La Sala de Instrucción de la Corte Suprema se reunirá este jueves 23 de abril para decidir si mantiene en la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique y si ratifica la acusación en su contra y contra otros cuatro congresistas —Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Gómez— por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
EL TIEMPO conoció que la defensa de cuatro de estos congresistas impugnó la acusación. En el caso de Manzur, radicaron un recurso de reposición contra la medida de aseguramiento; en el de Manrique, solicitaron la prisión domiciliaria. Ambos, reelegidos para el Congreso el pasado 8 de marzo, permanecen en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra: Manzur en la Escuela de Carabineros de Bogotá y Manrique en una guarnición en Malambo, Atlántico.
Algunos de los argumentos de los recursos replican los planteamientos expuestos por los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda, revelados en primicia por este diario.
En el caso de quienes están en prisión, las defensas alegan un trato diferencial: sostienen que solo a ellos se les envió a la cárcel, pese a que argumentos como la influencia política regional y nacional podrían aplicarse también al resto de procesados.
En el caso de Manzur, por ejemplo, la defensa insiste en que la aplicación del mismo criterio para producir consecuencias jurídicas distintas entre sujetos en idéntica posición dentro del proceso vulnera el principio de igualdad que debe orientar toda decisión que restrinja la libertad de un ciudadano.
Frente a la acusación por cohecho, cuestionan que las negociaciones políticas adelantadas por los congresistas no necesariamente tenían un carácter delictivo, sino que se enmarcan en el rol parlamentario de gestionar proyectos para sus regiones; uno de los argumentos jurídicos usados por los magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria.
Este diario conoció, además, que la ponencia del magistrado Misael Rodríguez propone rechazar todos los recursos y ratificar el llamado a juicio y la detención de los dos congresistas.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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