La posible cercanía entre los medios públicos y el Gobierno; los señalamientos contra periodistas que alimentan la idea de que unos medios actúan como “voceros oficiales” mientras otros responden a «intereses económicos»; y el uso de la publicidad estatal con criterios políticos que podría influir en la cobertura informativa y promover la autocensura, son algunos de los riesgos que describió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su apartado para Colombia.
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La relatoría advierte sobre una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos”. Además, se plantea la incorporación de creadores de contenido o ‘influencers’ en espacios de opinión y análisis «sin garantías de transparencia».
En ese contexto, «la Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo«, se lee en el documento.
Hollman Morris Foto:Hollman Morris
La CIDH también recoge las denuncias sobre declaraciones del director de RTVC, Hollman Morris, que estarían dirigidas a deslegitimar a medios y periodistas que informan sobre la situación interna de la entidad.
Y es que justamente por eso decenas de periodistas presentaron hace unas semanas una carta en la que piden que cesen los ataques contra quienes hablan de las denuncias de violencia de género que responsabilizan presuntamente a Morris, así como de los posibles casos que de acoso laboral dentro de RTVC.
Otro de los puntos que toca la relatoría es la estigmatización a periodistas que lleva a censura de parte de funcionarios públicos. «Principalmente el Presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados”, “de oposición” u “oligárquicos”, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias».
De igual forma, la CIDH advierte de riesgos puntuales para las mujeres periodistas; se señala que siguen siendo objeto de ataques en entornos digitales que comprometen su seguridad e integridad, muchos de ellos con un claro componente de violencia de género. Estas agresiones, se indica, tienen como efecto acallar sus voces y restringir su participación en el debate público.
Las alertas sobre las presiones de grupos armados
El capítulo dedicado a Colombia subraya que el ejercicio periodístico enfrenta riesgos significativos, especialmente en territorios donde hay presencia de grupos armados. En estas zonas, los comunicadores no solo lidian con limitaciones de acceso a la información, sino también con amenazas a su seguridad, lo que impacta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La Relatoría también hizo énfasis en el deterioro del ambiente para el debate público, al advertir que los discursos estigmatizantes pueden aumentar la vulnerabilidad de los periodistas y generar un efecto inhibidor en la cobertura de temas sensibles. Según el organismo, este tipo de señalamientos desde el poder público contribuye a deslegitimar la labor de la prensa y puede derivar en mayores riesgos.
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