En las últimas horas se viralizó en redes sociales la decisión que el Tribunal Superior de Bogotá profirió en mayo de 2024 en la que dio un giro radical a la narrativa sobre los disturbios ocurridos en la capital durante el denominado «estallido social». Tras un exhaustivo análisis jurídico, la sentencia de la Sala de Decisión Penal concluyó que los actos de terrorismo y vandalismo que paralizaron la ciudad no fueron el resultado de un agotamiento social fortuito, sino el fruto de una participación probada y coordinada entre células urbanas y grupos armados al margen de la ley.
La providencia, bajo la ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, y proferida hace dos años confirmó una sentencia de julio de 2023 que revela que varios jóvenes procesados no solo mantuvieron contactos constantes con miembros del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc, sino que operaron bajo sus directrices directas.
La investigación judicial, revelada en detalle por Noticias Caracol, en su momento, permitió establecer que estos individuos recibieron instrucciones específicas para reclutar personal, adoctrinar jóvenes e infiltrar universidades públicas y privadas con el objetivo de ejecutar acciones violentas de manera simultánea.
Los hechos ocurrieron durante el paro nacional de 2021. Foto:César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con el documento judicial, los implicados actuaban bajo un mando unificado para atacar sistemáticamente a la Fuerza Pública y al sistema de transporte masivo Transmilenio. El fallo es enfático al señalar que estas conductas excedieron cualquier ejercicio legítimo del derecho a la protesta o la libre expresión, convirtiéndose en una estrategia de guerra urbana financiada y avalada por cabecillas de las disidencias, entre ellos los alias Mordisco y ‘Gentil Duarte’.
La logística del caos a través de redes sociales
La organización criminal estructuró su accionar mediante redes de mensajería instantánea, creando grupos de WhatsApp denominados según los puntos neurálgicos de la ciudad, como «Américas», «Carrera Séptima», «Autonorte», «Autosur» y «Caracas». A través de estos canales, se inducía a los manifestantes a cometer delitos graves que incluyeron la quema y robo de buses zonales, el bloqueo de vías principales, el choque deliberado de alimentadores y el saqueo a supermercados de grandes superficies.
Un integrante de la primera línea, resisten la presión de un chorro de la tanqueta del Esmad. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
El tribunal destacó que dentro de esta estructura existían roles y mandos claramente definidos, siguiendo incluso estatutos internos de la guerrilla. Interceptaciones telefónicas presentadas como prueba reina confirman que los líderes locales contaban con el «aval personalizado del central», lo que demuestra una jerarquía militar aplicada a los desmanes en el casco urbano de Bogotá.
Sentencias ejemplares y multas millonarias
Ante la gravedad de los hechos y la contundencia del material probatorio, la justicia colombiana impuso sanciones severas. Tres de los principales acusados fueron sentenciados a 19 años de prisión por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir, mientras que una cuarta persona recibió una pena de 10 años. Además de la privación de la libertad, el fallo incluyó multas que superan los 1.000 millones de pesos, buscando resarcir parte de los millonarios daños causados a la infraestructura pública y privada.
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Con esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá sienta un precedente sobre la infiltración de grupos terroristas en los movimientos sociales, advirtiendo que la violencia orquestada para desestabilizar la institucionalidad será castigada con todo el rigor de la ley penal.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista
Redacción Justicia
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