El proceso judicial contra los empresarios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano, protagonistas de uno de los capítulos del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), ha dado un vuelco inesperado. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó tumbar las sentencias condenatorias que pesaban sobre los integrantes del Grupo Daabon, regresando el caso a sus etapas iniciales.
La decisión deja sin efecto el fallo de julio de 2025 proferido por la Sala Penal del mismo alto tribunal, que había ratificado la responsabilidad de los hermanos Dávila en el intento de apropiación de recursos estatales destinados originalmente a pequeños campesinos durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
Un retroceso a la fase de negociación
Con este nuevo dictamen, los empresarios samarios, conocidos por liderar uno de los emporios de palma y banano más grandes del Magdalena, vuelven a la primera fase del proceso penal. El objetivo de la Sala Laboral es que se revise minuciosamente el preacuerdo que los Dávila pactaron en su momento con la Fiscalía General de la Nación, una negociación de la cual los procesados intentaron retractarse posteriormente.
El litigio se remonta a años de batallas jurídicas. En 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá los había condenado a dos años de prisión por el delito de peculado por apropiación agravado, en grado de tentativa. Aunque la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó esa sentencia el año pasado, este nuevo recurso extraordinario aceptado por la Sala Laboral resetea el tablero jurídico para los empresarios.
El trasfondo del caso Daabon
El alto tribunal había señalado anteriormente que los hermanos Dávila Abondano diseñaron una estrategia para fraccionar predios y así acceder a múltiples subsidios de riego del programa Agro Ingreso Seguro, dineros que estaban blindados legalmente para favorecer a productores de escasos recursos y no a grandes conglomerados agroindustriales.
Por ahora, la justicia deberá reevaluar si el preacuerdo inicial cumplió con todos los requisitos de ley o si, como pretenden los empresarios, existen causales suficientes para invalidar lo actuado y permitirles defenderse nuevamente desde cero frente a las acusaciones de la justicia colombiana.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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