La promesa de desactivar la violencia mediante el diálogo terminó chocando contra una realidad más dura en la Sierra Nevada de Santa Marta. Lejos de debilitarse, las estructuras ilegales se consolidaron y ampliaron su presencia en zonas urbanas y rurales del Magdalena, imponiendo una ley paralela que regula desde la economía hasta la vida cotidiana.
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Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia pasaron de ser actores en negociación a convertirse en administradores de facto del territorio. Comerciantes, transportadores y pequeños negocios están obligados a pagar cuotas extorsivas para poder operar, en un sistema que ya muchos describen como un “servicio obligatorio”.
“Es una especie de paraestado que se impuso en la cotidianidad. Son ellos los que exigen, vigilan y controlan. Están reclutando cada vez más jóvenes a la guerra y la violencia está desbordada”, explica Juan Ocaña, analista de orden público.
Según datos de la plataforma PDHAL, basados en Medicina Legal, entre 2022 y abril de 2026 se registraron 4.872 homicidios en Magdalena, Cesar y La Guajira. Solo Magdalena concentra 2.338 casos, convirtiéndose en el departamento más golpeado.
El diagnóstico de la alta consejera para La Paz
Para Jennifer del Toro, alta consejera para la paz y el postconflicto, el problema tiene nombre propio: falta de ejecución, indefinición y una política que nunca aterrizó en resultados concretos.
Comunidades denuncian control territorial, extorsión y miedo permanente en la región.
Foto:Redes sociales
“El tiempo ya no es suficiente para proponer una agenda realista de desmovilización. Se generaron expectativas, pero no se concretaron metas claras para que estas estructuras se sometieran a la justicia”, afirma.
Su análisis va más allá de un simple balance político. Identifica tres fallas estructurales en la implementación de la ‘paz total’ en la Sierra:
Primero, la ausencia de cronogramas y acuerdos claros. “No se definieron los tiempos ni los compromisos concretos para dejar las armas. Tampoco hubo claridad sobre las penas o mecanismos de justicia”, señala.
Segundo, la dilación institucional. “Hubo largos periodos sin pronunciamientos de la Oficina del Comisionado de Paz. Eso generó un vacío que fue aprovechado por los grupos armados”.
Y tercero, el enfoque centrado en beneficios jurídicos. “Lo único concreto fue el reconocimiento de voceros y la suspensión de órdenes de captura y extradición. Pero no hubo mecanismos de verificación ni consecuencias por incumplimientos”.
El resultado, según Del Toro, fue un escenario de simulación. “Se creó una especie de teatro de la paz: parecía que se negociaba, pero en realidad no se redujo la violencia ni se desmantelaron las economías ilegales”.
Beneficios sin control, expansión sin freno
Uno de los puntos más cuestionados ha sido la decisión del gobierno de solicitar la suspensión de órdenes de captura para miembros de estas estructuras. La medida, que buscaba facilitar los diálogos, terminó generando efectos contrarios.
Comerciantes aseguran que pagar extorsión se volvió una condición para trabajar. Foto:Redes sociales
Casos como la captura de alias ‘Cholo’, máximo líder de las ACSN, quien tuvo que ser dejado en libertad por estas disposiciones, evidencian las limitaciones del modelo.
Mientras tanto, las cifras muestran el crecimiento. La Gobernación del Magdalena ha advertido que el Clan del Golfo tuvo una expansión superior al 600% entre 2021 y 2026, consolidando presencia en prácticamente todo el departamento.
Las ACSN, por su parte, superan el millar de hombres en armas y mantienen control en amplias zonas de la Sierra y su área de influencia.
A cambio de las extorsiones, estos grupos ofrecen “servicios de vigilancia” y resolución de conflictos, reemplazando funciones básicas del Estado.
Violencia persistente y control social
El monitoreo realizado por la Alta Consejería para la Paz entre 2024 y 2026 documenta al menos 55 pronunciamientos públicos de las ACSN manifestando su voluntad de acogerse a la ‘paz total’. Sin embargo, en paralelo, se consolidaron patrones sistemáticos de violencia.
Tras el estancamiento de la ‘Paz Total’, los grupos ilegales ampliaron su dominio. Foto:Cortesía
“Hemos documentado extorsión generalizada, despojo de tierras, castigos extrajudiciales, homicidios selectivos y amenazas contra líderes sociales”, advierte la funcionaria del Distrito.
Organismos internacionales como Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA también han registrado estas dinámicas.
Entre la ofensiva militar y la deuda social
A pocos meses del cambio de gobierno, el panorama no es alentador. Para Del Toro, el próximo presidente recibirá un problema agravado y sin una ruta clara de solución.
“El Estado tiene dos caminos: insistir en el sometimiento vía diálogo sociojurídico o recurrir a la ofensiva militar. Pero ninguna de las dos opciones, por sí sola, ha sido suficiente”, sostiene.
La actual intensificación de operaciones militares tampoco garantiza resultados si no va acompañada de políticas sociales.
“Si no se atienden las causas estructurales —como el reclutamiento, la pobreza y la falta de oportunidades— la respuesta será insuficiente. Eso ya lo ha demostrado la historia del conflicto en Colombia”, añade.
El impacto no es solo en seguridad. La alta consejera advierte que la situación condiciona el desarrollo económico de Santa Marta y su proyección turística.
“Este es un problema que afecta la vida de más de 600.000 samarios. Limita su crecimiento, su sostenibilidad y su posibilidad de convertirse en un destino internacional competitivo”.
En ese sentido, la ‘paz total’, bandera del gobierno Petro, termina su ciclo en la Sierra Nevada sin haber logrado su objetivo principal: reducir la violencia y desmantelar las estructuras armadas.
El balance que queda es el de un territorio más controlado por grupos ilegales, con economías criminales fortalecidas y una población que sigue viviendo bajo presión.
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“Lo que queda en el territorio es un problema”, resume Jennifer del Toro. Y ese problema, advierte, será la herencia que tendrá que enfrentar el próximo gobierno.
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