bajo disputa tras la intervención del Bronx.
Nieto señaló que esa instrumentalización se traduce en tres funciones específicas: como campaneros, alertando sobre la presencia de autoridades; en el transporte de droga y armas entre distintos puntos; y en la circulación de información sobre cambios en el mercado ilegal, como precios, oferta y demanda. Estas tareas, precisó, en muchos casos no son voluntarias, sino resultado de presiones, coerción o intercambios básicos para la subsistencia.
En ese contexto, subrayó que los picos de homicidios registrados entre las 9:00 de la noche y las 3:00 de la mañana, cometidos con arma de fuego, evidencian que no se trata de conflictos entre habitantes de calle, sino de ajustes de cuentas o pagos dentro de las mismas estructuras criminales. “Lo que muestran estos patrones es que hay una lógica de control territorial y de mercado detrás de los asesinatos”, planteó.
Frente a este panorama, el experto destacó la importancia de las estrategias sociales implementadas por el Distrito, como el ingreso a centros noche, no solo como una medida de protección inmediata de la vida, sino también como una forma de reducir la exposición de esta población a las dinámicas violentas y de comprender cómo operan las redes que los instrumentalizan.
Orlando Carrillo, experto en seguridad, advierte que el fenómeno tiene un trasfondo estructural en el que el Estado no está garantizando plenamente las condiciones de esta población. “El Estado debe ser garante de las condiciones de estas personas, pero de fondo eso no sucede, se dejan a su suerte, y eso permite que los grupos organizados los instrumentalicen”, afirmó.
Según el analista, los habitantes de calle terminan siendo absorbidos por economías ilegales, especialmente el microtráfico. “Son instrumentalizados por los individuos que se dedican a traficar drogas”, señaló. Para él, estas personas no solo son utilizadas para la distribución de estupefacientes, sino también como informantes o “ojos en la calle” dentro de estructuras criminales.
El experto explica que esta instrumentalización se combina con disputas territoriales que pueden escalar a violencia letal. “Cada uno gana un territorio y cuando se generan problemas entre uno y otro, de allí derivan también muertes. Hay fronteras invisibles”, indicó.
Carrillo también describe cómo operan las retaliaciones dentro de estas redes. “Si a un habitante de calle le entregan estupefacientes y no cumple con la distribución o no entrega el producido, se convierte en un blanco perfecto para que atenten contra su vida”, explicó.
Además, advierte que esta población puede ser utilizada para otras actividades ilegales, como el transporte de armas o incluso delitos de carácter sexual, en medio de una cadena de explotación que se alimenta de la exclusión social.
Para el profesor Juan Carlos Portilla, experto en seguridad y crimen transnacional, los homicidios de habitantes de calle responden a una combinación de factores: exclusión social, precariedad habitacional, consumo problemático de drogas, disputas por el control del microtráfico, acceso a armas ilegales y baja capacidad de la justicia para esclarecer los casos.
“El patrón dominante es la violencia ligada al narcotráfico y al acceso a armas en entornos urbanos”, afirmó. Portilla subrayó que el bajo nivel de esclarecimiento —17 %— “genera impunidad y perpetúa la violencia”.
Ambos expertos coinciden en que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde la seguridad. Mientras Carrillo insiste en la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de protección, Portilla plantea que se requiere una estrategia integral que combine control de armas, acción policial, investigación judicial y políticas sociales efectivas.
En ese cruce entre exclusión y criminalidad, los habitantes de calle quedan en el punto más vulnerable: como víctimas de homicidio, pero también como eslabones dentro de dinámicas ilegales que, en muchos casos, terminan costándoles la vida.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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