El retorno forzoso de migrantes a Venezuela desde Estados Unidos no solo sería inviable a corto plazo, sino que también podría agravar la fragilidad institucional y social del país en un momento de profunda incertidumbre política.
Esa es una de las conclusiones centrales de un reciente informe del Instituto para la Política Migratoria (MPI por su sigla en inglés), elaborado por el analista Diego Chávez que examina los escenarios que se abren tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero y sus implicaciones para los casi ocho millones de venezolanos que han abandonado el país en la última década.
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“A un mes del giro inesperado, –dice el MPI– el panorama en Venezuela sigue siendo muy incierto con un futuro que podría oscilar entre una mayor inestabilidad, un prolongado estancamiento o una transición negociada. O una combinación de los tres”.
Captura de Nicolás Maduro Foto:Archivo particular
Pero, en cualquiera de esos escenarios, advierte el MPI, las condiciones no están dadas para un retorno masivo e inmediato de venezolanos a su país, como pretende EE. UU.
Y es que el éxodo venezolano constituye la mayor crisis de desplazamiento en la historia reciente del hemisferio occidental. De los cerca de ocho millones de venezolanos que viven fuera de su país, casi tres millones residen en Colombia, el principal país receptor. Perú alberga alrededor de 1,5 millones, mientras que Brasil y Chile cuentan cada uno con cerca de medio millón, y Ecuador con unos 450.000.
EE. UU., con casi un millón de venezolanos, y España, con más de 600.000, también figuran entre los principales destinos.
Si quienes regresan encuentran un entorno sin oportunidades ni garantías mínimas de seguridad, el resultado podría ser un ciclo de remigración que afecte a toda la región
En ese contexto, la idea de acelerar retornos ya sea por vía de deportaciones o mediante “corredores humanitarios” en coordinación con algunos gobiernos de la región, resulta problemática.
El informe recuerda que más del 91 por ciento de la población en Venezuela vive bajo la línea de pobreza, con el acceso a vivienda, empleo formal, educación y salud severamente restringido, y con denuncias todavía persistentes de represión política.
Ciudadanos venezolanos celebran la captura de Nicolás Maduro en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Foto:Oriana Hannat, CityTv
Forzar o precipitar retornos masivos, sostiene el MPI, podría sobrecargar instituciones ya debilitadas, profundizar tensiones socioeconómicas y, paradójicamente, incentivar nuevos movimientos migratorios irregulares en lugar de reducirlos.
El énfasis reciente del gobierno de EE. UU. en la aplicación estricta de la ley migratoria y en las deportaciones introduce un elemento adicional de incertidumbre.
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Según el análisis, existe una tensión evidente entre los esfuerzos por estabilizar Venezuela y las políticas que podrían acelerar los retornos en el corto plazo.
“Si quienes regresan encuentran un entorno sin oportunidades ni garantías mínimas de seguridad, el resultado podría ser un ciclo de remigración que afecte a toda la región”, dice el reporte.
Familiares de presos políticos participan en una protesta frente al Palacio de Justicia, en Caracas. Foto:EFE
Las complejidades de un retorno rápido y masivo de migrantes a Venezuela
El MPI advierte, además, que incluso en el escenario más favorable, como el de una transición democrática negociada, el retorno sería gradual, selectivo y condicionado a mejoras tangibles en el empleo, los servicios públicos y la seguridad, más que a cambios políticos formales.
Muchos venezolanos en el exterior han echado raíces tras casi una década fuera, formando familias, con hijos nacidos o crecidos en los países de acogida y han construido redes laborales y sociales.
Las condiciones no están dadas para un retorno masivo e inmediato de venezolanos a su país, como pretende EE. UU.
Para una parte creciente de esta diáspora, afirma MPI, el posible retorno no es ni inmediato ni inevitable, ya que en algunos casos podrían adoptar una forma de vida circular, con idas y venidas entre dos países.
De allí que el informe insista en que las políticas basadas en la expectativa de un retorno rápido y masivo subestiman la complejidad de las decisiones individuales.
Deportados venezolanos Foto:Redes Sociales
Los migrantes no reaccionan automáticamente ante señales políticas: evalúan riesgos, oportunidades, la situación legal y el bienestar familiar antes de decidir si regresar, permanecer o migrar a otro destino.
Las 3 prioridades claves de la política migratoria de EE. UU.
Frente a este panorama, el MPI plantea tres prioridades de política pública.
- La primera es sostener y adaptar los mecanismos de regularización e integración en los países receptores, en lugar de desmantelarlos abruptamente. En Estados Unidos, por ejemplo, la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en 2025 enfrenta impugnaciones judiciales y, según el informe, su eventual restablecimiento podría evitar retornos desordenados que desestabilicen tanto a Venezuela como a los países vecinos.
En Suramérica, mantener los programas de regularización que han facilitado la inserción laboral y el acceso a servicios básicos ayudaría a prevenir la irregularidad y los movimientos secundarios.
El caso de Colombia ofrece, según el MPI, una alternativa interesante. El gobierno colombiano emitió cerca de 330.000 permisos de regularización que nunca fueron entregados físicamente, en muchos casos porque los beneficiarios continuaron su ruta migratoria hacia otros países, incluido EE. UU.
Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, en Caracas Foto:AFP
Con una cooperación bilateral, las autoridades podrían identificar a quienes iniciaron ese proceso y deseen retomarlo, facilitando su traslado a Colombia como una solución intermedia más segura que el retorno a Venezuela. Una lógica similar podría explorarse en otros países de la región.
- La segunda prioridad es reforzar la coordinación regional. Plataformas como el Proceso de Quito, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones o los mecanismos derivados de la Declaración de Cartagena ofrecen espacios para construir consensos y secuenciar políticas de manera que reduzcan la volatilidad.
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El desafío, señala el informe, no es escoger entre integración local o retorno, sino ordenar las medidas en el tiempo, gobernando la movilidad mientras evolucionan las condiciones en Venezuela.
- La tercera es asegurar un financiamiento predecible para los esfuerzos de estabilización. Buena parte de los programas de regularización e integración en Suramérica fue apoyada durante la primera administración de Trump con recursos canalizados a través de la asistencia bilateral y de organismos multilaterales.
La reciente reducción de la ayuda exterior estadounidense ha afectado a varios de esos programas. No obstante, la región cuenta hoy con estructuras de cooperación más robustas, bancos multilaterales dispuestos a ampliar su financiamiento y un sector privado más involucrado.
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Lo que falta, concluye el MPI, es una alineación renovada entre objetivos políticos y recursos, entendiendo la gestión migratoria como una inversión preventiva y no solo como una reacción ante crisis.
Pero, sobre todo, reconociendo que la integración, la circularidad y el retorno diferido marcarán la migración venezolana durante años y de un buen manejo de ella depende la estabilidad hemisférica.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington – @sergom68
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