Tal y como se lo pidió el Consejo de Estado, el gobierno de Gustavo Petro expidió un nuevo decreto para fijar de manera transitoria el aumento del salario mínimo de este año, mientras que el alto tribunal decide qué pasará con el incremento del 23 por ciento decretado a finales del 2025.
La cuestión es que el nuevo decreto establece el mismo aumento del 23 por ciento que determina un salario de 1’750.905 pesos para este 2026, más el auxilio de transporte, por lo que se mantiene el pulso jurídico e, incluso, hay quienes dicen que el Gobierno podría haber desacatado la orden del Consejo.
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Y es que el alto tribunal suspendió de manera provisional el alza y le pidió al Ejecutivo que expida un decreto que realmente tenga en cuenta los parámetros establecidos por ley para realizar este aumento, tales como la inflación, la productividad o el crecimiento, los cuales no estaban explicados en el documento anterior y, por tanto, no se sabía cómo el Gobierno había determinado la cifra del 23 por ciento, la mayor desde que se tienen registros.
El nuevo decreto, el cual el presidente firmó en la plaza de Bolívar de Bogotá este jueves tras las marchas y manifestaciones de apoyo al Gobierno, sí explica de manera detallada de dónde sacaron ese número. Sin embargo, queda en evidencia que si solo hubieran tenido en cuenta los parámetros técnicos, el aumento habría sido del 13,6 por ciento y no del 23 %.
Esto porque el propio Gobierno dice que el restante 9,4 por ciento lo sacó de la brecha que existe para que el país pueda tener el denominado ‘salario vital’, término que fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e indica que una canasta para un hogar de cuatro personas cuesta $ 2’982.589 al mes.
“Es probable que el Consejo de Estado considere que la actuación del Gobierno es una reproducción del decreto anterior y, por lo tanto, un incumplimiento del auto por medio del cual lo suspendió. Podría considerarse como un desacato e imponer sanciones económicas, multas, incluso pudiendo compulsarse copias para que se investigue el incumplimiento desde una perspectiva disciplinaria”, manifestó Mauricio Montealegre, socio de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, quien también dijo que sería probable que el alto tribunal asuma el rol de fijador del mínimo si considera que el Ejecutivo incumplió la medida.
Presidente Gustavo Petro en las marchas por el salario mínimo. Foto:NÉSTOR GÓMEZ – EL TIEMPO
¿Y los trabajadores?
A los más de 2,4 millones de trabajadores que ganan el mínimo en Colombia se les debe seguir pagando, como hasta ahora, ese mismo aumento del 23 por ciento hasta que el Consejo de Estado tome una decisión.
Si bien este aumento fue apoyado por algunos empresarios como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), quien dijo días atrás que el empresariado debería hacer un esfuerzo para mantener el alza del 23 por ciento, otros como Jaime Alberto Cabal, aseguraron que ese nivel solo perjudicaría a la economía.
“Nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos, los más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo de esa cifra y los trabajadores por cuenta propia que tampoco se verán beneficiados”, sentenció.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, tras reunión sobre el salario mínimo. Foto:Daniel Fernando López. El Tiempo
Y es que en las últimas semanas se han publicado diferentes estudios con proyecciones preocupantes. Por ejemplo, un informe del centro de pensamiento Fedesarrollo estimaba que se podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales frente a un escenario en el que el crecimiento se hubiera limitado al reconocimiento de la inflación y la productividad.
Otro documento del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calculó que se podrían perder hasta 734.000 trabajos debido a los mayores costos laborales de las empresas y a un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés. En ese caso, los sectores más afectados serían los de actividades profesionales, el comercio y la construcción.
El equipo técnico del Banco de la República consideró que el aumento del 23 por ciento se traduciría en incrementos en la inflación cercanos a 200 puntos básicos en términos anuales, lo que llevaría a subir las tasas de interés, como ya ocurrió en la reunión de enero. En total, el Emisor proyecta que la inflación cerraría el 2026 en 6,3 por ciento y el 2027 en 3,7 por ciento.
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