La Defensoría del Pueblo respaldó la decisión de la Alcaldía de Bogotá de objetar por inconstitucional e ilegal el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, que pretendía imponer «requisitos» (barreras) como un examen psicológico para acceder al aborto.
La entidad señaló que la decisión del Distrito es coherente con las advertencias que había enviado desde el pasado 6 de febrero a la Secretaría Jurídica Distrital, en las que identificó “riesgos constitucionales graves” en varias disposiciones del proyecto.
Portada de EL TIEMPO tras el histórico fallo sobre el aborto en 2022. Foto:EL TIEMPO
Según la Defensoría, aunque la iniciativa estaba presentada bajo un lenguaje de cuidado y acompañamiento, en la práctica introducía barreras —directas e indirectas— para el ejercicio del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que fue despenalizado por la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2022.
Por la Sentencia C-055, señaló la entidad, la imposición de requisitos como un examen psicológico iba en contravía de la jurisprudencia y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La entidad también alertó que el proyecto podía institucionalizar mecanismos de disuasión, vigilancia y estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar.
A su juicio, esto podría configurar una forma de violencia institucional incompatible con los principios de dignidad humana, autonomía y no regresividad en derechos humanos.
Además, advirtió que el texto era incompatible con el Acuerdo Distrital 879 de 2023, que reconoce la IVE como un servicio esencial de salud y reafirma la obligación del Distrito de eliminar barreras de acceso.
La Defensoría destacó que estas preocupaciones fueron planteadas oportunamente por organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista, cuyo seguimiento al trámite del proyecto resultó clave para visibilizar los riesgos que implicaba para la garantía de derechos.
Entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO Foto:
Finalmente, reiteró su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos y su disposición de brindar acompañamiento técnico y jurídico para que las políticas públicas del Distrito sean plenamente compatibles con la Constitución y los estándares internacionales, especialmente en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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