El ‘clan del Golfo’, hoy reconocido por el Estado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), atraviesa el momento de mayor expansión territorial y acumulación de capacidades desde su conformación. Con presencia en 296 municipios, una estructura cercana a los 10.000 integrantes y una red de economías ilegales diversificada, el grupo llega a la mesa instalada en Doha, Catar, en medio de tensiones jurídicas, presión militar y un calendario electoral en curso.
Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) reconstruye su arquitectura interna, detalla los acuerdos alcanzados en dos ciclos de conversaciones y analiza los factores que condicionan el rumbo de esta negociación en el marco de la ‘paz total’.
El documento titulado ‘Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última ventana de la Paz Total?’, examina la estructura, expansión territorial y lógica económica del grupo y sostiene que el grupo armado “se ha consolidado como el grupo armado ilegal más grande de Colombia”.
Alias Chiquito Malo. Foto:Cortesía
Según registros de la Fuerza Pública citados en el documento, concentra cerca del 36 % del total de integrantes de estructuras armadas organizadas, con un estimado de 9.840 miembros, de los cuales 3.328 están en armas y 6.512 integran redes de apoyo.
El crecimiento ha sido sostenido desde el año 2020 y, entre 2022 y 2025, el grupo duplicó su número de integrantes. En materia territorial, pasó de tener influencia en 145 municipios en 13 departamentos en 2022 a 296 en 17 departamentos en 2025, lo que representa un incremento del 104 %.
La presencia no es homogénea. En algunos territorios ejerce control hegemónico; en otros mantiene disputas activas, entre ellas en la Sierra Nevada de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; en el sur de Bolívar y el norte y nordeste antioqueño contra el Eln y el las disidencias de ‘Calarcá’; y en San Juan y Bajo Calima, también frente de los ‘elenos’.
El informe describe una organización articulada en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras. Esa arquitectura permite concentrar las decisiones estratégicas en la cúpula y mantener flexibilidad operativa en los territorios.
Clan del Golfo tiene presencia en más de 200 municipios de Colombia. Foto:Roger Urieles
Rentas y control social
Más allá del componente armado, la FIP afirma que el ‘Clan’ funciona “en la práctica, como una empresa o holding criminal enfocada en generar rentas”. Además del narcotráfico, diversificó sus ingresos hacia la minería ilegal —identificada como su segunda fuente—, la extorsión, el control del microtráfico, la prostitución, el contrabando y el cobro de “vacunas” a cadenas productivas y comerciantes.
“Este fortalecimiento responde, en gran medida, a su organización interna, a su capacidad de adaptación a las políticas de seguridad y a contextos locales diversos, a la diversificación de sus fuentes de financiamiento y a la consolidación de un aparato económico robusto que sostiene su accionar armado. Se estima que mensualmente, la organización debe cubrir nóminas que suman cerca de 1,5 millones de dólares, unos 5.500 millones de pesos”, señala el informe.
Hasta comienzos de 2025, el tráfico de migrantes también representaba un ingreso clave. Sin embargo, las medidas adoptadas por Estados Unidos redujeron en 98 % el flujo por el Darién, lo que impactó directamente esa fuente de financiación.
En 2025, de acuerdo con la Base de Acciones del Conflicto de la FIP, el 76 % de los hechos atribuidos al grupo se concentraron en afectaciones a la población civil (38,6 %) y enfrentamientos con otras estructuras armadas (37,6 %). En contraste, se registraron 38 acciones contra la Fuerza Pública y dos contra infraestructura.
El control territorial se apoya en una red local remunerada de “puntos” o “campaneros”, civiles que reportan movimientos de autoridades y vigilan el comportamiento de la población. Esa dinámica permite influir en la vida cotidiana sin mantener presencia armada permanente.
Catar anuncia que albergó la primera ronda de mediación entre el Gobierno y el ‘clan del Golfo’. Foto:Cortesía
Del anuncio a Doha
El proceso formal se anunció en julio de 2024, cuando el Gobierno decidió instalar una mesa de diálogo sociojurídico y solicitó a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura contra integrantes del Estado Mayor Conjunto. El inicio se produjo sin cese al fuego bilateral y tras reuniones confidenciales previas.
Las tensiones no tardaron en aparecer. Operativos contra mandos del grupo, cuestionamientos jurídicos sobre la suspensión de órdenes de captura y dudas internas dentro del EGC retrasaron la instalación formal. México fue explorado como posible sede, pero declinó. En junio de 2025 emergió Catar como anfitrión.
La primera cita en Doha se realizó entre el 10 y el 18 de septiembre de 2025; la segunda, entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre del mismo año.
Grupos armados. Foto:Cortesía
Lo acordado en los dos ciclos
El proceso se denomina oficialmente “Proceso para la desmovilización del Ejército Gaitanista de Colombia y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”. En el primer ciclo se seleccionaron cinco municipios —Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía— para implementar acciones piloto.
Entre los compromisos acordados figuran la implementación de un programa piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, la discusión sobre migración irregular, el abordaje de problemas ambientales y la presencia del Estado. El Clan se comprometió a censar a niños y niñas dentro de la organización para ponerlos a disposición del ICBF, a no interferir en el proceso electoral y a respetar las labores de desminado humanitario.
En el segundo ciclo se pactó establecer tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba. La llegada gradual de integrantes se fijó a partir del 1 de marzo de 2026. Además, el piloto territorial se amplió a diez municipios adicionales, para un total de quince.
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Las razones para negociar
El informe plantea que el EGC se encuentra “en el máximo de sus capacidades” y adelanta una campaña de expansión. Sin embargo, identifica factores que explican su disposición a dialogar.
Entre ellos menciona los costos de sostener la organización más grande del país, la presión permanente sobre la cúpula, el desgaste derivado de la clandestinidad, la expectativa de conservar parte de las ganancias acumuladas y el reconocimiento de su autodenominación como Ejército Gaitanista de Colombia.
La FIP advierte que el proceso enfrenta retos jurídicos relacionados con las Zonas de Ubicación Temporal y la suspensión de órdenes de captura, así como desafíos políticos derivados del contexto electoral y de los compromisos internacionales del Estado colombiano. También señala que la reconfiguración interna del Estado Mayor Conjunto puede incidir en el rumbo de la negociación.
Redacción Justicia
Justicia@eltiempo.com
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