El Gobierno Nacional cerró en Quibdó el tercer ciclo del espacio de conservación sociojurídico con las estructuras Los Mexicanos, Los RPS y Los Locos Yam.
De acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz, se refrendaron compromisos previamente construidos, particularmente en lo relacionado con el cese de violencias contra las comunidades, la protección de poblaciones en condición de especial vulnerabilidad y el respeto a las autoridades en territorio, incluyendo a la Fuerza Pública, las autoridades administrativas y los miembros de la rama judicial.
Proceso de paz urbana en Quibdó. Foto:Consejería Comisionada de Paz.
De manera particular, las estructuras reafirmaron su supuesto compromiso de no ejercer violencias en el contexto de los próximos procesos electorales, tanto para las elecciones al Congreso de la República —en atención a la Alerta Temprana No. 13— como para las elecciones de las Juntas de Acción Comunal.
Alexander Castillo, coordinador del espacio, destacó que el compromiso más robusto alcanzado es el de «anclar la construcción de paz directamente al territorio, promoviendo una gobernanza horizontal en la que participen de manera activa las comunidades, las instituciones y los diferentes actores locales, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y la no reversibilidad del proceso».
Quibdó (Chocó). Foto:Archivo Particular
Estos compromisos se articulan con acciones del Gobierno orientadas al desescalamiento de la violencia a través de pilotajes de seguridad en distintos barrios de Quibdó, así como con iniciativas de transformación territorial que incluyen proyectos de inversión dirigidos a sustituir rentas criminales y a fortalecer economías legales, como base para la transición al Estado de derecho.
Castillo indicó que aún queda camino por recorrer en lo que resta del año, pero que los avances alcanzados durante este tercer ciclo «sientan las bases de un proceso de construcción de paz urbana serio, con método y enfoque territorial que apuesta por la irreversibilidad».
Ahora bien, este proceso de paz urbana, como el que se adelanta en Buenaventura con Shottas y Espartanos, y con las oficinas criminales del Valle de Aburrá, tiene un futuro incierto, al carecer de un marco jurídico para el sometimiento.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
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