Caterina Sarfatti, directora general de Inclusión y Liderazgo Global de C40 Cities.
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la transición energética plantea retos complejos. La desinformación, las barreras de financiamiento y problemas estructurales como la seguridad inciden en la confianza ciudadana y en la adopción de políticas climáticas.
En ese contexto, la organización C40 Cities participa en una conferencia organizada por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, centrada en la transición para abandonar los combustibles fósiles. Durante el encuentro se enfatiza que reducir y eliminar el uso de estos combustibles es una de las estrategias más efectivas para garantizar la seguridad energética, promover la estabilidad económica y disminuir la vulnerabilidad frente a crisis globales.
De acuerdo con el grupo de liderazgo climático, las ciudades son clave en este proceso, ya que concentran el 75 por ciento de las emisiones relacionadas con la energía y ya están impulsando acciones concretas como zonas de bajas emisiones, compra colectiva de energías renovables, bonos verdes y programas de calefacción limpia, con impactos en reducción de costos, mejora de la calidad del aire y creación de empleo.
Además, desde la organización señalan que los gobiernos nacionales deben apoyar más a las ciudades mediante financiamiento, modernización de redes eléctricas y acceso a energías renovables. El objetivo compartido es reducir a la mitad el uso de combustibles fósiles en las ciudades para 2030, avanzando hacia un sistema energético más limpio, estable y accesible.
En la ruta a esta transición energética Caterina Sarfatti, directora general de Estrategia Política y Advocacy de C40 Citie habló en exclusiva con EL TIEMPO y reveló claves para avanzar en la seguridad energética.
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Una de las apuestas de C40 Cities es promover el uso de transporte público y contribuir a la reducción de CO₂. Sin embargo, en Bogotá la seguridad es un reto para que los usuarios utilicen el transporte público. Incluso hemos tenido casos de homicidios y robos. ¿Qué soluciones se pueden abordar desde la infraestructura y la planeación para combatir esta problemática y avanzar en esta transición?
Para que las políticas públicas locales sean exitosas, es necesario tener en cuenta distintos elementos, y no únicamente el climático. Sin embargo, todo está profundamente conectado. Por ejemplo, aumentar el acceso al transporte público y su uso también es una medida de seguridad para todos: entre más personas lo utilizan, más seguro se vuelve.
Por supuesto, esto requiere inversión, financiamiento y apoyo, y no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero existen beneficios en términos de seguridad al fortalecer un buen sistema de transporte público para toda la población. Dicho esto, tampoco se trata de ser ingenuos ante el problema. Para garantizar servicios de calidad, también es necesario abordar problemas de seguridad, protección y aspectos económicos.
Para asegurar que se brindan buenos servicios a la ciudadanía, es fundamental enfrentar los retos de seguridad y las condiciones económicas. En ese sentido, sin desconocer la complejidad del problema, hay formas de abordarlo de manera que sea útil para la equidad, para las emisiones, pero, sobre todo, para las personas que necesitan usar estos servicios.
Hemos realizado algunos trabajos en Ciudad de México hace unos años, es decir, en la misma región, posiblemente con desafíos similares. Habían implementado un sistema de bicicletas compartidas, pero se dieron cuenta de que la tasa de uso no era muy alta. Tenían el sistema en la ciudad, pero, como mencionabas, no se utilizaba mucho y no entendían del todo por qué.
Entonces realizaron un proceso participativo en la ciudad, enfocándose especialmente en las mujeres. A partir de esto, se dieron cuenta de que el principal problema era la seguridad.
Trabajaron con mujeres para entender qué medidas adicionales debían implementarse. Una de las acciones se dividió en dos partes. Por un lado, una campaña de comunicación sobre los beneficios de la movilidad compartida y el uso de la bicicleta, además de una estrategia para dar a conocer que el servicio existía.
Al mismo tiempo, mejoraron la iluminación, porque a través del proceso participativo entendieron que el hecho de que los puntos de bicicletas estuvieran en lugares poco iluminados era una de las principales preocupaciones.
Así que mejoraron el sistema de iluminación, implementaron la campaña y trabajaron con mujeres. Como resultado, el uso del sistema de bicicletas compartidas aumentó significativamente, convirtiéndose en uno de los casos exitosos de movilidad sostenible compartida en la ciudad.
Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América Latina en ganar la categoría ‘Clean Our Air” del Premio Earthshot 2025. ¿Qué fue lo que realmente la distinguió entre más de 2.400 iniciativas globales?
Bogotá ha sido históricamente, especialmente en los últimos años con sus dos últimos alcaldes, una ciudad muy activa en C40. Como muchos otros miembros, ha estado en la primera línea de la crisis climática con iniciativas muy interesantes, impulsando una agenda sólida de acción climática con un fuerte componente de justicia social.
Ha logrado articular la ambición climática con la inclusión social y económica. En un momento desafiante, en el que el apoyo público a medidas ambiciosas no está garantizado, la ciudad ha conseguido reducir sus emisiones, apostando por el transporte sostenible e implementando medidas innovadoras como ZUMA, la zona de bajas emisiones enfocada en mejorar la calidad del aire en comunidades vulnerables, particularmente en distritos donde viven las poblaciones más vulnerables.
Esto ha sido una muestra de liderazgo sólido, mejorando la calidad del aire y la salud pública de más de 40.000 personas. Estamos viendo esto no solo en Bogotá, sino también en ciudades como Londres y otras en América Latina, donde las zonas de bajas emisiones inicialmente pueden no contar con un apoyo público visible. Sin embargo, cuando los alcaldes creen en estas medidas, invierten capital político, movilizan a las comunidades y demuestran sus beneficios, logran obtener respaldo e implementar políticas que son buenas para las personas, el planeta y la ciudad.
Bogotá es un gran ejemplo de ello. Estamos muy contentos de que la ciudad haya ganado este premio. Este reconoce el liderazgo e inspira a otros a hacer lo mismo, porque estos premios no son solo un reconocimiento, sino también una fuente de aspiración para otras ciudades. Muchas ciudades de la red C40, por ejemplo, se han comprometido a implementar medidas similares. Ver el éxito de ciudades desde Londres hasta Bogotá es fundamental.
Es una combinación sólida de liderazgo de ciudad y de alcaldía, redes de ciudades como C40 que amplifican las lecciones e inspiran a otros, y premios globales que reconocen este trabajo y motivan a seguir avanzando.
A la derecha, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en la entrega del Premio Earthshot 2025.
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Muchas ciudades de la red C40, por ejemplo, se han comprometido a implementar medidas similares. Ver el éxito de ciudades desde Londres hasta Bogotá es fundamental
¿Cómo están influyendo las estrategias de Bogotá sobre zonas de bajas emisiones en otras ciudades, y qué impacto real está teniendo este modelo en su adopción a nivel internacional?
Ninguna ciudad tiene una fórmula perfecta ni puede implementar todas las medidas de la misma manera en todos los sectores. Sin embargo, las ciudades que están impulsando acciones ambiciosas en sectores como transporte, residuos y energía pueden apoyarse entre sí para mejorar.
En cuanto a las zonas de bajas emisiones, más de 30 ciudades se han comprometido con el Green and Healthy Streets Accelerator, que incluye establecer una zona de bajas emisiones para 2030 y hacer la transición de las flotas de buses a sistemas completamente eléctricos en los próximos años.
El hecho de que algunas ciudades ya estén implementando estas medidas y demostrando que son posibles, al tiempo que movilizan a la ciudadanía y evidencian sus beneficios, genera un efecto multiplicador. Esto motiva a seguir el mismo camino.
Redes como C40 son fundamentales porque llevan las lecciones aprendidas a un grupo más amplio de ciudades y ayudan a escalar la acción. Esta colaboración está funcionando. Por ejemplo, las ciudades de C40 han venido reduciendo sus emisiones de manera constante durante cuatro años consecutivos, a diferencia de la tendencia global, donde las emisiones siguen aumentando. Además, las ciudades están reduciendo sus emisiones per cápita más rápido que los gobiernos nacionales.
¿Qué se necesita en Bogotá y en América Latina para lograr esta transición de combustibles fósiles a largo plazo?
Un compromiso importante que llevaremos a la conferencia en Santa Marta es que las ciudades de C40 han acordado dejar de apoyar los combustibles fósiles y la nueva infraestructura asociada a estos para 2030. Este es un compromiso significativo y transformador.
Las ciudades también han desarrollado un nuevo marco para actualizar los planes de acción climática, que incluye criterios para reducir la demanda de combustibles fósiles. A nivel local, ya existe una hoja de ruta de implementación para avanzar hacia la transición fuera de los combustibles fósiles.
Por eso estamos orgullosos de participar en la conferencia en Santa Marta. La inclusión de un capítulo subnacional reconoce que la transición fuera de los combustibles fósiles se está implementando en las ciudades, donde se desarrollan soluciones tangibles. Además, las ciudades están colaborando internacionalmente a través de redes como C40 para garantizar que estas soluciones puedan escalarse y replicarse.
Un elemento clave para una transición exitosa es que cualquier acción o política climática se construya mediante procesos participativos e inclusivos con residentes y ciudadanos. Esto permite implementar la acción climática de una manera justa y equitativa, que además es el tema central de la conferencia.
No estamos hablando únicamente de una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, sino de una transición justa. El reto es pasar del discurso a la acción, porque aunque muchas personas hablan de transición justa, no muchas saben cómo implementarla. Es realmente a nivel de ciudad donde se encuentran buenos ejemplos de cómo se ve una transición justa e inclusiva.
Por ejemplo, una de las prácticas que más me gusta y de la que estamos muy orgullosos está en Bogotá y se llama La Rolita. Puede que la conozcan. No se trata solo de pasar de buses contaminantes a buses eléctricos —lo cual es muy importante para el medio ambiente y la calidad del aire—, sino también de garantizar que esto genere buenos empleos, especialmente para personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de oportunidades, como las mujeres.
Hemos trabajado con Bogotá para asegurar que esta transición de buses contaminantes a buses limpios también se convierta en una oportunidad laboral y económica para las mujeres, creando un programa específicamente dirigido a conductoras de bus, de modo que hoy la mayoría de la flota es operada por mujeres.
Lo esencial no fue solo abrir el acceso a los empleos y enfocarse en mujeres, sino también brindar apoyo social y económico para que pudieran mantenerse en esos trabajos. Porque lo que identificamos es que el acceso puede ser más fácil, pero por múltiples razones sociales, muchas mujeres abandonaban el empleo. Por eso no se trata solo de acceso, sino también de permanencia.
Creo que este es un ejemplo muy importante de cómo se pueden hacer las cosas de manera efectiva, porque así no solo tenemos buses eléctricos, sino también el respaldo de la comunidad frente a esta acción, ya que ha generado una oportunidad social y económica significativa para quienes más lo necesitaban.
Se ha convertido en un ejemplo a nivel mundial, reconocido en muchas ciudades.
Caterina Sarfatti.
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¿Existe el riesgo de que las políticas climáticas, si no se diseñan cuidadosamente, puedan aumentar la desigualdad?
Absolutamente. Como ambientalista, creo que es muy importante decir la verdad, especialmente en una era de desinformación. Parte de esa verdad es que existen políticas climáticas regresivas. Las políticas climáticas no necesariamente garantizan resultados positivos y equitativos para todos. Depende de cómo se diseñen, cómo se implementen y con quién se construyan.
Por eso, los riesgos existen si las políticas climáticas no se planifican y diseñan adecuadamente junto con las comunidades y los ciudadanos. Sin embargo, las ciudades ofrecen ejemplos sólidos a nivel global de cómo hacerlo bien: desde París, que ha implementado políticas ambiciosas para reducir el uso del carro y aumentar la peatonalización con la participación de voluntarios climáticos; hasta Accra, en Ghana, que ha cerrado rellenos sanitarios junto con trabajadores informales y ha trabajado con ellos para transformar sus empleos en cooperativas que hoy ofrecen una gestión de residuos más sostenible; pasando por La Rolita, que mencioné anteriormente, así como otros buenos ejemplos en Brasil y América Latina de recolección de residuos realizada con trabajadores informales.
Estos son buenos ejemplos de cómo las consecuencias no deseadas pueden abordarse y transformarse en oportunidades.
Dicho esto —y creo que es importante resaltarlo en el contexto de la conferencia—, lo que hoy resulta más evidente y visible son los impactos sociales y económicos de la dependencia de los combustibles fósiles.
Si bien existen riesgos asociados a políticas climáticas regresivas, las verdaderas consecuencias, desde una perspectiva social y económica, provienen de nuestra dependencia de un sistema basado en combustibles fósiles, con una volatilidad de precios que genera choques y crisis para los hogares. Esto incrementa la pobreza energética y la vulnerabilidad de las familias de ingresos medios y bajos frente a la inseguridad energética, la inestabilidad y los conflictos.
Esta dependencia tóxica de los combustibles fósiles es la que está generando las mayores injusticias y consecuencias sociales y económicas. Por eso es tan importante que la conferencia en Santa Marta se esté realizando en este momento, porque existe una necesidad urgente de abordar la seguridad de los hogares, de las naciones y del sistema global.
Las políticas climáticas no necesariamente garantizan resultados positivos y equitativos para todos. Depende de cómo se diseñen, cómo se implementen y con quién se construyan
¿Cuáles son las principales barreras en Bogotá y América Latina para que los ciudadanos confíen en sus ciudades, así como en sus estrategias?
Sí, hay varias estrategias y medidas que se pueden implementar, pero diría que existen algunas barreras clave. Una de ellas está relacionada con la desinformación y la información errónea, que estamos viendo en todos los ámbitos, en diferentes regiones y contextos. La desinformación en redes sociales y en el espacio público está en aumento. El Foro Económico Mundial ha identificado la desinformación como una de las principales amenazas para las democracias y las sociedades en los próximos dos años.
Es un riesgo muy presente que también afecta la conciencia pública sobre el cambio climático. Las ciudades y los alcaldes pueden hacer mucho, y de hecho lo están haciendo, porque son los representantes institucionales más cercanos a los ciudadanos. Es fundamental que cuenten con el apoyo y la capacidad para desarrollar estrategias efectivas de comunicación, campañas y movilización que demuestren los beneficios de las políticas y aumenten la conciencia entre la población.
También estamos viendo que cuando ocurren desastres —ya sea en Brasil, en la región o en Colombia—, eventos como sequías o inundaciones no necesariamente generan una mayor conciencia o comprensión de la crisis climática ni de los riesgos del modelo social y económico basado en combustibles fósiles. Por eso es importante combatir la desinformación y garantizar que la información correcta llegue a las personas, para proteger vidas y responder a las necesidades de la ciudadanía.
Otra barrera tiene que ver con la participación y los procesos inclusivos. Por ejemplo, Ciudad de México ha desarrollado su plan de acción climática y servicios como el sistema de bicicletas compartidas con la participación de expertos, ciudadanos y mujeres, asegurando que las políticas no solo sean inclusivas, sino también mejor comprendidas por la población.
La tercera gran barrera es financiera. Garantizar que las ciudades tengan acceso a financiamiento y apoyo es clave para que los ciudadanos cuenten con los incentivos adecuados para acceder a los servicios y políticas que se implementan. Por ejemplo, en áreas como la eficiencia energética y el transporte, la transición del uso del carro particular hacia el transporte público o la movilidad compartida requiere apoyo financiero e incentivos.
Por eso, uno de los temas clave que se destacarán en la conferencia en Santa Marta es la necesidad de mejores modelos y mecanismos de financiamiento que tengan en cuenta el contexto urbano y las necesidades de los ciudadanos.
Vía paralela de la avenida Villavicencio que será intervenida en el marco de la Zuma.
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¿Cómo pueden ciudades como Bogotá garantizar que las acciones climáticas —como las inversiones en movilidad sostenible— sean tanto efectivas como socialmente inclusivas a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta los desafíos que enfrentan actualmente?
Se trata de garantizar que la acción climática y la transición sean una prioridad política y pública clave para el alcalde y la ciudad, de modo que exista una inversión real, tanto política como pública, en este tema. También implica vincular estos esfuerzos con asuntos de justicia social e inclusión, y asegurar una fuerte articulación entre los aspectos de seguridad, sociales y económicos.
Se trata de movilizar a las comunidades, a los ciudadanos y a los residentes, para que esto no sea solo un ejercicio técnico de política pública, sino también un proceso comunicativo y político.
Finalmente, se trata de garantizar que las consideraciones climáticas y de sostenibilidad estén incorporadas en todo el trabajo de la ciudad y su administración. Uno de los compromisos que han asumido las ciudades de C40 es adoptar un presupuesto climático para 2030. Todas las ciudades deben contar con un presupuesto climático para ese año para poder hacer parte de la red.
Un presupuesto climático es, en términos simples, un mecanismo para evaluar políticas, programas y proyectos no solo desde una perspectiva financiera, sino también climática, en términos de emisiones y riesgos. Es una forma de integrar el enfoque climático en todo lo que hace una ciudad.
Esto es fundamental para garantizar una adecuada gobernanza y respaldo institucional a las políticas y acciones climáticas. Aunque puede parecer algo burocrático o técnico, en realidad es una solución muy concreta para asegurar que estas consideraciones estén plenamente integradas en la gestión de una administración.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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