La polémica en torno a la Fundación San José ha dado un nuevo giro tras la intervención administrativa del Ministerio de Educación Nacional. La cartera anunció la formulación de cargos contra la rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez, además de establecer un régimen de inspección y vigilancia permanente sobre la institución. Esta decisión surge tras las denuncias sobre la presunta expedición irregular de títulos profesionales, ejemplificada en el caso de Juliana Guerrero.
Aunque la medida busca poner orden en la gestión de la entidad educativa, las congresistas que destaparon las irregularidades han calificado la respuesta gubernamental como tibia frente a la gravedad de los hechos. La decisión del Ministerio implica que la Fundación San José no cerrará sus puertas y podrá seguir operando mientras se resuelven los procesos sancionatorios y se cumplen los planes de mejora exigidos.
Voces de inconformismo en el Congreso
Las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes lideraron las denuncias contra la institución, manifestaron su desacuerdo con el alcance de las sanciones. Pedraza cuestionó la efectividad de la vigilancia que el Ministerio asegura ejercer desde hace casi un año, señalando fallas en el control institucional.
«Me parece que es una buena noticia, pero aun así es insuficiente porque desde marzo del año pasado supuestamente el Ministerio de Educación ha estado vigilante de la Fundación Universitaria San José y en este trayecto en julio se les coló nada más y nada menos que una compra y venta de un título que fue el caso de Juliana Guerrero», afirmó la representante Pedraza en BLU radio.
La congresista también hizo un llamado al ministro Daniel Rojas para que se atiendan las preocupaciones de quienes ya se graduaron o están cursando sus estudios en la San José, ante el temor de que su formación pierda validez ante los empleadores. Entre las solicitudes planteadas por el sector legislativo se encuentran:
- Establecer alternativas para proteger el valor de los títulos de los egresados en el mercado laboral.
- Organizar de manera formal una mesa de trabajo que incluya a la comunidad estudiantil actual.
- Evaluar el impacto de la negligencia institucional en el futuro profesional de los jóvenes afectados.
Por otro lado, la representante Catherine Juvinao criticó la metodología de los planes de mejoramiento, al considerar que dejar la rectificación de los errores en manos de quienes permitieron las irregularidades es una medida ineficaz. Para la legisladora, la gravedad de las denuncias, que incluyen sospechas sobre contratación irregular con entidades del Estado, ameritaba una acción más contundente.
«Una medida verdaderamente drástica frente a lo que ya no es solamente un escándalo de presunta expedición de títulos irregulares, sino también de contratación posiblemente irregular con entidades públicas, como lo hemos denunciado, ameritaba mínimo una intervención», sostuvo Juvinao ante la emisora.
La representante calificó como contradictorio el hecho de solicitar a las mismas directivas cuestionadas que lideren procesos de transparencia tras el escándalo de conocimiento público.
Mientras el proceso administrativo avanza, el Ministerio de Educación mantiene la postura de que las medidas impuestas son de carácter preventivo y correctivo, permitiendo que la universidad mantenga su oferta académica habitual, siempre y cuando se ajuste a las obligaciones legales impuestas por el Estado.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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