Lo que empezó como uno de los tantos hechos de corrupción al interior de los centros penitenciaros, cuando el pasado 8 de abril se permitió el ingreso de Nelson Velásquez a la cárcel de Itagüí, Antioquia, está tornándose en todo un problema en los ámbitos jurídicos, políticos y sociales de Colombia. Tanto la Procuraduría como la Fiscalía ya iniciaron respectivas investigaciones; la concejala Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático y quien reveló las imágenes del escándalo, está aprovechando la coyuntura para cuestionar el proceso de paz que lidera el gobierno de Gustavo Petro con los capos del Valle de Aburrá que también participaron del ‘parrandón’; y, ahora, el traslado de estos últimos tiene en alerta máxima a Medellín por cuenta de las represalias que estos puedan tomar.
A dos semanas de que se divulgaran las imágenes y videos de la parranda vallenata con whisky, tequila y otras bebidas alcohólicas en el pabellón dos de la cárcel, adonde entraron mujeres y hombres particulares sin permiso alguno, la expectativa en Medellín está concentrada en los riesgos que, en materia de seguridad, pueda acarrear la orden del presidente Gustavo Petro de trasladar a los capos recluidos en Itagüí a cárceles de Bogotá. Ello, como una forma de mitigar que se sigan presentando este tipo de hechos en un terreno en el que los reclusos siguen dominando con sus negocios criminales.
Especialmente, las autoridades están enfocadas en contener cualquier intento de fugas o rescates de estos capos de alto calibre, entre los que están alias Douglas, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Vallejo’. Una primera medida fue militarizar el perímetro del penal con soldados del Ejército. Asimismo, hay alerta por las repercusiones sociales que en la región traerá mover a estos criminales de la prisión desde la que imparten órdenes a sus combos.
Alias Douglas ha obtenido rebajas sustanciales por trabajo y estudio. Foto:EL TIEMPO/ Archivo Particular
Una fuente que sigue de cerca este tema manifestó que el riesgo es tanto, que al ponerse sobre la mesa el traslado de Paulo Andrés Torres, alias Pocho, por ser uno de los supuestos organizadores de la parranda con motivo de su cumpleaños, se mencionó que el movimiento podría generar riesgos de seguridad en la comuna 13 de Medellín, y en su corredor turístico y comercial. La preocupación nace por los estrechos nexos que tiene ‘Pocho’ con la banda ‘la Agonía’, responsable de las extorsiones en esa zona de Medellín.
Torres fue capturado en 2019 para responder como cabecilla de ‘la Agonía’ por el control territorial en San Javier, donde se dedica a la comercialización de drogas y a extorsionar al comercio. Su pena fue a 36 años y 10 meses de prisión.
El nombre de Torres está en el radar no solo porque fue al que señalaron como uno de los organizadores de la parranda vallenata en el pabellón 2, sino también porque no es un capo de la máxima jerarquía de sus compañeros de patio, como ‘Tom’, de quien fue escolta años atrás. “Lo que pudo pasar en la cárcel es que ‘Pocho’ se les salió de las manos, o también puede ser que quieran poner los focos sobre él a manera de distracción”, le dijo una fuente a este diario.
Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho. Foto:EL TIEMPO.
La filtración del video a la exfiscal Carrasquilla también demuestra las rencillas internas dentro del pabellón número 2, ocupado por capos como Juan Carlos Mesa, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo, alias Vallejo y Sebastián Murillo, alias Lindolfo. En el patio 1 están los herederos de alias Don Berna, siendo los más importantes José Leonardo Muñoz, alias Douglas; y Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya.
Producto del traslado ordenado por el Presidente, el malestar entre capos se incrementó, especialmente en ‘Douglas’ y su gente, inconformes porque los moverán de celdas por un escándalo que se presentó en un patio ajeno.
La participación de guardias
De otro lado, como lo explicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en entrevista con EL TIEMPO, la omisión de funciones es un hecho en este expediente. “Ahora mismo estamos haciendo un trabajo importante con la Policía y con la Fiscalía para determinar de quién son esos vehículos que ingresaron ese día, que son aproximadamente veinticinco vehículos. Hay que aclarar también que no hay vehículos oficiales. Pero, sí hay carros y camionetas que pertenecen a algunos funcionarios de la guardia y otros administrativos, y de hecho creo que también había unos de propiedad de unos médicos, pero que no son institucionales”, dijo.
El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía
De otro lado, las autoridades investigativas confirmaron un dato clave en el desarrollo del expediente: los guardias de seguridad habrían recibido una suma de $10 millones por dejar ingresar a Velásquez, el trago, la comida, las prostitutas y permitir que el evento se desarrollara durante todo ese miércoles. No obstante, las autoridades están considerando un atenuante: tal es la peligrosidad de los capos que es probable que los funcionarios hayan sido coaccionados para permitir el desorden y recibir el dinero. Los vinculados a la pesquisa interna son los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, Juan Camilo Goez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas; los inspectores Eduardo Parra Ceballos, Salvador del Cristo Jimenes Palencia; y los tenientes Heyler Fracica Sarmiento y Fredy Ciprián Díaz.
En esa lista faltan dos nombres: Edgar Pérez Ortega, quien es el director en propiedad de la cárcel de Itagüí, y Fabián León Rodríguez, quien era el director encargado de la prisión y que, aunque no está en el proceso de sanción, fue trasladado a otro penal. Sobre Pérez Ortega, las autoridades han explicado que se encontraba de descanso por haber trabajado durante Semana Santa, por lo cual no es objeto de investigación. En cuanto a León Rodríguez, las minucias conocidas por este diario establecen que, aunque era el director encargado el día de la fiesta, habría salido del penal y dejado al mando a Ciprián, quien se desempeñaba como jefe de Custodia y Vigilancia. Y, así, las dos cabezas terminaron fuera de toda investigación disciplinaria, al parecer, dejando a Criprián con la tarea de responder por todo lo que sucedió y, aparte, con una investigación que le puede costar su carrera.
Ahora bien, según conoció EL TIEMPO de altas fuentes al interior del Inpec, el traslado no va a ser un procedimiento sencillo y que pueda resolverse en cuestión de horas. Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado el pasado 13 de abril, durante un consejo de ministros, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la entidad encargada de delimitar quienes van a ser los trasladados. Una tarea que le va a tomar días. Aunque la fiesta se realizó en la estructura dos de la cárcel de Itagüí y los capos criminales están divididos tanto en esa estructura como en la uno, el presidente ordenó un cambio de reclusión para todos. Lo más probable, como le explicaron otras fuentes a este diario, es que sean recluidos en Bogotá, en diferentes cárceles de máxima seguridad.
Según Carlos Augusto Henao, miembro del Comité de Derechos de la Comuna 5 de Medellín y quien conoce el proceso de paz que se lleva a cabo con los líderes criminales, la comunidad regional, en general, se siente en riesgo por lo que pueda pasar. “El temor está generalizado dentro de Medellín y en los diez municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Lo hacen saber a través de los líderes sociales y de las organizaciones sociales. En los territorios se ha visto una reducción en violencias como homicidios y extorsiones. El miedo con el traslado está, también, en que vuelvan a delimitarse fronteras invisibles de disputa por ecolonomías criminales y, por supuesto, que se pierda la comunicación entre los voceros y el gobierno, si se hace efectivo el traslado”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.
(Izq.) Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias Montañero, junto a Sebastián Murillo, alias Lindolfo. Foto:Archivo particular
Y agregó: “Hoy las comunidades viven mucho mejor en Medellín y está en juego que se vuelva a los tiempos de guerra. No podemos mentir. Los que observamos como organizaciones sociales es un fortalecimiento del tejido social en los territorios. Otro tema muy valioso es que la inserción educativa ha tomado mucha más fuerza. Incluso, sabemos que la Fuerzas pública se ha podido concentrar en otros fenómenos de violencia. Ahora bien, somos conscientes de que ellos cometieron una infracción y fueron en contra de la normatividad penal. Pero, en mi opinión, creemos que había otros mecanismos para hacer frente a la situación, como la cancelación de visitas durante un mes. Lo que está de fondo son los avances de la paz urbana, que puede resultar afectada”.
De acuerdo con estadísticas de la Alcaldía de Medellín, de Federico Gutiérrez, de hecho, febrero pasado fue el mes con el “el registro más bajo de homicidios en los últimos 50 años. Con 11 casos en el mes y 19 días consecutivos sin muertes violentas, la ciudad consolida una tendencia sostenida de reducción que se refleja en un 13 % menos de homicidios frente al mismo periodo del año anterior”, como lo explicaron, en su momento, en un comunicado de prensa. De hecho, el último pico de homicidios se presentó en 2020, y durante 2024 y 2025, la ciudad registró las tasas de homicidio más bajas de las últimas décadas. Asimismo, la ciudad registró, en lo corrido de 2025, una reducción de 56 % en los hurtos a establecimientos comerciales, con respecto al año anterior.
Otra de las aristas de este escándalo tiene que ver con las cámaras de seguridad al interior de la cárcel de Itagüí, las cuales, aunque están instaladas, no funcionan. Según ha explicado el Inpec, desde 2023 se ha solicitado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) la renovación del sistema de cámaras, debido al deterioro progresivo de los equipos. La Uspec es una entidad hermana del Inpec, cuya misionalidad es administrar los recursos del sistema penitenciario. La ausencia de vigilancia a través de cámaras de video tiene en jaque las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, las cuales buscan establecer, en el marco de las competencias penales y disciplinarias, respectivamente, responsabilidades por el ingreso irregular del artista.
EL TIEMPO consultó a la Uspec con respecto a la ausencia del funcionamiento de las cámaras y respondió que, como parte de la tarea de mejoramiento tecnológico del sistema penitenciario, el año pasado la entidad suscribió un contrato para la modernización de las cámaras en cuatro establecimientos de orden nacional, entre los cuales se encuentra el de Itagüí. El contrato se suscribió por alrededor de $2.600 millones y, se supone, a finales de abril estará en funcionamiento en este centro penitenciario. No obstante, la entidad no precisó por qué recién hasta ahora van a instalarse los mecanismos de vigilancia. De otro lado, este diario conoció que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz influyó directamente en las conversaciones sobre la instalación de los dispositivos.
Cárcel de Itagui Foto:Archivo
Por ahora, hay tensión al interior del Inpec y la Policía Nacional por cuenta de la decisión que pueda tomar el Alto Comisionado para la Paz, en cuanto a quienes serán trasladados, como lo ordenó el presidente Petro. Asimismo, las comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá ven con cautela las decisiones gubernamentales, que podrían incidir directamente en el territorio. Entretanto, la Procuraduría tomó el poder preferente para investigar el caso y ya tiene vinculados a más de una decena de guardias. Ahora es el turno de las entidades judiciales para que entreguen respuestas concretas sobre lo sucedido en la cárcel de Itagüí.
Carlos López y Sebastian Cote Lozano
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