La reciente solicitud del presidente Gustavo Petro de «revisar» el proceso de paz con la facción de las disidencias de las FARC liderada por alias Calarcá desató una tormenta política en Antioquia.
Los principales mandatarios de la región, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetieron contra lo que consideran una «política de concesiones» que privilegia a criminales sobre la fuerza pública.
Federico Gutiérrez fue contundente al calificar de «irracional» el manejo de la seguridad nacional. Según el alcalde, el Gobierno Nacional ha otorgado beneficios injustificados a Calarcá, sugiriendo que el mandatario podría tener «miedo» de lo que el cabecilla pueda revelar.
El presidente Gustavo Petro; alias Calarcá, y la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Archivo particular
Gutiérrez vinculó directamente a este grupo criminal con la muerte de 13 policías en un reciente ataque a un helicóptero en Amalfi, y criticó duramente que se use este operativo como excusa para atacar la carrera de oficiales de la Policía Nacional.
En sus declaraciones, el alcalde de Medellín denunció una presunta persecución política dentro de la institución policial. Aseguró que la salida del General Triana se debió, según versiones del mismo gobierno, a sus vínculos de trabajo institucional con la administración de Medellín.
«Están destruyendo a la policía con falsas motivaciones y odio político», afirmó Gutiérrez, señalando que mientras se debilita a la fuerza pública, se fortalece a figuras que, como Calarcá, siembran de minas el campo antioqueño y asesinan a soldados.
Alias Calarcá; el funeral de la lideresa Carmelina Yule, y la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:Archivo particular
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó el trato de «señor» que el presidente le otorga a Calarcá. Rendón recordó que este cabecilla es el responsable de la muerte de seis soldados en Valdivia en 2024 y del trágico ataque en Amalfi en 2025, hechos por los cuales el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.
Para el gobernador, la denominada «Paz Total» se ha transformado en un sinónimo de impunidad para estructuras dedicadas al narcotráfico y al reclutamiento de menores.
Finalmente, el mandatario departamental hizo un llamado directo a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que actúe de manera independiente. Rendón instó a la Fiscalía a activar las órdenes de captura contra alias Calarcá sin esperar instrucciones de la Casa de Nariño, argumentando que existe suficiente material probatorio y rastreo de información en las caravanas de la UNP para proceder contra el cabecilla de las disidencias.
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