En medio de la inestabilidad legal de la cartera, el Viceministerio de las Mujeres intenta seguir implementando sus proyectos, mientras las alertas se encienden por la posible desaparición de la entidad en junio de 2026.
El Ministerio de Igualdad y Equidad nació con la promesa de convertirse en la entidad que promovería la justicia social en Colombia, poniendo a las mujeres —más de la mitad de la población— como uno de sus ejes fundamentales de trabajo. Sin embargo, a casi tres años desde su creación, la cartera enfrenta una encrucijada.
Ospina detalla lo que se ha hecho en la agenda de mujeres. Foto:el tiempo.
Mientras los informes de gestión destacan programas y proyectos en marcha para garantizar derechos, las críticas sobre una ejecución lenta y poco visible crecen, sumado a que las cifras de violencia de género no ceden. El Viceministerio ha enfrentado dos recortes presupuestales, y la existencia jurídica de todo el Ministerio pende de un hilo que podría romperse este 20 de junio.
Desde el inicio del actual gobierno, una de sus promesas más concretas hacia las mujeres y sus colectivos era la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a ellas. Sin embargo, lo que finalmente se consolidó fue un gran Ministerio de Igualdad y Equidad —mediante la Ley 2281 de 2023—.
Con un alcance más amplio, agrupó no solo a las mujeres, sino a 14 poblaciones históricamente excluidas —jóvenes, comunidades étnicas, personas LGBTIQ+, habitantes de calle, migrantes, entre otras— bajo cinco viceministerios.
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Para las organizaciones de mujeres, esa transformación generó, desde el primer momento, grandes inquietudes sobre si la agenda de género quedaría diluida frente a tantas otras urgencias sociales. «Nosotras alertamos durante varios momentos la posibilidad de que la agenda de las mujeres tuviera algún tipo de debilitamiento», indica Katerin Jurado, directora de Sisma Mujer —organización feminista con 27 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia—.
La viceministra de las Mujeres, Támara Ospina Posse, defiende el salto histórico que representa: «pasamos de tener una Alta Consejería Presidencial a tener un nivel jerárquico muchísimo mayor. (…) Ahora hay una capacidad mucho más robusta para liderar la política de género a nivel nacional».
A su vez, reconoce la contradicción de cómo se planteó el Ministerio, una cartera pensada originalmente para las mujeres terminó haciendo acueductos y atendiendo el hambre en los territorios más olvidados; lo que inevitablemente compite por recursos y atención con la agenda de género.
La discusión presupuestal
Uno de los debates más concretos en torno al Ministerio tiene que ver con la distribución de su presupuesto. Según el informe de rendición de cuentas 2023-2024, el Ministerio manejó recursos del FonIgualdad, alrededor de los 1,8 billones de pesos.
Presidente Gustavo Petro en evento del Ministerio de la Igualdad. Foto:Ovidio Gonzalez S
De ese total, el Viceministerio de las Mujeres concentró $271.300 millones de pesos —apenas el 15 por ciento del total de la cartera— para atender a una población que es más de la mitad del país. Aun así, este valor ha disminuido casi un 50 por ciento a lo largo de la ejecución de estos años debido a dos recortes de gasto en el Viceministerio, quedando en $140.587 millones de pesos para 2024-2025.
El contraste resulta aún más evidente al comparar este presupuesto con el de otras dependencias. Por ejemplo, al Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza —que financia proyectos como acueductos y el programa Hambre Cero— se le asignó $851.599 millones de pesos, tres veces más el presupuesto total asignado a las mujeres. El Viceministerio de Juventudes, con programas como Jóvenes en Paz, contó con $365.000 millones.
Para Susana Mejía González, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres —articulación de organizaciones feministas con 35 años de trayectoria—, esta distribución refleja un problema estructural de cómo se concibe a las mujeres en la política pública.
«Se sigue pensando que las mujeres somos una población, entonces se nos asigna un pedacito de todo lo que hay que distribuir. No se piensa en las mujeres como una parte fundamental de la sociedad que tiene que estar inmersa en todos esos sectores», señala Mejía.
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La viceministra Ospina reconoce que el presupuesto nunca es suficiente, pero lo sigue defendiendo, teniendo en cuenta que la Alta Consejería Presidencial tenía un presupuesto «veinte veces más pequeño».
Al mismo tiempo, hace énfasis en que el mecanismo de género no puede ser la única entidad responsable de la política para las mujeres, pues todos los ministerios y entidades territoriales deberían tener presupuestos sensibles al género, algo que hoy no ocurre. «Todo el Estado es el que necesita crecer sus presupuestos para las mujeres, especialmente el nivel departamental y territorial. Ahí estamos graves», admite.
¿Qué ha hecho el Viceministerio?
La apuesta más ambiciosa de la entidad en materia de prevención de violencias es el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género, conocido como SALVIA.
El sistema transformó radicalmente la línea de ayuda 155, operada por 12 o 15 agentes de la Policía Nacional que orientaban a las mujeres hacia otras entidades, en una plataforma tecnológica robusta con un equipo de 53 profesionales interdisciplinarios.
Los registros de SALVIA están en una plataforma centralizada, donde se hacen valoraciones de riesgo de feminicidio, se activan rutas de atención personalizada y se hace seguimiento caso a caso.
Además, si la mujer está en riesgo inminente de feminicidio, el sistema moviliza medidas de emergencia en cualquier punto del país si ella lo solicita: traslado seguro, alojamiento en hotel o casa refugio por hasta 15 días, alimentación, vestuario, transporte y —en los meses siguientes— un subsidio de arrendamiento por hasta tres meses y acompañamiento para la estabilización socioeconómica.
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El sistema ha brindado atención a 10.733 mujeres desde noviembre de 2024 a febrero de 2026 con presencia en los 32 departamentos del país. También incorpora un enfoque diferencial para mujeres indígenas, afrodescendientes y personas LGBTIQ+, y en los próximos meses lanzará una aplicación móvil con botón de pánico.
Además de esta estrategia, se suman otros 20 proyectos llevados por las cinco direcciones del Viceministerio. Algunos de ellos están encaminados a la capacitación sobre prevención y eliminación de VBG con mujeres indígenas, fuerza pública y trabajadoras sexuales, casas para la dignidad de las mujeres, programas de autonomía económica con mujeres indígenas y campesinas del Cauca y Nariño, madres cabeza de familia y trabajadoras sexuales.
Proyectos productivos con mujeres de Tumaco, Nariño. Foto:Ministerio de Igualdad.
El Viceministerio estima que se han impactado a 146.781 mujeres que han participado o se han beneficiado de los proyectos. Con todo esto, la ejecución que reportan es del 73% del presupuesto —102.721 millones de pesos—, partiendo de lo quedó del último recorte presupuestal.
Los desafíos: violencias, críticas y amenaza de cierre
Los esfuerzos del Viceministerio se ven opacados ante las cifras de violencia de género que no cesan en los últimos años.
Según el Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de violencia de género e intrafamiliar han crecido de manera sostenida en seis años: los casos de mujeres —que representan alrededor del 75 por ciento del total— aumentaron de 81.183 en 2020 a 130.940 en 2025. Solo entre el 1 de enero y el 7 de abril de 2026, reportaron 25.764 casos.
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En materia de feminicidios, el panorama es igualmente preocupante, aunque las cifras varían significativamente según quién las recoge y cómo.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios —que incluye asesinatos de mujeres, aunque no hayan sido tipificados formalmente como feminicidio— registró 886 casos en 2024 y 365 solo hasta mayo de 2025, año en que dejó de publicar informes por falta de recursos. La Defensoría del Pueblo, basada en datos del sistema judicial, registró 118 feminicidios en todo 2025 y 3 entre enero y febrero de 2026.
La violencia contra mujeres han crecido en 40.000 casos los últimos cinco años. Foto:Getty Images
La desaparición del Observatorio en 2025 es, por sí misma, un síntoma del problema. En un contexto donde el subregistro es tan grande, perder una fuente de monitoreo independiente debilita la capacidad de toda la sociedad de medir si las políticas que se han ido creando están brindando alguna solución.
«Valoramos esta apuesta de abordaje integral, pero con serios rezagos en su implementación, que ha redundado en que las mujeres no cuenten con garantías efectivas«, señala la directora de Sisma Mujer. Además, reconocen los logros, pero seguran que los programas del Viceministerio han tenido rezagos serios en la implementación y que la articulación interinstitucional sigue siendo uno de los obstáculos más difíciles de vencer.
A todo lo anterior se suma la incertidumbre jurídica que atraviesa el Ministerio. En 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 que lo creó, al encontrar un vicio de procedimiento en el análisis de impacto fiscal.
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La Corte otorgó dos años para que en el Congreso se subsanara la irregularidad. Ese plazo vence el 20 de junio de 2026 y el proyecto de ley que busca corregir el problema no ha avanzado con la velocidad necesaria.
Para las organizaciones de mujeres, el problema va más allá de lo jurídico, pues el gobierno tampoco ha socializado un plan de contingencia concreto en caso de que el Ministerio desaparezca. Katerin Jurado pone en claro que “eso sienta un antecedente jurídico que afecta el principio de no regresividad y nos dejaría sin una institucionalidad especializada«.
Ante esto, la viceministra Ospina señala que ya se trabaja en un plan de contingencia con el DNP y el DAPRE para trasladar las estructuras institucionales a otras entidades. Según su explicación, la estructura del Viceministerio debería mantenerse intacta al trasladarse a otro ministerio. «No es bueno poner en riesgo el esfuerzo que se ha hecho y el dinero que se ha invertido», insiste.
Támara Ospina, viceministra de las Mujeres. Foto:Ministerio de Igualdad.
Por otro lado, Susana Mejía señala otro riesgo poco mencionado: el vacío de dos meses entre el posible cierre del Ministerio en junio y la posesión del nuevo gobierno en agosto, un período en el que «absolutamente todo se puede caer». Este hecho generaría un gran retroceso y pone en riesgo los derechos de las mujeres.
Ahora una de las apuestas sociales más ambiciosas en la historia del país está en el limbo. El calendario legislativo y judicial dictará en las próximas semanas si el Ministerio logra consolidarse o si se tendrá que eliminar.
Colombia ha tenido un avance significativo en su agenda de género a pesar de los impedimentos. Hoy tiene muchas más herramientas que nunca para garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, lo que queda en duda es si tendrá también la continuidad institucional para ejecutar lo que falta.
MARÍA ALEJANDRA MESA MUNÉVAR
Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO / No Es Hora De Callar.
mesale@eltiempo.com
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